Contemplado dentro de un ambicioso paquete de reformas, el intento del Ejecutivo nacional es saldar la deuda de autonomía con respecto al manejo porteño de la justicia penal. Con resistencias desde distintos ámbitos, la iniciativa plantea interrogantes de implementación y de financiamiento. Cuáles son las claves para entender la magnitud de la transferencia sobre los tribunales que deberán investigar todo tipo de delitos penales y por qué provoca el rechazo de los jueces federales.
Por Gabriel Morini
El traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña se postula como uno de las reformas más importantes que el macrismo se propone a nivel judicial, y que ya ha decidido poner en marcha tras el anuncio de la transferencia de las comisarías de la Policía Federal.
Incluido en la batería de proyectos que ambiciosamente se denominan “Justicia 2020” (por el año en el que deberían referenciarse las reformas como una política de Estado), la modalidad bajo la cual se llevará a cabo implica desdoblamiento de fueros y un gradual pasaje de competencias y personal.
Quién financiará la reforma aún es una incógnita dado el abultado presupuesto que requiere el funcionamiento del sistema judicial por parte del Estado Nacional que pasaría a estar bajo la egida del gobierno porteño.
Para que eso suceda, primero la Legislatura local deberá desfrezar el proyecto del tercer traspaso de competencias penales, algo que quedó trunco por desavenencias políticas.
Germán Garavano, Ministro de Justicia, anunció el traspaso entre la batería de proyectos que se enviarían al Congreso en materia judicial, englobados en el programa que va más allá de la justicia penal. La idea central es que también los fueros nacionales en lo civil, patrimonial y de familia, comercial y del consumidor también pasen al control de la Ciudad, en una segunda etapa.
La primera aspiran a que se concrete este mismo año, pese a la compleja ingeniería legal, política y financiera que implica, lo que se suma a la inquietud de algunos jueces sobre el “status” en el que podrían quedar. Para la mayoría, un pase de la justicia denominada “nacional” a la porteña sin ningún tipo de compensación simbólica implicaría “irse a la B”, en el argot futbolístico.
Desde el ministerio indicaron que es “prioritario” el pase de los 49 juzgados criminales y otros 14 correccionales. Allí quedó plasmado que se persigue una “unificación” de esos fueros y la transformación de los 31 tribunales orales en lo criminal (integrado cada uno por un terceto de jueces), que pasarían al rango de federales, lo que descomprimiría la crítica situación que tienen los tribunales orales federales, hoy con esperas contabilizadas en años para el inicio de juicios, y con serias dificultades para avanzar de manera rápida con los complejos debates orales por delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar.
Pasarían así todos a entender en cuestiones de crímenes contra los derechos humanos, corrupción y toda la nómina de delitos federales que están centralizados en los tribunales de Comodoro Py.
Una estrategia para el interior del país también comprende que se desdoblen los juzgados en el interior – que hoy tienen “multicompetencias”, es decir que comprenden un gran abanico de delitos – para que sólo se dediquen a cuestiones penales. Eso sumado a una comisión de jueces que se dediquen a investigaciones de narcotráfico, uno de los leit motiv de campaña del gobierno de Cambiemos que además forma parte del eje discursivo sobre el que se apoyan la mayoría de las reformas en materia de seguridad y justicia, con el supuesto fin de combatir el tráfico de estupefacientes en el país.
La ciudad que hoy gobierna Horacio Rodríguez Larreta cuenta con 31 juzgados y 40 fiscalías contravencionales y de faltas. Poco más de 280 juzgados deberían transferirse al finalizar el proceso, con sus respectivas secretarías y más de 60 salas de revisión, con lo que se alcanzaría la cifra de mil jueces que pasarían a depender de la órbita porteña, en comparación con los 137 que hoy lo hacen.
“Progresivo y gradual” parecen ser las palabras que funcionen como mantra para digerir el cambio en algunos núcleos de resistencia que percibían el cambio como desventajoso aun antes de que Macri ganara las elecciones.
En ese esquema, hace ruido la idea del macrismo de disolver la Cámara de Casación ordinaria, máxima instancia de revisión de los delitos penales en el ámbito de la justicia nacional. Su implementación duró años y estuvo plena de obstáculos, algunos de ellos materializados en ausencia de recursos hasta edilicios para ponerla en funcionamiento.
Luego de poco más de un año en funciones, ahora el PRO aspira a que sus atribuciones – en un eventual traspaso – sean receptadas por el Tribunal Superior de Justicia, algo que también es leído en clave política porque los integrantes de ese tribunal no forman parte del típico esquema de la corporación judicial y algunos de ellos hasta integran el colectivo Justicia Legítima, a quienes desde el Poder Judicial asocian sin matices con el kirchnerismo.
El debate sobre la modalidad de implementación, más allá de que sea paulatina ya está instalado entre jueces y fiscales. Solo resta ver cuál será su desenlace y si choca con las intenciones del gobierno que, como los anteriores, intenta su propia reforma integral de la justicia.
Como sucedió en el pasado, el paradigma del Poder Judicial suele ver estos intentos como agresiones.
La transferencia de recursos se estima en 8 mil millones de pesos, poco menos que lo que significó el traspaso de las comisarías de la Federal ubicadas en la Capital. La compensación llegó con el aumento vía decreto de la coparticipación porteña, algo que hizo estallar de ira a los gobernadores – sobre todo a los peronistas – e implicó un trance difícil de digerir para los aliados a Cambiemos por el impacto político que significó aquella decisión de Macri.
En el cálculo de costos no se incluye a las fiscalías, que dependen del Ministerio Público Fiscal en cabeza de Alejandra Gils Carbó, a quien el macrismo no oculta su desprecio.
Otra reforma dirigida especialmente a la Procuradora para limitar su duración en el cargo, atribuciones y funciones, es el instrumento con el que el macrismo aspira a desalentar su permanencia al frente de la jefatura de todos los fiscales. Pero ese proyecto de ley guardado con recelo, también deberá atravesar primero su debate parlamentario.
Las dudas que surgen en este complejo escenario son varias: quién absorberá el costo del traspaso (Nación o Ciudad con recursos “prestados”); cómo se compatibilizará el diferente enfoque penal (en la ciudad es acusatorio, los fiscales llevan adelante la instrucción, mientras que en la nacional es indistinto pero la mayoría de las veces la causa está en cabeza del juez); cuál será la forma en que se equiparen los sueldos de los trabajadores y de los magistrados (hoy son mejores en la justicia nacional); qué competencias penales serán finalmente transferidas cuando se destrabe la tercera etapa de paquetes de delitos que viene retrasada desde hace cinco años; cómo se elegirán los nuevos jueces (si a través del Consejo de la Magistratura porteño – bien controlado por el macrismo- o por el de la Nación – donde ya cuentan con una mayoría importante -)
En otro orden de interrogantes se inscriben los político-judiciales: a pesar de que el traspaso está apoyado en la Constitución de la Ciudad, cuenta con consenso de la comunidad académica y de juristas, y es en realidad una manda de la autonomía metropolitana, no quita que el esquema de poder de los jueces no se perciba como vulnerable ante un cambio tan profundo.
Ni que hablar del malestar que se percibe en los tribunales de Retiro, donde los 12 jueces federales miran con recelo el intento reformista, algo que podría acarrearle al macrismo un dolor de cabeza extra. Los emisarios del ministerio aun no lograron aplacar las inquietudes de los poderosos magistrados.
Desde la Unión de Empleados de Justicia, el gremio de los judiciales que conduce el moyanista Julio Piumato salieron a replicar la novedad. “En materia de traspaso de los fueros ordinarios al ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires manifestamos que estamos dispuestos a participar de un ámbito de implementación donde se garanticen los derechos (salario, respeto a la carrera administrativa, jornada) y las condiciones de trabajo que se tiene en la actualidad. Con la excepción del Fuero Nacional del Trabajo, donde adherimos a la oposición de la CGT en tanto ese traspaso acarraría perjuicio a los trabajadores en general como quedó consignado en el documento entregado por la CGT al Presidente (Mauricio) Macri”, sostuvieron en un comunicado. En el detalle del plan que difundió el gobierno, ese fuero que tiene 80 juzgados y 10 salas de revisión ni siquiera es mencionado.