Desde mayo se reportaron al menos siete decesos en la vía pública, uno de ellos en la Comuna 12. El Gobierno porteño incorporó medidas para asistir a la población sin techo, pero también incrementó los procedimientos policiales. Organismos estatales y asociaciones civiles piden acciones para proteger a estos individuos.
Por Juan Manuel Castro
Desde fines de mayo, en medio de las temperaturas más bajas de los últimos años, al menos siete personas en situación de calle perdieron la vida durmiendo a la intemperie. Esto ocurre en un contexto en donde el Gobierno porteño endureció el discurso contra esta población y a la vez aplica nuevas herramientas para desalentar la permanencia de gente sin techo.
“La gente, los pobres no son de nadie, las muertes son del Gobierno, esto no se pelea ni reclama ni con posteos ni con registros o estadísticas, esto se reclama con lucha y en las calles”, explicaron en Proyecto 7, una asociación civil que desde hace años trata la problemática de las personas en situación de calle.
El primer deceso de este año fue reportado por Proyecto 7 a fines de mayo: un hombre mayor de edad en la vía pública en la calle Vidt al 2000, en Palermo. Luego, sucedió el fin de semana trágico de fines de junio, con tres decesos: uno en Palermo, en Cerviño al 3100; otro en la Recova de Plaza Miserere en Balvanera; y un tercero en Padre Mugica y Ramos Mejía, al costado de la línea del Tren San Martin en Retiro.
Luego, la asociación civil Amigos en el Camino reportó otros dos fallecimientos a comienzos de julio: el viernes 5 de julio murió una persona en Triunvirato, entre Monroe y Blanco Encalada, en el barrio de Villa Urquiza. El domingo 7 de julio falleció otra persona en situación de calle en Callao al 200, en el límite de Balvanera y San Nicolás, en la puerta de un banco privado.
“Nos duele el alma, se estrujan nuestros corazones de tristeza e impotencia. Nuevamente volvemos a repetir que la calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”, dijeron en Amigos en el Camino.
A esto se sumó otro hecho en Parque Patricios denunciado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). “Una compañera trans migrante murió en la calle víctima de la falta de políticas sociales”, indicó su secretaria general Georgina Orellano.
“Murió en una plaza frente al hospital Muñiz y dentro de sus pertenencias tenía un turno de una asistencia habitacional que nunca llegó. El frío no mata lo que mata son las políticas del hambre”, indicó.
Ante esta situación, a mediados de julio la legisladora porteña María Bielli (Unión por la Patria) presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo porteño responsa sobre todos los casos registrados en forma oficial sobre decesos de personas sin techo.
“Es necesario contar con políticas públicas integrales para resolver la situación definitiva de las personas que hoy se encuentran en situación de calle y precisar cuál es el rol de los diferentes organismos intervinientes -Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerio de Seguridad-. A la vez, es menester contar con datos actualizados para poder abordar la problemática en su complejidad”, sostuvo en los considerandos de esta iniciativa.
El texto parlamentario también cita que “en un relevamiento hecho este año por el Gobierno de la Ciudad, se identificaron a 4.009 personas en situación de calle, de las cuales 2.684 se encuentran en paradores… Estos números indican que, en comparación con el último relevamiento de noviembre de 2023, la población total registrada oficialmente creció el 14%”.
Desde que asumió su gestión, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, planteó acciones directas contra la población en situación de calle. Una de sus primeras acciones fue el desalojo de ranchadas como las que había en Plaza Congreso o el campamento del Malón de la Paz en Plaza Lavalle.
Los operativos para desalojar a gente sin techo tuvieron su mayor grado de visibilidad cuando por redes sociales Jorge Macri compartió el “antes y el después” de operativos de “higiene y limpieza”.
El ministro de Seguridad Waldo Wolff había dicho: “La calle no es un lugar para vivir y por eso les damos la posibilidad de reinsertarlos y ayudarlos, pero no vamos a permitir que duerman en la calle porque eso es peligroso para ellos y para todos”.
Por un lado, el Gobierno porteño aplicó varias medidas a fin de atender a la población sin techo. Así, modificó el programa Buenos Aires Presente (BAP) y lo convirtió en la Red de Atención que cuenta “con un criterio más amplio, integral e innovador durante los 365 días del año”.
“Está conformada por psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren la Ciudad en vehículos, durante todo el día. También se suman profesionales a pie que favorecen la interacción entre asistentes sociales y las personas en situación de calle, a quienes se les ofrece el traslado a uno de los 47 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas. Allí se les brinda contención y seguimiento profesional, una cama, ducha y comida y elementos de higiene personal y ropa. Y la posibilidad de una reinserción social”, explicaron desde el Gobierno de la Ciudad.
En esta línea, en junio el CIS ubicado en el Hotel América (Bernardo de Irigoyen 1608) tuvo una reforma integral para añadirle 180 plazas. En la actualidad aloja a 19 familias con chicos (todos van a la escuela). Es el cuarto CIS de la Ciudad para grupos familiares.
Además, ese mes abrió una subsede en el barrio de Chacarita (Triunvirato 2454) para reforzar la asistencia a gente sin techo del corredor norte porteño: Caballito, Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez, Belgrano, Colegiales, Palermo, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.
Según un comunicado del Gobierno, la misma “contará con un equipo de 10 personas, divididas en tres equipos en calle (de dos integrantes cada uno) y cuatro personas en base, que funcionará en tres turnos, de 6 de la mañana hasta las 0 horas. El Dispositivo de Intervención y Proximidad en la Atención (DIPA) tendrá los mismos horarios, operando como centro de derivaciones a los Centros de Inclusión Social (CIS)”.
Por el otro, se incrementaron los operativos contra gente que duerme en la calle. La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Natalia Ohman emitió un fallo que ordenó anular las detenciones e incautaciones a 125 indigentes y personas sin techo arrestadas en la segunda quincena de junio, al considerar que las detenciones fueron “arbitrarias”.
El Gobiernode la Ciudad en redes sociales acusó a la jueza de ordenar “a la Policía de la Ciudad no requisar personas en busca de armas blancas y devolver las incautadas en procedimientos a sus dueños”.
“Esa ideología es la misma que liberó a los presos en pandemia. Todavía hay quienes eligen proteger a los delincuentes y perjudicar a los vecinos”, había dicho Wolff.
En medio de estas controversias, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) presentó un pedido formal de comunicación ante el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, con el objetivo de que “tome intervención en relación a las actuales acciones y políticas que el Gobierno porteño está llevando a cabo para las personas en situación de calle”.
El objetivo de esta presentación es “requerir la intervención de la ONU para, por un lado, exhortar al Gobierno porteño a que implemente políticas que prevengan y detengan las acciones que vulneran los derechos humanos y, por el otro, crear conciencia pública sobre la problemática, las garantías y los derechos que el Estado debe garantizar”.
La solicitud de comunicación, firmada por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, sostuvo que “el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población”.
En su presentación, el MPD argumentó que “la criminalización hacia esta población se verifica en los procesos iniciados bajo las figuras de “resistencia a la autoridad” y “daño”. Según datos propios de este MPD, durante el primer cuatrimestre de este año se asistió a 2643 personas privadas de su libertad, de las cuales el 13% estaba situación de calle… la posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención, se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle”.
Por último, el MPD aseguró que “tiene el deber de trabajar en la defensa de las personas, velando para que las acciones estatales se realicen con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, y considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social”.