Como en el cruce por la coparticipación, un decreto presidencial volvió a encender la llama del choque entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, aunque esta vez con la salud de millones de por medio. Como aquella vez, nuevamente las decisiones políticas vuelven a judicializarse. Pero hay debates de fondo que ni un decreto ni un fallo judicial podrán zanjar.
Por Fernando Casasco
La segunda ola del coronavirus atacó de lleno a la Argentina, con una ferocidad que las autoridades no se esperaban y en medio del proceso de vacunación, que avanza de acuerdo al arribo de nuevas dosis al país, muy lejos de las estimaciones originales. Abril comenzó con contagios e internaciones en ascenso y la preocupación oficial también fue en aumento.
Tras algunas medidas que afectaban los encuentros sociales y el turismo, el presidente Alberto Fernández decretó el 15 del mes pasado el cese de la circulación nocturna y la vuelta a la modalidad de clases virtuales en todos los niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Este último punto motivó la discordia con la Ciudad y la furia de muchos ciudadanos y ciudadanas porteños y del Gran Buenos Aires.
En los días previos se venía anticipando un alza en el nivel de contagios. Tal vez el mandatario nacional pecó de iluso al esperar que los distintos distritos establecieran sus propias medidas sanitarias y restricciones. En un país acostumbrado al hiperpresidencialismo, provincias y municipios se mantuvieron de brazos cruzados a la espera de la publicación del Boletín Oficial.
La Ciudad de Buenos Aires no quedó afuera de esa inercia. En los días previos y pese a que la curva de contagios iba en ascenso, los controles en el transporte y en los locales comerciales y gastronómicos para el cumplimiento de los protocolos brillaban por su ausencia.
Con todo, no se cuestionaron las medidas presidenciales a excepción de una. La bandera que plantó el Gobierno de la Ciudad desde fines del año pasado fue el reclamo por el sostenimiento a ultranza de las clases presenciales.
A contramano de lo que ocurrió el año anterior, la premisa pasó a ser que la única forma de educar es con las escuelas abiertas. Creía tener de su lado el aval no solo de los “expertos”, sino también del propio gobierno nacional, ya que el Ministro de Educación Nicolás Trotta se expresó hasta horas antes del decreto presidencial en el mismo sentido. La decisión de Fernández los sorprendió como un baldazo de agua fría.
Mientras desde la sede de Parque Patricios se rechazaba el fondo de la medida y se anunciaba la presentación de un amparo ante la Corte Suprema, en pocas horas la propia justicia de la Ciudad (siempre señalada por su ligazón con el Ejecutivo local) hizo el guiño que en el larretismo esperaban: a pedido de dos ONG también emparentadas con el macrismo porteño, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones ordenó a la administración de Rodríguez Larreta mantener las clases presenciales.
La jurisdicción de la justicia de la Ciudad sobre un decreto presidencial fue cuestionada desde la Nación. Un fallo de la Justicia federal criticó la intervención express de la cámara porteña y rechazó su competencia. Pero en el revuelo judicial, el gobierno de Larreta prefirió atenerse al fallo que más le convenía y aguardar el fallo de la Corte.
En definitiva, el principio de autonomía de la Ciudad y cuál es su alcance es otra vez el centro de la discusión. La Ciudad argumentó en su presentación ante la Corte que el DNU violaba el artículo 5 de la Constitución “en cuanto garantiza el respeto de las autonomías provinciales en tanto estas aseguren la educación primaria”.
El Jefe de Estado consideró que el máximo tribunal no tenía competencia originaria en el tratamiento de este caso, debido a que la Ciudad no tiene status de provincia. Sin embargo, la Procuración admitió la presentación y unos días después, el procurador Casal dictaminó a favor de la supuesta “inconstitucionalidad” de la medida presidencial. Hasta 2019 el máximo tribunal rechazó esta competencia, pero ese año hubo un fallo que cambió la jurisprudencia: en una causa que el Gobierno porteño entabló contra la provincia de Córdoba, la Corte resolvió que “le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho de litigar ante su competencia originaria”.
En el medio quedaba la situación sanitaria y la discusión sobre si las escuelas son focos de contagio o no. Aunque admitió que, de cumplirse los protocolos, la escuela conforma un entorno seguro, la Nación puso el foco sobre el transporte y las actividades sociales que la educación presencial trae aparejadas. Por su parte, la Ciudad mostró sus propias cifras que considera que le dan la razón.
Los gremios docentes lanzaron varias jornadas de huelga, con dispar acatamiento: sostienen que los protocolos no se cumplen y que casi siempre son los propios trabajadores o las cooperadoras los que deben aportar los elementos para el cuidado de maestros y alumnos.
Con las cartas así jugadas, el Gobierno de la Ciudad remarcó su propia autonomía, mientras que el gobierno nacional prefirió bajar el tono a la confrontación y dejar que la Justicia actúe.
En ambos casos los motivos no son sólo sanitarios, pedagógicos ni de discusión sobre el modelo de federalismo: la propia interna política condiciona. A oídos del Jefe de Estado llegan señalamientos desde adentro de su coalición acerca de lo inconveniente de consensuar medidas con el Jefe de Gobierno: afirman que mientras que se muestra dialoguista, el hombre de Juntos por el Cambio solo cumple con las medidas que le convienen a su propio juego político, mientras que deja en manos de la Casa Rosada las decisiones más impopulares.
Del lado del Jefe de Gobierno su búsqueda de posicionamiento de cara a 2023 y su propia interna también lo lleva a endurecerse frente al gobierno nacional. La cara visible del extremo más duro de Juntos por el Cambio es la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien no deja pasar oportunidad de marcar la “tibieza” de Larreta y señalar al kirchnerismo como el responsable de todos los males que aquejan a la Nación.
Toda la polémica en torno a las medidas presidenciales reanimó a su vez el debate sobre la existencia del AMBA como unidad geográfica que no puede ser escindida, de la que nos ocupamos en la edición de junio del año pasado.
Desde la Ciudad, el macrismo y los medios dominantes, si bien se admite la necesidad de coordinación con Nación y provincia de Buenos Aires, la defensa de la autonomía ganada en la Constitución de 1994 a veces disimula un virtual deseo de secesión.
Editorialistas y columnistas destacados, a los que se suman opinólogos de toda laya en las redes sociales, afirman que el gobierno nacional necesita “inventar” el AMBA como unidad geográfica y política indiferenciada, para – según este razonamiento – mellar la autonomía de la Ciudad y apoyar al gobierno provincial, al que acusan de total impericia en el manejo de la pandemia.
En esta tesis, pesa sobre todo la cantidad de bonaerenses que se testean, atienden e incluso internan en hospitales porteños, en un servicio que “solidariamente” la Ciudad presta a los gobernantes del otro lado de la General Paz. En cambio, dichos comunicadores suelen obviar que muchos de esos habitantes del Conurbano prestan a la economía de la Ciudad mucho más de lo que reciben: de hecho, ni más ni menos que su fuerza laboral y parte de su consumo e impuestos.
Aún más, la pandemia demostró que el mecanismo de atención sanitaria puede ser de doble vía: ante la saturación de las camas en muchas clínicas privadas porteñas, varias fueron las clínicas del Gran Buenos Aires que comenzaron a recibir pacientes residentes en la Capital Federal.
Con el agravante de que justamente el Conurbano fue históricamente postergado en materia de servicios públicos y sanitarios: un saludable ejercicio de la memoria hará recordar que hasta hace poco una gobernadora bonaerense se resistía a abrir hospitales que estaban casi terminados, mientras que el Presidente de la Nación decidía unilateralmente aumentar la coparticipación a Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad recursos propios.
Sobre el cierre de esta edición, la Corte Suprema dictó un fallo por el voto de cuatro de sus miembros (Elena Highton se excusó) por el cual se le dio la razón a la Ciudad, considerando que el DNU nacional pasó por encima de la autonomía porteña y que no está debidamente probado que las clases presenciales aumenten los contagios, aunque no declaró inconstitucional al decreto.
Mientras el Gobierno de la Ciudad festejó el fallo, el Presidente lo criticó al asegurar que lo “apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia” y remarcó que continuará “cuidando la salud de los argentinos y argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias”. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández habló de un “golpe a las instituciones”.
En los próximos días se sabrá si es un nuevo peldaño en una escalada de un enfrentamiento mayor, en el que la Justicia ya parece haber tomado partido.