El jefe de Gobierno ya avizora su triunfo y su instalación como candidato presidencial. Por eso ya inició contactos internacionales y realizó una visita a Estados Unidos. Mientras tanto, la mayoría oficialista en la Legislatura se ocupa del “trabajo sucio”: mega-proyectos inmobiliarios y reforma de la justicia.
Por Fernando Casasco
Tras su éxito en las PASO del mes pasado, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no perdió tiempo para comenzar a trazar las líneas principales de lo que prevé será su inevitable candidatura presidencial para 2023.
Mientras en la Argentina el Frente de Todos crujía por dentro, tras la crisis que dejó el resultado del primer test electoral y las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el alcalde porteño hizo las maletas y se embarcó rumbo a Estados Unidos.
En el gran país del norte Rodríguez Larreta comenzó a desplegar su aún incipiente agenda internacional en reuniones con algunos referentes políticos demócratas, pero sobre todo con interlocutores económicos. Según su equipo de trabajo, la agenda desplegada en las reuniones en Washington DC y Nueva York se compuso de tres temas principales: cambio climático, recuperación de la economía del visitante y promoción de las industrias creativas y de innovación.
Uno de los encuentros más significativos es el que mantuvo con el ex secretario de Estado y actual responsable de la Oficina de Cambio Climático John Kerry, a quien invitó a la reunión de la Cumbre de Alcaldes C40, que se realizará el año próximo en Buenos Aires.
Pero seguramente “la” foto de la gira fue la del almuerzo que mantuvo con el ex presidente Bill Clinton, con quien repasó la agenda de las relaciones entre Argentna y Estados Unidos. Aunque se sabe que este tipo de encuentros el ex mandatario demócrata los tiene tarifados, las versiones difieren en si la factura fue de cinco o seis cifras.
Menos estridentes pero tal vez más relevantes son las reuniones que Rodríguez Larreta mantuvo con representantes del poder económico estadounidense y mundial. En su apretada agenda se vio con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y con Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, se entrevistó con miembros del Council of the Americas, encabezado por su titular, Susan Segal.
La agenda internacional del jefe de Gobierno incluye en noviembre su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow, Escocia. Mientras que en diciembre realizará una gira por Europa que lo llevará a entrevistarse con sus pares de Madrid, Paris, Roma y Berlín.
De todas maneras, el Jefe de Gobierno no distrae su atención de la campaña política de cara a las cruciales elecciones de noviembre. Ya se puso al frente de la campaña en territorio bonaerense, respaldando a Diego Santilli en sus primeras recorridas, como la que hicieron el pasado fin de semana a la ciudad de La Plata.
La intención es contener toda la importante fracción de votos que fue hacia el precandidato del radicalismo Facundo Manes, ahora integrado en la lista del sello Juntos. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el desafío será mejorar la elección (en lo posible superando el 50%), para no perder escaños en la Legislatura y evitar que “por derecha” se vayan votos al candidato de moda, Javier Milei.
Justicia shopping y torres
Si repasamos lo actuado por la Legislatura porteña durante el año y medio que llevamos de pandemia, poco se podrá destacar de beneficios para los y las ciudadanos/as y habitantes de Buenos Aires.
Entre las leyes sancionadas en el periodo 2020/21 se pueden contar la ley de equidad de género en el deporte, las adhesiones a la ley de cannabis medicinal y al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo o algunas medidas de alivio fiscal a comerciantes y empresarios afectados por las restricciones impuestas por las autoridades nacionales y locales.
En cambio, la mayor parte de la atención durante estos dos años se la llevaron otra índole de proyectos: las reformas judiciales y los nuevos convenios y emprendimientos inmobiliarios.
En materia judicial, a diferencia de la aprobación por amplio consenso del juicio por jurados, la norma que más polémica suscitó fue la modificación de la normativa en materia de audiencias administrativas y judiciales. Bajo el pretexto de incorporar la virtualidad y hacer más expeditivos los procesos judiciales, el oficialismo porteño incorporó dos artículos en los que se habilita al Tribunal Superior de Justicia a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
Según la diputada María Luisa González Estevarena, del bloque Vamos Juntos, la norma busca “garantizar la autonomía de la Ciudad y avanzar en la necesidad de traspasar la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad”.
En cambio, desde la oposición se remarcó que el macrismo busca con esta modificación garantizar la impunidad del ex presidente Macri. La legisladora Lucía Cámpora, del Frente de Todos, recordó las apelaciones que en la Justicia comercial se llevan adelante en las causas Correo Argentino y Socma Americana, ambas involucrando al expresidente Mauricio Macri.
“Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos”, enfatizó la diputada en un discurso que se hizo viral en redes.
Más allá de la disputa política, varias fueron las voces desde el derecho y la justicia que se alzaron contra esta norma, a la que tildaron de inconstitucional. Guido Risso, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, señala que uno de los límites a la ley sancionada por la Legislatura lo establece “la propia Constitución Nacional que impide a cualquier ley local invadir otra jurisdicción y reformar leyes nacionales o los códigos de procedimiento de la nación”*.
Desde la cátedra y los estrados se insiste en que si correspondiere realizar este cambio de jurisdicción y el traspaso de funciones a la justicia local, el único que puede hacerlo es el Congreso de la Nación.
El otro punto en el que la Legislatura avanza raudamente, siempre a pedido del Ejecutivo porteño, es en el rubro inmobiliario. Pero no para la construcción de viviendas sociales y soluciones para inquilinos, aquejados por los aumentos siderales de alquileres, sino para los grandes desarrolladores.
En la misma sesión en que se aprobaron las medidas judiciales, el macrismo y sus aliados (esta vez sin la Coalición Cívica) aprobaron 11 de los 16 convenios urbanísticos que impulsa la administración de Rodríguez Larreta.
Los convenios urbanísticos tienen alturas de construcción por fuera del código edilicio vigente y son autorizados cuando mejoran la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. Nada de eso se cumple en estos casos: se trata de torres de departamentos y comercios, que complican aún más el abastecimiento de servicios.
Tampoco suman espacios verdes. La única contraprestación es económica: por los 16 emprendimientos presentados, con 200 mil metros cuadrados de construcción, el gobierno porteño prevé el cobro de 36 millones de dólares. Cifra que puede llegar a los 200 millones, en caso de que la Legislatura siga avanzando con varias decenas de otros convenios que se encuentran en estudio.
Esto se suma a los emprendimientos que ya han sido aprobados – o están camino a serlo – y en varios casos se han judicializado por parte de vecinos y agrupaciones ambientalistas: el estadio de fútbol de San Lorenzo, en Boedo; el “nuevo Puerto Madero” en los predios de la ex ciudad deportiva de Boca, en la Costanera Sur impulsado por IRSA; la urbanización del complejo de Costa Salguero, entre otros.
Ante las críticas, el oficialismo porteño reduce su réplica a la cantidad de puestos de trabajo que la construcción de las torres puede crear. Y la recaudación de fondos que hará la propia Ciudad, claro.
En pocos días, hemos visto el “Modelo” del jefe de gobierno en acción: buenas relaciones con los poderes fácticos internacionales, una justicia a medida de su fuerza política y el desarrollo de negocios inmobiliarios a gran escala. Toda una tarjeta de presentación.