La lista que tiene en su poder la justicia electoral en la mira.
Contratistas de obra pública, financistas fantasma, fundaciones ignotas, agencias de seguridad y constructoras se sumaron a las principales empresas del país que aportaron dinero para la elección y la campaña proselitista a favor del partido que conduce Mauricio Macri. Luces y sombras de una práctica común a todas las fuerzas políticas que encuentra entre los beneficiados por una administración, sus principales mecenas. La nueva legislación sin control para testaferros de gastos.
Por Gabriel Morini
Chen Yu Lian es una ciudadana china que posee un local de ropa y bazar de apenas dos metros y medio de frente sobre la calle Larrea, en pleno barrio de Once. Aportó 50 mil pesos a la última campaña electoral de Cambiemos. El caso de inmigrantes de esa nacionalidad que figuran en la nómina aportada a la justicia electoral sobre el financiamiento de la última campaña presidencial que llevó a Mauricio Macri al poder se replica por decenas.
No es el único detalle llamativo. Contratistas de la Ciudad de Buenos Aires, agencias de seguridad privada, fundaciones fantasmas completan el registro que también incluye a las principales empresas de diversos rubros, especialmente agroexportadoras.
Muchos de ellos encuentran obstáculos en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos para hacer donaciones. La nueva legislación incrementa los niveles de auditoría sobre quienes pongan dinero, pero no limita que los gastos proselitistas sigan en la opacidad, algo que salpica a todas las fuerzas políticas.
Zhang Yan Xi es monotributista. Se desprendió de 30 mil pesos para la última campaña del PRO según los registros publicados por la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal en materia de elecciones. Es un ejemplo de los nombres contenidos en más de 80 carillas de financistas de Cambiemos.
Ennio Modestini es el titular de Trompia SRL, una firma que no solo fue contratista del Estado porteño, sino cuya licitación para la provisión de armas a la Policía Metropolitana fue denunciada por vender con sobreprecios. Aportó la módica suma de 100 mil pesos para el éxito de los comicios.
El Grupo Azara cuyo producto más conocido es la revista “Uno Mismo” alcanzó el medio millón de pesos en aportes. Constructoras, consultoras y productoras vinculadas a los medios se fortalecen en el listado. Las farmacéuticas ocupan otro lugar destacado entre los benefactores del PRO. Carrefour, el hipermercado a través de su razón social INC SA aportó 250.000 pesos. La firma Diedra Paneles SA – abocada a los plásticos – fue más generosa: $1.000.000.
Uno de los mecenas llamativos es la Fundación Filipides, dedicada al auspicio del deporte en la provincia de Mendoza. Su página web http://www.fundacionfilipides.org/ posee una portada, una imagen de una familia feliz simulando una caminata y una dirección genérica de correo electrónico. No hay ni dirección real, ni teléfono, ni responsables, ni ningún otro link que permita saber a qué se dedica la fundación que cedió un cuarto de millón de pesos para que Cambiemos pudiese competir.
La mutual de Jubilados y Pensionados Provinciales también logró un superávit en sus cuentas que le permitió donar 100 mil pesos.
En el listado de los grandes aportantes figuran Los Cipreses, una de las razones sociales de Buquebus cuyo aporte fue de 500 mil pesos, idénticos a los cedidos por Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza y TAM líneas aéreas.
Isolux Ingeniería SA tuvo a su cargo uno de los proyectos más escandalosos de obra pública durante el kirchnerismo: la licitación del famoso tren bala que uniría la ciudad de Buenos Aires con Rosario y Córdoba. El proyecto jamás vio la luz en medio de denuncias cruzadas por la licitación. En ese caso, la firma cambió su apuesta por 150 mil pesos al macrismo.
La constructora IRSA y Caja de Valores SA pusieron entre los dos un millón en moneda local. Acindar a través de Herpaco SA también llegó al millón. El canal América TV fue más medido en su donación que solo llegó al medio millón. En el pelotón de los sub $100 mil se destacó el Pub Mr Jones, que a través de la razón social The Why Factory SA alcanzó esa cifra para la campaña.
El amigo de la infancia del presidente Mauricio Macri, el constructor Nicolás Caputo, no quiso quedar afuera de la lista de auspicios pero tampoco quiso destacarse. A través de Caputo Hermanos SA le dio solo $10 mil al PRO. Su simbólico aporte contrasta con el del servicio de correos privado Nexo Servicios Postales SRL que desembolsó $1.000.000 en la campaña, dejando muy atrás al amigo del Cardenal Newman. El balance de PRO revela que 290 empresas aportaron buena parte de lo recaudado por el partido en 2015: $ 84 millones.
Las empresas de seguridad que prestan servicio ante el Gobierno de la Ciudad también fueron grandes benefactores de Propuesta Republicana. En suma, recibieron contratos públicos por 4 mil millones en diciembre de 2015. Antes habían aportado un millón y medio de pesos a la campaña del partido a nivel nacional.
Los contratos se desarrollarán durante los próximos cuatro años, razón de más para haber apostado a ganador antes de cerrar esas jugosas compulsas. En realidad obtuvieron una continuidad. Tres de los cuatro contratistas venían de desarrollar la misma actividad entre 2011 y 2015.
Murata SA es una de las destacadas a través del ex policía federal Roberto Raglewski en un doble aporte: como empresa $295 mil y a través de la firma, $500 mil. Comahue Seguridad Privada no donó como compañía pero su titular Raúl Griffa puso $530 mil, pero pensando que se quedaba corto a los dos días desembolsó otros $119 mil a los que sumó un par de días más tarde solo $700. Custodiará la denominada Zone 3 de la Ciudad con una renogioación exitosa de su contrato, un 721% más.
Briefing Security solo puso $80 mil aunque sus dueños a título personal aportaron casi $190 mil pesos.
Los contratistas de obra pública porteña también fueron un caso aparte. La compañía CRIBA responsable del nuevo edificio inteligente sede del gobierno donó más de $830 mil a la campaña amarilla divididos en 20 pagos que realizaron individualmente miembros de la familia Tarasido, dueñas de la firma.
Las constructoras fueron mecenas considerados: alrededor de 3 millones de pesos vinieron del sector en el que se formó también el emporio Macri. Riva SA aportó medio millón de pesos, pero ya los logró recuperar con los contratos que pudo cerrar en esta primera mitad de 2016 que treparon a la nada despreciable suma de 110 millones de pesos.
Ya se describió el aporte de IRSA – poderosa en todos los sentidos y dueña de los principales shoppings – que está detrás de un ambicioso proyecto en Puerto Madero denominado Solares de Santa María. Raghsa, otra importante constructora alcanzó los 900 mil pesos de aportes a la última campaña.
Al menos 50 firmas del total de las empresas donantes están habilitadas como proveedoras del Estado en la Ciudad de Buenos Aires.
Hubo otros nombres significativos como el de Gustavo Quiroga, propietario de una agencia de medios que tiene entre sus clientes al GCBA y al Banco Ciudad; el de Gerardo Bonetto cuya firma presta servicios de limpieza a los edificios de la Policía Metropolitana; Antonio Gómez el titular de Maquivial especialista en bacheo y asfaltado, una de las áreas destacadas de la obra pública porteña; dos empresas constructoras relacionadas al Ministerio de Ambiente y Espacio Público decidieron entrar a la nómina de aportantes.
Idéntica situación se replicó con Mario Raspagliesi, titular de Bricons, que construyó desde el Metrobus hasta comisarías y escuelas. Hasta Héctor Pilla que tiene a su cargo el mantenimiento de “higiene” de las villas porteñas no se privó de aportar.
El diario La Nación había publicado que la responsable de la campaña del PRO de acuerdo a la documentación presentada en la justicia electoral es una jubilada que ni siquiera recuerda haber firmado un poder, mucho menos conocer el destino de los millones de pesos gastados en el proceso electoral.
Es una muestra del mal que aqueja a todos los partidos políticos en idéntica situación. Testaferros que aportan y testaferros que gastan. Ninguna reforma sustancial está propuesta en la reforma política que encabeza el oficialismo en el Congreso. Todo lo contrario: habrá más veedores pero idénticas posibilidades de esquivar los controles a través de atajos al filo de la legalidad.
El Frente para la Victoria tuvo entre sus aportantes de 2007 a todos los laboratorios que quedaron luego inmersos en la Mafia de los Medicamentos.
Parte de la sospecha es que ninguno de los que aportan para las campañas y cuyos ingresos no pueden ser justificados en realidad no ponen dinero, se trata solamente de firmas. El dinero ya existe y requiere ser blanqueado. Eso explicaría situaciones inexplicables.