Pasó una nueva festividad del patrono del trabajo y la situación es preocupante: aumenta la pobreza y la indigencia, crece el desempleo y suben las deudas de las familias. Encima de todo, la Nación y la Ciudad no muestran diferencias a la hora de reprimir a manifestaciones pacíficas.
Por Fernando Casasco
Los datos de la realidad social son cada vez más acuciantes. Ese primer fenómeno que sugirió la llegada de Javier Milei al poder y su lucha contra la inflación se fue diluyendo con el tiempo y mostrando su peor cara: el ajuste sin fin deriva en aumento de la pobreza, menos empleo y mayor represión en las calles. En esa tarea, al menos, el Presidente cuenta como aliado al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
Primero los datos. Pese a la efusividad con la que el jefe de Estado se ufanaba de la cantidad de “argentinos que sacamos de la pobreza”, gracias a la suba menos sostenida de los precios frente a los salarios y al aumento en los planes sociales, los números de distintos estudios ya comenzaron a mostrar los grises. Según el estudio de la Universidad Católica Argentina, la pobreza afectó al 30 por ciento de la población en el primer trimestre de 2026, más de 3 puntos porcentuales que lo registrado en el piso de la curva, allá por el tercer trimestre del año pasado. La indigencia (6,5%) también repuntó respecto a los dos trimestres anteriores. Ambas mediciones muestran ya dos trimestres consecutivos de aumento, aún lejos de las peores variables exhibidas en el último año del gobierno de Alberto Fernández y las catastróficas, superiores al 50%, tras la mega devaluación de diciembre de 2023.
Con una inflación que dejó de ceder y se mantuvo en niveles de entre el 2 y el 3 por ciento en los últimos meses, los salarios registrados perdieron contra el aumento generalizado de precios en ocho de los últimos nueve meses. Otros datos que niegan la euforia oficial acerca de la caída de la pobreza son la pérdida de empresas (28 mil menos) y de empleos registrados (destrucción de 340 mil) en los más de dos años y medio de la gestión Milei.
El empleo, también registra datos poco alentadores en los últimos meses. En el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación fue del 7,8%, apenas 0,1% inferior al mismo periodo del año anterior, pero uno de los registros más altos desde la salida de la pandemia, a fin de 2021.
En línea con los datos nacionales, la desocupación en la ciudad de Buenos Aires se ubicó en 7,9%, el nivel más alto desde mediados de 2022, con un mayor peso entre las mujeres (8,7%) y entre los habitantes de la zona sur, donde afecta a más del 10% de los encuestados.
La marca de la época es la de la informalidad laboral, reforzada por la economía de plataformas y la necesidad de muchos trabajadores formales de sumar ingresos a sus mermados salarios.
En los últimos dos años la tasa de informalidad pasó del 40,8% al 44,2%. En la ciudad de Buenos Aires, el 27,3% de los asalariados declara no haber tenido descuentos previsionales; los trabajadores no registrados aumentaron en el primer trimestre un 3,2% frente al mismo periodo del año anterior.
En mayo de 2026, los salarios registrados cayeron 3,4% real. Desde noviembre de 2023, los salarios muestran una caída real del 8,7%, que llega al 17,7% entre los trabajadores del sector público (a los que el Presidente afirmó que seguirá ajustando).
La caída de los ingresos familiares y la informalidad laboral generan mayor deuda, muchas veces para pagar alimentos, ropa o servicios, con un incremento de morosidad a la hora de afrontar los vencimientos.
Actualmente son alrededor de 20,4 millones de argentinos los que tienen algún tipo de deuda, por un total de 97 billones de pesos; de ese total, 5,3 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días. En tanto, la morosidad de los créditos no bancarios – los que toman los trabajadores en negro o de menos recursos – supera el 30%.
Frente a esta situación acuciante, el gobierno nacional dice que todo debe ser resuelto por los privados. Y avanza a trompicones en su agenda liberalizadora y de desregulación de todas las actividades que puedan llegar a atraer a grandes capitales.
En ese sentido, se dio en el Senado de la Nación el demorado tratamiento de la pomposamente llamada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuestión que no debería ser objeto de debate ya que está consagrada por la Constitución Nacional. Lo que realmente intentaba esconder el título era un Frankenstein legal – cuya autoría pertenece al inefable Federico Sturzenegger -, compuesto de varios capítulos inconexos unos con otros, que intentaban dar más libertad a grandes capitales para hacer negocios, mientras ata las manos al sector público.
El punto que hizo encender la mecha fue la reforma a la ley de tierras de 2011, la cual ponía un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. El proyecto intentaba derogar ese límite, aunque mantenía la prohibición para estados extranjeros.
Terminado el Mundial de fútbol, tras la euforia que generó el triunfo ante Inglaterra y la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, fue creciendo el ruido contrario a esta reforma: la consigna en redes sociales recordaba que la tierra también es argentina y se prendió la mecha de una indignación que llegó a generar el pronunciamiento de futbolistas, estrellas pop e influencers.
Ante el impacto que se generó en la sociedad y la caída de algunos aliados, el gobierno intentó recular: se habló de pasar del límite actual de 15% al 25% de tierras en manos extranjeras. Pero finalmente terminó cediendo ante la movilización que se preveía masiva y quitó ese capítulo del proyecto..
A la hora de la votación final, por lo ajustado de los números, también debió tachar el capítulo dedicado a la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente establece restricciones de entre 30 y 60 años para modificar el uso de las tierras afectadas por incendios, según el tipo de superficie.
Sí se aprobaron las reglamentaciones más estrictas a las expropiaciones y los desalojos exprés de propiedades intrusadas u ocupadas, las cuales ahora deberán ser tratadas por Diputados.
Pero mientras esto ocurría en el interior del Senado, en la calle no había paz. La lógica represiva coordinada por el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires se volvió a manifestar con toda su ferocidad contra la multitud que protestaba contra la sanción de la norma, pese al mal tiempo.
Las imágenes de los canales de TV y de los reporteros gráficos mostraron el pandemónium en que se convirtió el centro de la Ciudad de Buenos Aires por un operativo que por momentos se convirtió en cacería. Camiones hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma fueron utilizados por las fuerzas “del orden”, que incluyeron otra vez personal de civil, para reprimir mucho más allá de los límites que marcaba la concentración: los policías avanzaron por Avenida Corrientes y 9 de Julio, disparando entre transeúntes que pasaban por ahí y colectivos repletos de pasajeros. El saldo, según las estimaciones de organismos de derechos humanos, fue de 1500 heridos – entre ellos una fotoperiodista con fractura de cráneo – y 29 detenidos.
Tanto el gobierno nacional como el porteño se vanagloriaron de lo actuado y cargaron contra los manifestantes. “Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, afirmó Jorge Macri en declaraciones periodísticas y destacó la “plena coordinación” entre ambas administraciones.
La policía porteña ya había “despuntado el vicio” al reprimir el mes pasado a hinchas de la Selección que festejaban en el Obelisco los triunfos de la Scaloneta: los derechos de reunión y de expresión están siendo pisoteados en la ciudad.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, fue un paso más allá y presentó una denuncia penal acusando a los manifestantes de “actos violentos y antidemocráticos”, por parte de “manifestantes que arrojaron piedras, escombros y objetos contundentes contra los efectivos”.
Con un argumento calcado al de otras manifestaciones violentamente reprimidas, el gobierno nacional pide que se investiguen los delitos de atentado al orden constitucional, invoca supuestos actos de terrorismo, daños y atentado y resistencia a la autoridad.
Todo esto ocurrió la misma semana en que en la Argentina se celebra San Cayetano, el patrono al que millones veneran y ruegan reiteradamente por “Paz, pan y trabajo”. En su homilía ante el santuario de Liniers, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva pidió especialmente que “se multiplique el diálogo, se multiplique la búsqueda de consensos, se multipliquen las oportunidades laborales para los jóvenes, se multiplique el bien común y la justicia social”.
Las recientes escenas no dan demasiado espacio a la esperanza.
