Investigarán enajenaciones de terrenos nacionales en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. También la asignación de usos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá expedirse en el término de 60 días. Entre los predios cuestionados se encuentra la parcela de Roosevelt y Bucarelli en Villa Urquiza. El predio en Villa Pueyrredón, que está destinado a ser playa de acarreo, también estará bajo la lupa de la investigación.
Por Ignacio Di Toma Mues
Investigarán enajenaciones y asignación de usos
El Presidente Alberto Fernández firmó dos decretos que ponen en tela de juicio la transferencia de predios nacionales al dominio de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas deudas que ascenderían a 16 mil millones de pesos.
Uno de ellos deroga el decreto firmado por Mauricio Macri, pocos días antes de las primarias abiertas celebradas el 11 de agosto, que autorizó a la Agencia de Administración del Estado a dar en pago los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas.
En los considerandos el Presidente señala que la afectación de bienes inmuebles al pago de obligaciones “desnaturaliza la función asignada a la agencia de administración de bienes del estado e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”.
Y agrega que “vulnera elementales normas en materia de competencias, al facultar a un ente descentralizado, a disponer por sí mismo, sin la verificación exhaustiva de su procedencia y cuantía, ni de su eventual previsión presupuestaria, la dación en pago de inmuebles a fin de cancelar deudas o afrontar compromisos de asistencia económico-financiera o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que pudiera haber asumido el Estado Nacional”.
Por otro lado cuestiona que, este decreto de Macri, se materializó luego de las elecciones generales en transferencias “exclusivamente a favor de una sola jurisdicción” como la Ciudad de Buenos Aires.
El segundo decreto, como complemento del primero, instruye a la Agencia de Administración del Estado “a revisar en un plazo no mayor a sesenta días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019”.
Esta revisión tiene como objetivo – así lo establece el decreto presidencial – que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos “se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.
Cabe destacar que entre los predios que se van a investigar está la transferencia de la parcela de 2700 metros cuadrados de Roosevelt y Bucarelli en el barrio de Villa Urquiza. Esta operación, junto a otros predios, entre ellos dos ubicados en los playones ferroviarios de la estación de Colegiales, se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado en abierta violación a la ley de Responsabilidad Fiscal. Esta operación implicó cancelación de supuestas deudas por 8.500 millones de pesos.
Y seguramente la investigación también pondrá la lupa sobre el uso indebido – sin ningún tipo de convenio ni autorización explicita de la Agencia de Administración de Bienes – de los predios de Bolivia y San Alberto, y Condarco y Franco, en Villa Pueyrredón. Estas parcelas, ubicadas frente al parque de la estación ferroviaria del barrio, fueron – y así aún continúan – destinadas al Ministerio de Espacio Público porteño y la Policía de la Ciudad.
Específicamente el de Bolivia y San Alberto, en forma abiertamente ilegal, fue incluido en la ley de estacionamiento medido para ser destinado a playa de remisión o acarreo de vehículos en infracción.
La ley aprobada expresa, en dos de sus artículos, que los predios donde se instalarán las playas de acarreo son de dominio y propiedad del Gobierno porteño. Sin embargo, en el caso de Villa Pueyrredón, no es así.
Este medio, haciendo uso de la ley de información pública, solicitó a mediados de 2018 información sobre la situación de dominio y uso de ese predio. El Estado Nacional, a través de de la Dirección y Gestión Técnica de Información de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, contestó que era de su propiedad y que no había ningún convenio de uso con la Ciudad. La respuesta recibida por parte del Gobierno de la Ciudad ratificó los dichos del Estado Nacional.
Esta situación fue expuesta por este cronista en la Audiencia Pública realizada el 23 de octubre de 2018 en la Legislatura al tratarse la ley, y ante la Comisión de Transito y Transporte, presidida por la legisladora oficialista Cristina García de Aurteneche, sin tenerse en absoluto en cuenta estos considerandos.
Finalmente la ley fue aprobada con 32 votos del bloque oficialista Vamos Juntos. Hasta los bloques aliados al Ejecutivo porteño la votaron en contra.
“Ese predio no es de la Ciudad; se lo ha apropiado, que es distinto. Ese lugar pertenece a la urbanización de la explaya de cargas del Ferrocarril Mitre. Los vecinos lucharon mucho para tener esa urbanización. Fueron siete años de trabajo: desde 2001 hasta 2008, cuando se inauguró el Parque Paseo del Centenario” manifestó este cronista en la Audiencia pública y repitió lo mismo ante la Comisión de Tránsito y Transporte.