Casanello procesó a varios funcionarios
de habilitaciones e indagará a su jefe
La tragedia en la fiesta Time Warp que dejó cinco jóvenes muertos puso al descubierto un entramado de venta de drogas vip, ausencia de controles en la ciudad y connivencia en el narcotráfico de las fuerzas de seguridad. El expediente profundiza todas las aristas de un negocio que avanzaba en las sombras. El 14 de junio es la fecha de indagatoria para del director de Habilitaciones y Permisos. El Jefe de Gobierno porteño sostuvo que iba a colaborar con la justicia en un expediente que también salpica a fuerzas de seguridad y a los “dueños de la noche”.
Por Gabriel Morini
La causa Time Warp amenaza con convertirse en una “mancha venenosa” que involucra tres aristas hasta ahora nunca profundizadas por la justicia: el narcotráfico vip; la connivencia de las fuerzas de seguridad con al tráfico de estupefacientes y su ingreso al país; y la complicidad de los organismos de control porteños.
La investigación que lleva adelante el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello apunta a desmantelar una industria sin chimeneas que funcionaba muy aceitadamente en la noche porteña. Los verdaderos dueños de parte de la maquinaria de fiestas electrónicas quedaron expuestos con la muerte de cinco jóvenes por el consumo de pastillas de drogas de diseño adulteradas.
Surgen preguntas: ¿Cómo ocurrió? ¿Quién lo permitió? ¿Desde hace cuánto tiempo esto se venía realizando con impunidad? De perfil, la pesquisa también impactó en los irrisorios números del cánon que pagan a la ciudad las explotaciones comerciales en Costa Salguero, un reducto privilegiado que encuentra entre sus dueños a legisladores del PRO.
Time Warp era un festival internacional de música electrónica nacido en 1994, en Ludwigshafen am Rhein, Alemania. Cinco jóvenes murieron, el 15 de abril, sin atención médica y por descompensaciones ocurridas por el consumo de pastillas. Varios más debieron ser internados y tardaron en recuperarse. Casi 10 mil personas más que las permitidas, ausencia de controles en el ingreso de sustancias, connivencia de la Prefectura y varias otras irregularidades saltaron a la luz e iluminaron una problemática hasta ahora dejada de lado.
Casanello avanzó en detenciones, la principal, la del abogado Víctor Stinfale, uno de los dueños de la noche argentina, con una marca de bebidas energizantes y lazos con los principales boliches del país. Debió otorgársele prisión domiciliaria al cabo de algunas semanas por motivos de salud.
Adrián Conci, el dueño de la firma Dell Producciones – responsable directa del evento – se presentó tras estar una semana prófugo y quedó detenido. Los apoderados Maximiliano Ávila y Carlos Garat también fueron apresados.
El dueño de la firma Energy Group, Walter Santangelo permanece evadido de la justicia. Lo mismo sucede con Diego Herrera, director suplente de Dell y su empelado, Facundo González.
En total hay más de 70 imputados, 54 son de Prefectura Naval. Entre ellos había 25 detectives de civil del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de Prefectura. Cuatro integraban la delegación de Inteligencia Criminal y seis del servicio de guardia. Ninguno de ellos actuó.
Legisladores porteños de la oposición aprobaron un nuevo pedido de informes a Horacio Rodríguez Larreta en torno a los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control implicados.
El último día de mayo procesaron a cinco funcionarios y pidieron la indagatoria para el 14 de junio del Director de Habilitaciones y Permisos. Las responsabilidades penales podrían escalar.
Casanello consideró que en la fiesta “hubo una venta de drogas que se desplegaba en sus narices y con total normalidad, conforme surge de los numerosos testimonios recolectados”, aseguró sobre los inspectores porteños que estuvieron esa noche. Debieron haber clausurado el evento, pero en su lugar, no labraron siquiera un acta de infracción. “El no haber avisado a las fuerzas de seguridad o a la Fiscalía de turno pone de manifiesto su papel dentro del plan de los organizadores. El no hacerlo fue un aporte sustancial a los hechos”, aseguró el magistrado en el procesamiento.
Los implicados son: el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Claudio Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez; y los inspectores Pablo Fontanellas, Gustavo Herms y Néstor Ricardo Cella.
El procesamiento fue sin prisión preventiva como “partícipes necesarios” de “comercio de estupefacientes agravado”, y como coautores de “abandono de persona, seguido de muerte”. Todo eso sumado al clásico “incumplimiento de los deberes de funcionario”.
La fiscalía de Delgado solo había pedido abandono de persona. El juez fue mucho más duro. Consideró que estaban para “velar” por la seguridad de los asistentes, pero que tenían conocimiento de que esa función estaba a cargo de vigiladores privados, que no estaban homologados. “Incluso con las muertes consumadas, y con otros tantos jóvenes derivados a centros asistenciales, los inspectores no suspendieron el evento”, señaló Casanello.
Diego Pérez Lorgueilleux, director general de Habilitaciones de la AGC tiene fecha de indagatoria el 14 de este mes. Su resultado puede derivar en un nuevo procesamiento, ya más alto en la escala de funcionarios jerárquicos del gobierno de la ciudad. Fue quien firmó el permiso para que Time Warp se realice. Lo hizo pese a que la organización seguía presentando documentación hasta la tarde misma de su realización por fuera de los plazos legales que impone la propia reglamentación poreña.
Era una fiesta que tenía que hacerse o hacerse. “La decisión de Casanello puede ser controversial pero vamos a colaborar con la justicia”, sostuvo Rodríguez Larreta sobre el episodio que lo agarró mal parado y con lenta reacción frente a la tragedia.
También quedó expuesta la sintomática relación entre la empresa Telemetrix que le paga a la ciudad por mes 260 mil pesos. Eso recauda por solo una de las explotaciones comerciales que allí se desarrollan. Una de sus propietarias es Carmen Polledo, legisladora del PRO y Vicepresidenta I de la Legislatura.
Casanello puso de manifiesto que Time Warp, con muertos en su pista y con jóvenes que eran trasladados por ambulancias, recién se terminó cuando llegó la orden judicial, varias horas después, lo que garantizó la eliminación de pruebas y rastros. “Hacinamiento, escasez de agua y varias irregularidades como presencia de menores de edad a los que se les suministraba alcohol”, subrayó el juez como las principales causas de la tragedia, sobre el que consideró que hubo un “pacto de silencio”.
Al comienzo de la investigación, Delgado había sido el que dio una pista sobre el alcance de ésta cuando plasmó en su dictamen que “se montó un dispositivo de venta de drogas que tomó un cariz dramático pero real, en la medida en que dentro de ese mercado que fue la Time Warp se suscitaron diversas situaciones que agravaron el curso del evento, como ser, entre otras, baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores y altísimas temperaturas”.
“Había grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua (más de una hora), las cuales se vendían a 40 pesos e incluso se llegaban a pagar 100 pesos si en la caja no había cambio. Hubo robos de botellas de agua y avalanchas en el ingreso y en horario pico, producto de la excesiva cantidad de gente que había por posible sobreventa de entradas”, sostuvo la fiscalía.
Sobre el 16 de abril sentenció: “hubo una venta de droga organizada”. Para la justicia, prácticamente se les entregó a los narcotraficantes un ambiente cerrado, lleno de jóvenes donde pudieron ejercer una suerte de monopolio en la venta de pastillas. Presos también hay dealers que fueron ubicados en los días subsiguientes.
En lo político, la causa salpica a Rodríguez Larreta. El Frente para la Victoria impulsó otro pedido de informes para que en menos de 30 días informe qué actuaciones administrativas o sumarios se le hicieron a los inspectores de la AGC, un organismo que estuvo atravesado de irregularidades y escándalos en diversos hechos cuando Mauricio Macri estaba a cargo del Ejecutivo.
Casos de sobornos salieron a la luz en el caso Beara, donde dos jóvenes perdieron la vida tras desplomarse un entrepiso en un lugar donde había ingresado mucha más gente que la habilitada. Escuchas apuntaron a una cadena de tarifas para lograr habilitaciones. Ese dinero, según la pesquisa y la información que podría inferirse de las escuchas, apuntaba a un funcionamiento espurio de la política. No fue posible saber quiénes eran los destinatarios de esos fondos.