El Juez Martín Furchi declaró inconstitucional la ley que autorizó la venta de un parte de los predios públicos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Hasta que no se vuelva a tratar en la Legislatura, y por más que el Gobierno apele esta sentencia, la nulidad de la venta seguirá en pie. La rezonificación de estos predios, que fue rechazada mayoritariamente en una audiencia pública que se extendió durante 29 jornadas, está frenada en la Legislatura.
Por Agustina Cavalanti
A finales de abril, el juez Martín Furchi, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires dictó sentencia en la causa judicial donde se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 6289. Esta norma, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2019, autoriza la venta de una parte de Costa Salguero y Punta Carrasco en la Costanera norte.
El juez en su sentencia declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de esta ley y argumentó que la Legislatura no siguió los procedimientos que establece la Constitución de la Ciudad. “Para la venta de determinados predios, aquellos conocidos como de dominio público de Ciudad de Buenos Aires, la Constitución establece un procedimiento que técnicamente se conoce como de doble lectura. Se tiene que convocar a una audiencia pública y luego se tiene que volver a ratificar. La Legislatura votó una primera sanción e hizo pasar esa ley como aprobada de forma definitiva”, sostiene el abogado Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Este Observatorio impulsó la causa judicial en conjunto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, la Defensoría de Laburantes y la Diputada Nacional Gabriela Cerruti.
Según explica Baldiviezo, el juez detectó que no se había convocado a ninguna de las audiencias públicas “por lo tanto se violó el mandato que tiene el Gobierno de cumplir a raja tabla con las instancias de participación ciudadana. La Ciudad de Buenos Aires se tiene que gobernar como una democracia participativa, convocar a la ciudadanía para que opine el destino de estos predios. Es una estrategia reiterada de la Legislatura porteña, principalmente de los bloques oficialistas, de no respetar la Constitución para que la ciudadanía no tenga tiempo de enterarse de estas decisiones y no pueda discutirlo”.
“Es un claro ejemplo – señala Baldiviezo – de que existe una gravedad institucional donde la ciudadanía no tiene la seguridad jurídica de que aquello que se publica en el Boletín Oficial sea verdaderamente una ley por no cumplir los procedimientos de sanción de leyes. Hace más de 25 años que venimos defendiendo que la Costanera tiene que ser pública, se tiene que transformar en un gran parque público, que no tiene que ser privatizada. Esta sentencia viene a reconocer y a respetar estas luchas socio ambientales”.
Recientemente este abogado impulsó, a través de la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, un proyecto de ley para la creación del parque público “Nuestro Río” y la desprivatización de la Costanera Norte, con el objeto de que en los terrenos de Punto Carrasco y Costa Salguero se construya un gran parque, de libre acceso y circulación y de uso público y gratuito.
En los fundamentos de esta iniciativa se señala: “Proponemos que se llame a este futuro espacio verde como Parque Público Nuestro Río en honor a la lucha que realizaron quienes nos precedieron en los años 90 previendo el destino que debería tener nuestra costanera y ahora, a la luz de la presente crisis climática y ante les jóvenes que nos interpelan por el mundo que les dejamos, basta ya de extractivismo, de lucro. La pandemia que nos aqueja ha cuestionado la excesiva urbanización y la pérdida de contacto con la naturaleza. Necesitamos más espacios verdes, más suelo absorbente, más árboles frondosos y saludables en la ciudad”.
El proyecto alcanzó estado parlamentario, pero aún no fue tratado por las comisiones correspondientes en la Legislatura porteña. Lo esencial, fomentar la creación de más espacios verdes y públicos para lxs porteñxs, es invisible a los ojos de Horacio Rodríguez Larreta que busca constantemente generar emprendimientos inmobiliarios en los terrenos de todxs lxs vecinxs. ¿Y a los ojos de la Justicia?
El gran decisor de este conflicto será el Tribunal Superior de Justicia, un tribunal cuestionado por dictar sentencias como el polémico fallo del 2020 en contra las familias que reclamaban se garantice las vacantes en el nivel inicial en las escuelas públicas.
Cabe destacar que desde el 27 de noviembre hasta el 27 de enero, durante 29 jornadas, dos mil ciudadanxs se manifestaron en contra de la privatización de la Costanera norte durante la audiencia pública que trató el proyecto de ley que fuera aprobado en primera lectura y establece la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Esta modificación del uso del suelo se propone facilitar el negocio de los desarrolladores inmobiliarios para la construcción de viviendas, locales comerciales y oficinas.
El contundente rechazó paralizó su tratamiento legislativo para su aprobación definitiva, que sumado a la nulidad de la ley que autorizó la venta de una parte de los predios, obligó a Rodríguez Larreta a prorrogar hasta el 31 de diciembre la concesión de Costa Salguero que vencía el 30 de abril y está a cargo de Telemetrix SA.
Uno de los accionistas de esta empresa es Fernando Polledo Olivera, esposo de la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Carmen Polledo, quien hasta diciembre de 2017 fuera vicepresidenta de la Legislatura porteña.
La disputa, de esta manera, se postergó para después de las elecciones. Sin embargo, y por más que el Gobierno apele la sentencia, la suspensión de la venta de la Costanera seguirá en pie.
“El destino del proyecto de zonificación depende bastante del apoyo o no que reciba la gestión actual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones y si la Justicia termina ratificando la prohibición de la venta del predio. Ambas cuestiones están abiertas”, concluye Jonatan Baldiviezo.