El alcalde espera, antes de las elecciones generales, obtener buenas noticias desde los tribunales federales. La Cámara Federal debe definir, de un momento a otro, si decide desvincularlo de la causa donde se lo acusa de integrar una asociación ilícita para realizar escuchas ilegales. Si no lo hace, llegará a las elecciones con un procesamiento a cuestas. En paralelo, definiciones en torno a la represión en el Borda y una apelación por la decisión que lo excluyó de responsabilidad por los abusos contra indigentes de la ex UCEP.
Por Gabriel Morini
¨El líder del PRO, Mauricio Macri, enfrenta horas cruciales que pueden definir que uno de los frentes que más le preocupan – el judicial – le permita cierta tranquilidad en su carrera por la presidencia con los ojos puestos en las elecciones generales de octubre.
Tres causas han sido motivo de desvelo para sus asesores y para el alcalde que no ha logrado tener una definición por parte de los tribunales que lo alivie y lo fortalezca electoralmente.
La causa por las escuchas ilegales por la que se encuentra procesado, con decisión confirmada por la Cámara Federal, lo pone en el mismo status jurídico que el criticado vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone. Macri solo aguarda que una maniobra suya prospere ante ese tribunal y lo salve antes de las primarias de agosto.
El sobreseimiento en el expediente por los desalojos violentos cometidos por la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) le dio un poco de aire, mientras observa la decisión que pretende involucrarlo penalmente por la represión en los Talleres protegidos del Hospital Borda.
Aunque el discurso público del macrismo exalta valores republicanos, de división de poderes, de transparencia y de gestión sin interferencia sobre otros poderes, en el frente judicial, acumula los mismos inconvenientes – o incluso más – que el propio gobierno nacional, al que aspira a suceder.
En el medio también han impactado en el PRO algunas denuncias colaterales, que no involucran directamente a la cabeza del partido, pero que han hecho mella en algunos funcionarios de su entorno.
Sospechan, incluso, que algunas están fogoneadas desde sectores internos, que con el despegue del frente a nivel nacional y su posibilidad de competir por una lugar en la Casa Rosada, empiezan a dirimir internas a través de expedientes judiciales. Lo que bajo otra lógica, más cercana a operadores de inteligencia se conoce como “carpetazos”.
Todo lo referido a talleres clandestinos, trata de personas, reducción a la servidumbre y las irregularidades en habilitaciones y permisos son leídos en clave política, pero interna.
Sin dudas, la causa que más preocupa a Macri es la de escuchas ilegales, que lo tiene procesado por conformar una asociación ilícita destinada al espionaje de opositores políticos y que utilizaba como fachada la administración porteña.
Mientras que a principios de 2014 logró eludir la elevación a juicio oral y público, su situación desde entonces permanece en suspenso. Su ex ministro de Educación, Mariano Narodowski y el ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios van a ser enjuiciados oralmente, lo mismo que el ex espía Gerardo Ciro James, un grupo de policías de Misiones, y un ex juez entre otros.
Para la justicia estaba claro que habían montado una estructura paralela, enquistada dentro de la administración local mediante la cual falseaban causas judiciales a través de la justicia federal de Misiones para conseguir que la SIDE hiciera escuchas telefónicas de opositores políticos.
Esas grabaciones eran recogidas por James, que tenía como pantalla un trabajo en la cartera educativa como abogado, pero que en realidad reportaría a Palacios, y su destino y funciones estaban dentro de la flamante Metropolitana.
El rol de Macri quedó en una nebulosa, gracias a una particular interpretación de lo que sucedió en el expediente. Los objetivos de las pinchaduras y por los que van a juicio fueron dos: el dirigente de la agrupación 18J de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein – crítico de su gestión – y su propio cuñado, Néstor Leonardo, ex pareja de Sandra Macri quien falleció el año pasado, y que además era muy resistido dentro de la familia del alcalde.
El 26 de marzo pasado, el jefe de Gobierno presentó un recurso ante la Cámara Federal pidiendo su sobreseimiento, algo que antes le había sido rechazado por el juez Sebastián Casanello. Le dijo que no correspondía ir a juicio, pero que aun no había terminado con las medidas de prueba que necesitaba para saber si tiene o no que ver con los delitos investigados.
Sus abogados intentaron allí una jugada: fueron ante la Sala I de la Cámara y le adjuntaron un documento donde se certificaría que una empresa de seguridad fue la que dispuso las tareas de seguimiento sobre su cuñado por orden de su padre, el empresario Franco Macri.
Tanto la querella de Burstein como la de Leonardo sostuvieron que este argumento carecía de validez porque no había sido canalizado por el pedido del juez, y que además tampoco postulaba una hipótesis válida con respecto al resto de los participantes.
En resumen, Leonardo se preguntó cuál sería el motivo para que Ackerman Group le realizara una escucha a través de James y de Palacios, que revistaban en la estructura porteña.
Desde ese momento la Cámara Federal tiene en su poder la decisión. Sin que se expliciten los motivos por los que se dilata una definición que caerá cada vez más cerca de las elecciones y su impacto será indisimulable: si – como sería extraño para la jurisprudencia – deciden sobreseerlo, el empujón positivo para Macri anulando el principal frente judicial, podría repercutir en las encuestas. Si por el contrario se lo rechazan, el argumento de campaña en su contra de sus competidores podría hacerle daño. Una definición de estos temas alejada del clima de elecciones podría haber sido leída de otra forma. Ahora es imposible.
El sobreseimiento de Macri por los 17 hechos violentos cometidos por la UCEP entre 2008 y 2009 fue recibido con alivio desde la administración porteña. Lo hizo el juez Facundo Cubas solo cinco días antes de hacer efectiva su jubilación, el 1° de julio.
Era la segunda vez que era beneficiado Macri en este expediente. En el primer caso, la decisión fue revertida por la Cámara del Crimen. Ni siquiera se había investigado razon por la cual años después de que esta causa comenzara, se apartó al fiscal que parecía decidido a no avanzar en una investigación.
Sin embargo, la decisión de Cubas fue desvincular a Macri y a su ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Pero procesar a cinco miembros de la UCEP, incluido a Fabián Rodríguez Simón, un influyente asesor que saltó de la UCEP a estar siempre rondando iniciativas claves de la gestión macrista. Tanto que consiguió el segundo lugar en la lista unificada entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica para el Parlasur. Es decir que el candidato macrista al parlamento del Mercosur está procesado por estos vejámenes.
La decisión que exculpó a Macri fue apelada por la querella de la única indigente que se atrevió a denunciar la violencia de los operativos para despejar de “ocupas” el espacio público. En el medio fue amenazada por un desconocido, apenas se supo del fallo que benefició al alcalde. Esa decisión tendrá ahora que ser resuelta por la Cámara pero le dio oxígeno a Macri.
Mientras tanto, se espera que la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional defina qué hacer con el alcalde que había sido beneficiado por la represión en el Borda. Las querellas, una de ellas de la Defensoría General pidió que se lo investigue a raíz del feroz operativo policial que buscó resguardar la demolición de talleres protegidos en el hospital neuropsiquiátrico. A partir de la resistencia de pacientes, médicos, y gremialistas comenzó una represión que involucró decenas de heridos por balas de goma, gases lacrimógenos contra legisladores y golpes y disparos contra periodistas durante una jornada que pareció signada por un descontrol de la fuerza que excedió todos los límites de un operativo de seguridad.
Una policía descontrolada, y se presume con la orden de desbaratar cualquier resistencia, es la principal acusación que pesa sobre figuras de peso de todo el gabinete macrista y que va también por la responsabilidad del propio Macri, que pudo haber detenido la avanzada pero que lejos de tomar una decisión en ese sentido, continúa defendiendo lo que ocurrió y limitando los excesos al único procesado que tiene el expediente, a quien asignan la responsabilidad de haber actuado fuera de lugar.
Esa decisión se espera que llegue durante el transcurso del mes de julio y puede ofrecer un dolor de cabeza o una solución para Macri con la mirada puesta en agosto, en las primarias.
Los problemas judiciales aquejan al líder del PRO, que está a un paso del cielo y del infierno, según defina la justicia. El siguiente examen estará en las urnas, donde los expedientes judiciales comienzan a relativizar su peso. Aun así, podría llegar a ser el primer candidato a la presidencia procesado. Todo depende de cómo el Poder Judicial decida echar a jugar sus propios tiempos.