Pretender la venta indiscriminada de tierras a extranjeros y, por otro lado, reformar la ley migratoria y abrir la puerta a deportaciones arbitrarias: ¿cómo el gobierno concibe a los migrantes?
Por Stanley Luna
El Gobierno Nacional que buscó en el Senado la aprobación del apartado de La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que permitiría que los extranjeros compraran indiscriminadamente tierras argentinas, reformó la Ley de Migraciones para condicionar la estadía de los extranjeros en Argentina.
El 30 de julio, el presidente Javier Milei publicó el DNU 681 con el que prohíbe a los extranjeros promover mensajes de odio que inciten a la violencia o que ultrajen símbolos patrios, de lo contrario perderán la residencia o no podrán ingresar al país.
El decreto se suma a la reforma migratoria implementada en mayo de 2025 por Milei con el DNU 366 para restringir la residencia permanente de extranjeros en Argentina. En procesos en los que antes bastaba con demostrar los años radicados dentro del territorio para acceder a una residencia permanente, ahora, en medio de la crisis económica, hay migrantes que deben demostrar ingresos que el gobierno considere suficientes para permitirles su residencia permanente; y ya no pueden acceder fácilmente a la residencia o la nacionalidad aquellos que acrediten sus vínculos legales con personas de nacionalidad argentina, fuesen éstos parejas o hijos.
Luego de la reforma de mayo pasado, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal han montado operativos en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para retener a migrantes y reportar su situación migratoria. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, publicó el 16 de junio que 14 mil extranjeros fueron expulsados de Argentina en los últimos seis años por tener antecedentes penales, “impedimentos legales” o intentar ingresar a Argentina “incumpliendo normas”.
Contrariamente, el mismo gobierno que endureció la política migratoria es el mismo que, pretendió hasta último momento aprobar un capítulo de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que permitía que los extranjeros compraran más del 15 % de tierra permitido en los municipios y en las provincias según la legislación actual.
De hecho, previo a la discusión, la senadora y antecesora de Oliva en Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “un extranjero que vive en Argentina tiene los mismos derechos y las responsabilidades que tiene un nacional”, entre ellos: comprar tierras, departamento o trabajar.
Durante el gobierno libertario, las organizaciones sociales han criticado que la migración en Argentina se tornó a una perspectiva más securitista que enfocada en los derechos humanos.
Ejemplo de ello es que la Dirección Nacional de Migraciones pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad; y que, una vez disuelto el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la cartera de Seguridad lo sustituyó dentro de la Comisión Nacional para los Refugiados.
Arbitrariedades
Aunque el DNU 681 exceptúa sanciones en los casos que se “trata de expresiones por disenso ideológico, crítica política, académica o ciudadana”, ha sido criticado desde diferentes sectores por su ambigüedad, pero esta ambigüedad es la que permitiría la arbitrariedad.
“El decreto se basa y utiliza conceptos que no define, esa falta de definición y especificación del alcance de cada uno de estos términos, en principio, lo que hace es abrir la puerta a arbitrariedad estatal. Al no estar claro qué se entiende por ‘discurso de odio’ u ‘opinión política’ y demás, la aplicación del decreto queda sujeta a la decisión de cada funcionario que intervenga y eso como mínimo es arbitrario”, advierte Lucía Galoppo, abogada del Equipo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Otros baches de este decreto, agrega Galoppo, es que pone en riesgo la libertad de expresión y abre la puerta a un “margen grande de vigilancia” que el gobierno puede implementar no solo contra los migrantes, sino contra cualquier ciudadano, como el espionaje o el patrullaje en redes.
Tras el Mundial, Argentina recibió una ola de críticas por las ofensas racistas que algunos miembros de la hinchada profirieron contra personas de origen afrodescendiente desde los palcos o porque en la selección de fútbol no hay ningún afrodescendiente, lo cual abrió el debate en las redes de si la sociedad es racista o no, pero también sirvió al Gobierno Nacional como una excusa para nuevamente endurecer su política migratoria.
La reforma migratoria también ocurre días después de que la selección argentina exhibiera una sábana con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, luego de la victoria contra Inglaterra, y que dicha acción desatara el malestar del gobierno libertario.
“Parece más un tono de sobreactuación de lo que pasa en las redes sociales que el de una política pública, pero lo cierto es que la ley se modificó”, apunta Galoppo, quien también se refiere al aumento de los requisitos que el gobierno ha impuesto a los migrantes para obtener residencia en Argentina.
Según la abogada, a falta de un criterio unificado, cada uno de los migrantes tienen que realizar trámites diferentes y por lo tanto el otorgamiento de su residencia queda en manos de la persona que dentro de la Dirección Nacional de Migraciones les atiende.
A algunos, por ejemplo, les piden recibos de sueldo correspondientes a uno o dos salarios mínimos vitales y móviles; a otros les exigen acreditar ingresos económicos formales arriba de un millón de pesos y a veces no toman como válidos los pagos del monotributo en la categoría más baja; otras, como las empleadas domésticas, pueden contar con la solvencia económica, pero no la pueden acreditar formalmente.
“El discurso antiinmigrante viene siendo una bandera de los gobiernos de ultraderecha, pero no solo es discursivo, sino que hay acciones que hacen efectivos esos discursos o esas políticas, como el ICE en Estados Unidos; pero también lo que pasó en Ceuta, en España, con la liberación de las fronteras para que pasaran migrantes marroquíes. Es parte de crear un escenario de caldo de cultivo para que este discurso tenga una base material”, señala Salvador Palencia, migrante y militante de Patria Grande.
Para Palencia, es la primera vez que Argentina endurece su política migratoria y que con sus medidas el gobierno somete a los migrantes a afectaciones psicosociales, ya que se sienten inseguros en la vía pública pensando que por alguna actitud puede ser penalizado o deportado de Argentina.
El Gobierno Nacional incluso ha promovido en sus redes oficiales los llamados a la línea 134 para que particulares denuncien a migrantes en situación irregular o que hayan cometido algún delito.
De acuerdo con el activista político, en Patria Grande han conocido casos de extranjeros con antecedentes penales, que ya cumplieron sus condenas, a los cuales no se les permite regularizarse o renovar su documentación. La reforma migratoria del año pasado indica que no serán expulsados aquellos migrantes con penas por delitos leves o excarcelables.
“Ni el macrismo se atrevió a tanto. Eso siempre sirve, en un primer momento, para tapar alguna cuestión, en este caso fue la Ley de la Inviolabilidad a la Propiedad Privada”, concluye Palencia.
