La Organización Basta de Demoler, la Asociación Amigos de la Estación Coghlan y el Observatorio del Derecho a la Ciudad son víctimas de una estrategia en la que se las pretende demandar en la justicia por haber denunciado irregularidades contra el gobierno PRO. Les exigen el pago de hasta 24 millones de pesos por “daños y perjuicios”. A la ONG que reveló anomalías en el proyecto del Metrobús Norte busca llevarla a juicio una entidad que tiene nexo directo con la Agencia de Protección Ambiental. El propio gobierno que encabeza Maurcio Macri y hasta una constructora privada encabezan la embestida. Rechazo de entidades vinculadas con la protección de derechos ciudadanos por el grave antecedente que generaría.
Por Gabriel Morini
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) suelen ser entidades que, desde la sociedad civil, promueven determinado tipo de iniciativas que ayudan a consolidar las instituciones democráticas desde diversas especialidades. Pero también pueden funcionar como una máscara que oculte, bajo el formato de sociedades que promueven el bien común, a sectores de poder que intentan mantener su influencia a través de un medio que impida conocer realmente quién está detrás de ellas y con qué intereses.
Una trama que involucra esta segunda opción es de la que están siendo víctimas agrupaciones de vecinos que han denunciado y han logrado amparos judiciales contra la construcción indiscriminada en la Ciudad de Buenos Aires. Como contrapartida, el gobierno porteño y ONG vinculadas a funcionarios de la ciudad, les entablaron millonarias demandas en su contra, en lo que constituye una ofensiva judicial que no registra antecedentes.
La ONG Basta de Demoler – que ha buscado impedir la construcción indiscriminada en varios barrios porteños y alerta sobre el riesgo de una ausencia de planificación por parte de la administración de Mauricio Macri que privilegia el negocio inmobiliario – es una de las acusadas.
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), la entidad que controla las seis líneas de subte, a cargo de Juan Pablo Piccardo, junto con el procurador porteño Julio Conte Grand la demandó por “daños y perjuicios”. El reclamo es millonario: 24 millones de pesos.
Mientras tanto, la constructora Palacio Roccatagliata SA, demandó a la Asociación Amigos de la Estación Coghlan porque interpusieron un amparo para frenar la construcción de dos torres de 13 y 27 pisos que van a rodear a la denominada Villa Roccatagliata, una casona construida a principios del siglo XX, y cuya rezonificación jamás pasó por la Legislatura porteña para su aprobación.
La arquitecta Dora Young que integra la ONG demandante recibió una carta documento por parte de la empresa constructora para presentarse a una audiencia de mediación. Es el paso previo a entablar una demanda civil, objetivo final que tiene la estratégica ofensiva judicial contra los vecinos organizados que se oponen a proyectos de edificación en territorio metropolitano.
CASO TESTIGO. Pero quizás el ejemplo más emblemático de esta contra ofensiva es la demanda que se entabló contra el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Allí, la sociedad civil Los Verdes presentó una demanda contra Félix Cariboni que lidera esa organización. Lo que no es explícito es que Los Verdes está vinculada al presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña, Juan Carlos Villalonga, un funcionario macrista.
El Observatorio atacó una de las obras medulares para el gobierno del PRO: el proyecto de Metrobus Norte, a partir de revelar una serie de irregularidades que salieron a la luz y que terminaron por demostrar que la obra no contaba con un Certificado de Aptitud Ambiental como paso previo a iniciar los trabajo.
Pero no fue lo único sobre lo que el Observatorio puso la lupa. También denunció la “dilación en el saneamiento de los predios del Barrio Papa Francisco y doble contratación de los estudios de suelo”, además del “incumplimiento en clausurar la sede del Mercado Central que se está construyendo en Colegiales por carecer de Certificado de Aptitud Ambiental”.
Hasta señalaron que Villalonga visitó “plantas de incineración de residuos en Europa”, algo que no tendría sentido dado que es tecnología prohibida por la ley de Basura Cero de la Ciudad.
El resultado fue que Los Verdes entablaron contra el Observatorio del Derecho una demanda por daños y perjuicios “invocando hechos falsos con el objeto de iniciar una persecución política”, denunciaron mediante un comunicado.
Con el antecedente de Basta de Demoler “ahora el PRO para perseguir a integrantes de organizaciones sociales ha decidido no utilizar a la Procuración del Gobierno de la Ciudad, sino emplear una nueva modalidad que consiste en la utilización de ONGs de actuales funcionarios para iniciar demandas con la pretensión de censurar a todos aquellos que denuncian las ilegalidades y afectaciones de derechos cometidas por el Gobierno de la Ciudad”, alertaron desde la entidad. “La privatización profundizada por el Gobierno del PRO llega hasta tercerizar la persecución política”, afirmaron con sarcasmo.
METROBUS EN PROBLEMAS. Lo central de la causa iniciada por el Observatorio contra el proyecto de Metrobús Norte arrojó una irregularidad más evidente: el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, tomó una decisión que contravino los pasos legales requeridos para la aplicación de un convenio.
Macri había firmado un Convenio Marco con la municipalidad de Vicente López que comanda su primo Jorge Macri. Lo remitió a la Legislatura para su aprobación. Pero en el camino, Rodríguez Larreta firmó el Convenio Nº15.811 también con el municipio del norte del conurbano el 21 de agosto de 2014.
Allí ponía en marcha el anterior convenio que no tenía aval legislativo. Pero comprometía a la ciudad a pagar la obra completa calculada en 220 millones de pesos, algo que también financiaría el tramo que le corresponde a Vicente López.
Así el erario porteño pagaría los costos del municipio del primo de Macri. A esto se agrega que Rodríguez Larreta confirmó que la obra contaba con un Certificado de Aptitud Ambiental, algo que en la causa judicial fue desmentido.
Las casualidades no existen. La mayoría de los integrantes de la junta directiva de Los Verdes son también parte de la actual plantilla de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental porteña.
Según el Observatorio, el abogado que encabeza la demanda es Federico Gatti Lavisse que se desempeña como Jefe de Gabinete de esa repartición. Flavia Broffoni es la Directora de Estrategias Ambientales del APrA, mientras que Carolina Diotti cumple funciones de Prensa tanto para el APrA como para Los Verdes.
Según la Inspección General de Justicia (IGJ) la ONG nunca realizó cambios de autoridades dese que Villalonga asumió hace un año al frente de la cartera ambiental. Por eso, para el ente regulador el funcionario continúa al frente de esa organización civil.
RECHAZOS. El escándalo por la ofensiva judicial cosechó diversos apoyos, uno de ellos proveniente de una de las más respetadas organizaciones vinculadas con el derecho, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Emitieron una nota de repudio a la estrategia montada por el gobierno de la ciudad contra Basta de Demoler. “Manifestamos nuestro profundo rechazo y preocupación en relación a la demanda judicial que iniciara el Gobierno de la Ciudad contra la asociación civil Basta de Demoler, Santiago Pusso (vicepresidente de BdD) y Sonia Berjman (historiadora con reconocimiento internacional). Fue iniciada contra quienes fueron amparistas en una causa judicial que se inició para proteger la Plaza Intendente Alvear (Área de Protección Histórica N°14 – ámbito Recoleta) ante la construcción de una estación de subte, en el marco de la cual el Poder Judicial dictó la suspensión de la obra – suspensión que luego diera lugar a la decisión de reubicar la estación”, indicaron en una nota de repudio.
“Este hecho inédito, promovido por el propio Estado de la Ciudad y del cual no se recuerdan precedentes, se convierte en un peligrosísimo ataque contra el derecho de acceso a la justicia, al control de la ciudadanía sobre la administración pública, y a la participación ciudadana en las decisiones públicas, pilar de nuestro modelo democrático. Asimismo, esconde una concepción que limita gravemente el rol del Poder Judicial en la defensa y protección de los derechos individuales y colectivos de la sociedad”, concluyeron.
Para el caso de la demanda de SBASE y del gobierno porteño contra Basta de Demoler interviene la jueza del fuero contencioso administrativo y tributario Patricia López Vergara. En tanto para las otras dos, en una existe la instancia de mediación previa. En la demanda de Los Verdes contra el Observatorio, se cumplió la audiencia en la que se rechazaron los cargos. El inicio del proceso judicial contra los que denunciaron las irregularidades es inminente.