La “batalla” por la reforma previsional
El año 2017 terminó con una profunda convulsión política y social, tras los hechos acontecidos durante el debate en el Congreso por el cambio en la movilidad jubilatoria. Una situación imprevista hace sólo dos meses atrás, cuando Cambiemos obtenía un fuerte respaldo en las urnas.
Por Fernando Casasco
La tradición adjudica a un Galileo Galilei ya condenado por el Santo Oficio y tras su retractación de la teoría heliocéntrica, aquella famosa cita, traducida al castellano como “y sin embargo se mueve”. Poco importa aquí si realmente la frase adjudicada al astrónomo nacido en la Toscana fue dicha por él o no: en la historia se transformó en símbolo de la prepotencia con que los hechos se imponen a las más sesudas teorías y elucubraciones humanas.
La Argentina de estos días ha vivido una breve pero intensa dosis de ese apotegma en el álgido último mes del 2017. Un año que a nivel político parecía cerrarse de la mejor manera para el gobierno nacional, tras un importante triunfo electoral y emitiendo signos de comenzar a imponer su propia agenda, sin necesidad de seguir rascando de la olla de mentar “la pesada herencia”.
Pero la política, esa veleidosa y esquiva señora, volvió a meter la cola. Cuanto más hegemónico y consolidado parece el poder de un gobierno, una mala decisión o un movimiento inesperado, puede dejarlo cerca de “besar la lona”. Y eso le ocurrió al gobierno de Mauricio Macri – como a algunos de sus antecesores – debido a una medida impopular y una reacción que no esperaba.
Rememoremos: tras los comicios de octubre, el Presidente de la Nación lanzó una serie de reformas consideradas “primordiales”. A partir de allí, se sucedieron negociaciones, que derivaron en la firma de un pacto fiscal con casi la totalidad de los gobernadores (salvo Alberto Rodríguez Saá, de San Luis).
Además, se pretendía avanzar con proyectos legislativos, que cambiaban las reglas de juego económicas: la reforma tributaria; la reforma laboral – cuyo tratamiento se pateó hasta el año próximo-; y la reforma previsional, que sería la que desataría vendavales de furia.
Una cosa está atada con la otra: el gobierno pretende reducir el déficit fiscal que llega a niveles record (el rojo estimado para 2017 es del 4,2% del PBI, sin tener en cuenta el pago de la deuda). Para ello necesitaba alcanzar un acuerdo con las jurisdicciones provinciales, para que ellas también ajusten sus cuentas.
Asimismo, el macrismo pretende imponer mediante la reforma tributaria desgravaciones a empresas para incentivar la actividad económica, pero varios de esos impuestos “distorsivos” (sellos, ingresos brutos) los perciben las provincias, que esperaban ser compensadas por la pérdida.
También el debate pasa por el reclamo de la provincia de Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense: la Nación optó por compensar a la administración de Vidal con fondos que salen de la recaudación por el Impuesto a las Ganancias por 21.000 millones de pesos el año que viene y 44.000 millones al siguiente.
El resto de las provincias – incluyendo la Ciudad de Buenos Aires – se llevó la promesa de recibir 17 mil millones de aportes del Tesoro Nacional.
Pero en la economía, se sabe, lo que se le da a unos, se le quita a otros. El gran perjudicado resultó el ANSES, que por ley recibía el 20% de todo lo percibido por Ganancias.
El “gradualismo acelerado” que propuso el Gobierno fue la chispa que encendió la mecha. Con la fórmula de movilidad dispuesta en 2008 por el gobierno de Cristina Kirchner (que tomaba en cuenta la evolución de la recaudación y los ingresos de los trabajadores), las jubilaciones tuvieron una suba real del 38% hasta 2015, mientras que permanecieron estables los últimos dos años.
En cambio, el Gobierno propone que se tomen en cuenta los datos de la inflación difundidos por el INDEC y tomados con un semestre de retraso, combinados con los salarios formales: la actualización de marzo próximo se hará en base a los datos del costo de vida del tercer trimestre de 2017 (sería del 5,7% en lugar de llegar a cerca del 14%).
El cambio en el cálculo de la fórmula implica un recorte que supera los 100 mil millones en materia de seguridad social, según los especialistas. Pero no significa un ahorro real: lo que no vaya como compensación a las provincias se irá por la “canaleta” del pago de la deuda.
La alarma social fue en aumento. Hasta las divas mediáticas Susana Giménez y Mirtha Legrand, siempre efusivas defensoras del gobierno de Macri, levantaron sus voces en contra de la medida que le metía la mano en el bolsillo a jubilados y pensionados.
En medio del desconcierto por la desaparición del submarino ARA San Juan, la ley pasó rápidamente por el Senado. Allí, el jefe del bloque opositor, Miguel Pichetto, reclamó que el gobierno nacional “explique” la medida y admitió tener “la ingrata tarea” de votar positivamente la norma. Pero otra sería la historia en Diputados.
El tratamiento en comisión, derivó en escándalo, con empujones entre custodios y jubilados que pugnaban por ingresar. El día previo al previsto para el debate de la norma en el recinto ya hubo represión a manifestantes y salieron lastimados los diputados Leonardo Grosso y Victoria Donda.
Un Congreso militarizado, una oposición que pretendía resistir el avance de la reforma, un oficialismo empecinado en sacar la ley a toda costa: lo que terminó reinando fue el pandemonium. Afuera la Gendarmería reprimió sin miramiento a los manifestantes; adentro, provocaciones, gritos, insultos y hasta algún manotazo lanzado por el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, fueron el prolegómeno de una sesión fracasada. Sumó a ello la indefinición de varios diputados que responden a gobernadores provinciales y se mostraron reticentes a sentarse para dar el quórum a la hora indicada.
La sesión debió trasladarse tres días, tras los cuales el Ejecutivo se aseguró el quórum a través de presiones a gobernadores y parlamentarios. Una manifestación multitudinaria, diversa en su composición, intentó expresar su repudio en las inmediaciones del Congreso.
Pero nuevamente volvió a reinar el caos, con incidentes en los que se volvieron a denunciar infiltrados, aunque esta vez se pudo ver a grupos políticos organizados para lo que resultó una batalla campal. Tras varias horas de enfrentamiento, a pura prepotencia de gases y balas de goma las “fuerzas del orden” lograron avanzar y dejaron un tendal de heridos y detenidos en las calles del Centro porteño.
El Gobierno, a través de sus voceros y del propio Presidente, salió a denunciar la violencia que, según su lógica, sólo protagonizó el kirchnerismo y la izquierda y que pretendía impedir el funcionamiento de las instituciones.
En sus columnas dominicales editorialistas que hace unos años prácticamente llamaban a alzarse contra el “régimen” kirchnerista o lanzan diatribas contra el gobierno de Nicolás Maduro por la virulencia de la represión a sus opositores, pusieron el foco de los sucesos en los manifestantes, sin detenerse ni por un instante a poner en duda el operar de las fuerzas de seguridad.
A pesar de los paños fríos que intentaron poner dirigentes como el propio Monzó, en el cierre del año el Gobierno nacional denunció penalmente a diputados kirchneristas y de izquierda por los supuestos delitos de “atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento”, algo inédito desde 1983. Diálogo, consenso y llamado a la unidad de los argentinos: esos te los debo, podría afirmar el Primer Mandatario.
Pero el descontento generado movilizó algo más que a organizaciones sociales, políticas o sindicales. Miles de vecinos de distintos barrios porteños y de grandes urbes del interior salieron por la noche a las calles y expresaron su rechazo a la medida, al son de las cacerolas. Para los que se arrimaron hasta el Congreso también la policía tenía palos y gases.
Dato que no estaba en los radares: a solo dos meses de las elecciones en las que se impuso con amplitud, el oficialismo sufrió protestas multitudinarias, provenientes de sectores que históricamente le son cercanos. Aunque finalmente el Gobierno consiguió la ley que pretendía, debe aprehender otra ley no escrita: los votos no significan un cheque en blanco.
Las aguas, los planetas, las sociedades siguen su curso. Eppur si muove…