La ley de emergencia aprobada por el Congreso Nacional congeló tarifas y frenó el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur: un alivio para los castigados bolsillos y un respiro político y económico para Kicillof y Rodríguez Larreta. Pero sobre todo un barajar y dar de nuevo en muchos temas que el macrismo intentó emparchar y no supo cómo.
Freno al Traspaso de Edenor y Edesur
Por Fernando Casasco
La discusión de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del presidente Alberto Fernández, tuvo como puntos centrales la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, el impuesto a la compra de divisa extranjera y la actualización de los derechos de exportación a cultivos agrícolas.
Pero más desapercibidos pasaron tres artículos que son de especial importancia en el rediseño del tema de los servicios públicos en el área metropolitana: la suspensión del aumento de tarifas y “revisión tarifaria integral” durante 180 días, la intervención de los entes reguladores de gas y electricidad (Enargas y Enre) y la suspensión de la aplicación del artículo 124 de la Ley Nº 27.467 (Presupuesto Nacional 2019), que establecía el traspaso de Edesur y Edenor al ámbito del gobierno porteño y bonaerense.
Para analizar los porqués y las consecuencias de este último inciso, hay que hacer un poco de historia. A fines de 2017, el gobierno de Mauricio Macri, en su búsqueda por reducir el déficit de las cuentas públicas, convocó a los gobernadores de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires a firmar un Pacto Fiscal.
En las negociaciones con los mandatarios provinciales surgió el reclamo para que la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires se hicieran cargo de la concesión de los servicios públicos del área metropolitana (electricidad, gas, agua), tal como ocurre en el resto de los distritos.
El pacto firmado por casi la totalidad de los gobernadores (con la excepción de Alberto Rodríguez Saá, de San Luis) con el Poder Ejecutivo nacional tuvo consecuencias escandalosas, como el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, sancionada por el Congreso en medio de una fuerte represión. Pero también plasmó la decisión del Estado nacional de traspasar a la Ciudad y Provincia la concesión de los servicios de luz (Edenor y Edesur) y agua (AySA) y los subsidios al consumo hogareño que eventualmente derivasen de esos servicios.
El traspaso de Aysa tuvo una marcha atrás a los pocos meses, debido a la presión conjunta de la gobernadora bonaerense, los intendentes del conurbano y el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. María Eugenia Vidal, por entonces en la cúspide de su popularidad, se negaba a afrontar un costo en obras de agua corriente y cloacas que se estimaba en el orden de los 110 mil millones de pesos.
Respecto a las energéticas Macri se plantó del lado de los gobernadores, en contra de las intenciones de sus correligionarios Vidal y Rodríguez Larreta. Con el salvataje del Fondo Monetario Internacional en juego, el Presupuesto 2019 incluyó entre sus puntos que las provincias tendrían que asumir el costo del traspaso de los subsidios al transporte público y de la tarifa eléctrica diferencial; y a su vez la provincia de Buenos Aires y la Ciudad participarían en la financiación de la tarifa social del agua y recibirían el traspaso de las compañías de distribución eléctrica.
Así se llegó en febrero de 2019 a la firma del acuerdo para el traspaso de las concesiones de las compañías eléctricas. El acta contemplaba la creación, por parte de la provincia y la ciudad, del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), que debía ponerse en funcionamiento “con la mayor celeridad posible”.
De todos modos, las administraciones porteña y bonaerense no querían hacer frente a obligaciones y reclamos de parte de las empresas. En mayo del año pasado la Secretaría de Energía de la Nación arribó a un entendimiento para que las distribuidoras, en lugar de abonar unos 35.000 millones en multas impagas, realizaran “futuras inversiones” por apenas 7.000 millones de pesos. El traspaso de jurisdicción implicó ingresos para Edenor por 15.295 millones y para Edesur por 13.989 millones, según los balances de las propias empresas.
Con estos “avances”, la Legislatura porteña fue la que se apresuró a aprobar la transferencia de los servicios en julio de 2019. Por 41 votos a favor y 17 en contra, la mayoría macrista sancionó el nuevo régimen y la ley por la que se creaba el EMSE, encabezado por un directorio de seis miembros, tres por la Ciudad y tres por la provincia, con un mandato de tres años, sede en la Capital Federal y con una delegación en La Plata.
Lo curioso de esta formación bipartita del ente es que prevé una representación igualitaria de ambas jurisdicciones, siendo que en la provincia de Buenos Aires se ubican la gran mayoría de los usuarios de Edenor y de Edesur. Peor aún: en caso de empate, resolvería el presidente del organismo, el cual sería rotativo entre la ciudad y la provincia, pero que en primer término le correspondía el sitial al representante porteño.
El nombre apuntado fue el de Héctor Falzone, un hombre ligado a las empresas del sector: fue directivo de las generadoras Central Güemes, Central Puerto y CMS Energy, además de asesor de CAMMESA (la empresa que regula la energía mayorista). Asimismo, desde la oposición en la ciudad se advirtió que la ley no daba participación en el EMSE a las asociaciones de usuarios y consumidores.
Parecía todo encaminarse, pero en plena campaña electoral la discusión se volvió a trabar. Es que la gobernadora Vidal no quería asumir el costo político de autorizar un nuevo tarifazo. Por ello, el gobierno de Macri obligó a las concesionarias a postergar los aumentos hasta febrero de 2020, lo cual derivó en la aceptación del traspaso de las empresas mediante un decreto de la gobernadora Vidal, apenas 20 días antes de las elecciones en las que cayó frente al candidato del Frente de Todos.
El resultado electoral significó un borrón y cuenta nueva en muchos aspectos de la economía nacional y el de los servicios públicos no es uno cualquiera. Tras el reclamo del gobernador Kicillof, se decidió la suspensión de aumentos de tarifas por los próximos seis meses y el inicio de un proceso de renegociación con las empresas.
Además, en el artículo 7 de la norma, se establece que “durante la vigencia de la emergencia declarada en la presente, el Enre mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur)”. En castellano: no habrá traspaso al menos durante 2020.
La medida fue apoyada por las asociaciones de consumidores que integran la comisión de usuarios del ENRE y del ENARGAS. En un comunicado expresaron que la norma “viene a resolver la virtual acefalía de control existente a partir de la no creación del nuevo ente de control y la caducidad de funciones del ENRE, ordenada por el anterior Secretario de Energía”. Por otra parte, reclamaron que el interventor en el ente “tenga trayectoria en la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores”.
Para el gobierno de Rodríguez Larreta la sanción significó un alivio: no deberá hacer frente a los subsidios al consumo de energía residencial ni entrar en una fiera discusión con la provincia de Buenos Aires sobre eventuales aumentos en las tarifas.
Paralelamente, la ley implicó la suspensión del pacto fiscal, por lo que se retrotrae la baja progresiva de Ingresos Brutos que había comprometido la Ciudad: el costo de esa reducción implicó unos 9000 millones de pesos a las arcas porteñas en 2019.
Las empresas ya amenazaron con frenar inversiones y hasta con la posibilidad de que se produzcan más cortes de luz durante este verano debido al congelamiento de tarifas (que está vigente desde mayo pasado). El dato que omiten es que tras los sucesivos tarifazos de la gestión Macri, la ganancia de las compañías del sector fue de 5.000 millones de pesos, sólo en 2018.
Pese a esto, la cantidad de interrupciones de suministro de luz por usuario se incrementó un 11%, entre 2016 y 2019 (semestres otoño-invierno), según datos recabados por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Todo en el marco de un país que – debido a la monumental recesión económica – requiere un 2,1% menos de generación de electricidad que en 2015 (enero-noviembre), según relevó CAMMESA.
Tarifas justas, servicio eficiente. Dos cuestiones imprescindibles que ahora deberá atender el gobierno de Alberto Fernández.
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