La Ciudad vuelve a reclamar por la coparticipación. Jorge Macri busca que el gobierno nacional pague lo adeudado, pese a la decisión de Milei de no ceder fondos. El jefe de gobierno hace equilibrio entre los reclamos por mayor seguridad y la interna de su propio partido.
Por Fernando Casasco
Una vez más el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar que el gobierno nacional cumpla con la orden del propio tribunal superior de reponer parte de la coparticipación que le había sido recortada en 2020. Sólo en lo que va de este año, la administración de Jorge Macri alega haber sido perjudicada en unos 20 mil millones de pesos por los fondos que le adeuda el Tesoro nacional, con una deuda total estimada en los 590 mil millones.
Previamente, el jefe de Gobierno había hecho público el reclamo en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas: «Son recursos que necesitamos y que nos corresponden constitucionalmente», advirtió ante un foro en el que horas después hablaría el presidente Javier Milei.
La jugada marca un endurecimiento de parte de una administración que hasta el momento se ha mostrado “amigable” con el gobierno del libertario y su decisión de meterle “motosierra” al gasto público. Es una medida que también está signada por las múltiples variables que atraviesan al gobierno de Jorge Macri: las prioridades de gestión, las condicionantes que imponen la crisis económica. la propia interna del PRO y su relación con la fuerza comandada por los hermanos Milei.
Para ir en orden, a la gestión porteña el recorte de los fondos coparticipables le significa un agujero imposible de soslayar, si bien evidentemente menor que el practicado a la mayoría de las provincias argentinas. Por no ir más lejos, el bonaerense Axel Kicillof también hizo varias presentaciones ante la Corte para reclamar fondos que la Nación tenía comprometidos en materia previsional, de subsidios al transporte o de incentivo docente, entre otras cuestiones, y que la Casa Rosada decidió cortar de cuajo. Además, en La Plata se reclama por obras de infraestructura que el ejecutivo nacional paralizó indefinidamente, bajo el lema de “no hay plata”.
Volviendo a la Ciudad, recordemos que Mauricio Macri había aumentado la coparticipación correspondiente a la Capital Federal de 1,4 a 3,75%, amparado en la decisión de traspasar el servicio de policía. Pese a la marcha atrás emprendida por el gobierno de Alberto Fernández y una posterior ley del Congreso que retrotrajo el guarismo a 1,4% y un monto variable por la cantidad de uniformados traspasados, la realidad es que el gobierno porteño siguió adelante con su política de seguridad. Y los resultados no parecen ser todo lo satisfactorios que se esperaban, de ahí parte del reclamo.
Según datos de 2023, la cantidad de robos aumentó un 15% durante el último año de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Los robos de automotores subieron un 20%, en tanto que los robos en los que se utilizaron armas aumentaron un 7%. También aumentaron los hurtos sin uso de violencia. El dato favorable es que los homicidios dolosos se mantuvieron en los guarismos más bajos desde que se comenzaron a tomar estas estadísticas, allá por 1995.
Es por ello que apenas asumido Jorge Macri hizo pública su intención de poner a la seguridad como una de las prioridades de su gestión. En un gesto de autoridad desplazó a gran parte de la plana mayor de la Policía de la Ciudad y colocó al frente de la fuerza al secretario de Seguridad, Diego Kravetz, quien venía de cumplir roles similares en el municipio de Lanús.
Sin embargo, las cosas no mejoraron. Durante el verano recrudecieron los ataques de vaciadores de casas. En los últimos meses han aumentado en distintos barrios de la ciudad las denuncias por robos violentos o en modo “piraña”. A esto se suma una seguidilla de fugas de detenidos en distintas comisarías pertenecientes a la Policía de la Ciudad. Para colmo, varios robos sufridos por periodistas o personajes públicos dieron más notoriedad a la crisis de inseguridad que sufren los porteños.
Si bien negó una crisis, a fin del mes pasado el jefe de gobierno debió dar marcha atrás con sus primeras medidas y anunció el nombramiento de un uniformado al frente de la Policía de la Ciudad, el comisario general Pablo Luis Kisch, quien será secundado por el comisario mayor Jorge Guillermo Azzolina.
Además, informó que en los próximos meses se sumarán 1.000 uniformados a la fuerza, al tiempo que confirmó el emplazamiento de nuevos módulos para el alojamiento de presos en la Comisaría Comunal 15. Todo esto implica mayor gasto y mayor necesidad de recursos, esos que si no recibe de Nación deberá recortar de otro lado.
Se trunca de esta manera la experiencia de un jefe civil en la Policía de la Ciudad, creada hace menos de una década. La intención es dejar el tema en manos de los expertos en la materia. Algunas miradas conspirativas también advierten que puede haber habido alguna “mano negra” detrás del aumento de casos violentos y que ello derivó en la determinación de Macri de empoderar a los hombres de azul.
En la cuestión de la seguridad, más que en ninguna otra, juega también la interna del propio partido PRO. La ciudad de Buenos Aires, por ser Capital Federal, es un distrito en el que conviven de forma permanente la fuerza de seguridad porteña y las federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval), hoy a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La coordinación entre ambas administraciones ha mostrado en los primeros meses de este año algunos chispazos que se intentaron disimular.
En este extraño caso en el que la candidata de la fuerza política que salió tercera en las elecciones nacionales pasa a ser ministra y fiel defensora del Presidente triunfante, se dirime buena parte de la disputa puertas adentro del partido amarillo. La propia Bullrich expresó públicamente sus intenciones de que ambos partidos se fusionen y presenten una oferta electoral común en los comicios de 2025.
La resistencia a ese deseo la encabeza el ex presidente Mauricio Macri, quien reasumió la jefatura del PRO, e intenta determinar desde allí la estrategia a seguir en los tiempos del libertarianismo triunfante.
El ex mandatario considera que parte de su clientela electoral observa con expectativa positiva la experiencia ajustadora de Milei y entiende que debe mostrarle su apoyo, sobre todo en el terreno legislativo. Pero desconfía de la posibilidad de una fusión amplia, más por cuestiones de táctica política que de diferencia de opiniones en lo programático.
Además, achaca al jefe de Estado no haberle hecho caso con los nombres propuestos por el ingeniero para cubrir cargos clave de la administración, en especial el Ministerio de Justicia, un tema siempre caro a los intereses del mayor de los Macri.
En esa línea se inscribe su primo Jorge Macri. Apoya lo sustancial de las medidas de ajuste y desguace del Estado del mandatario libertario, pero manteniendo su independencia en algunos aspectos.
«Tenemos muchas ganas de que a este Gobierno le vaya bien porque necesitamos que a la Argentina le vaya bien», repitió el jefe de gobierno ante el IAEF. Pero cierra filas con la mayoría de los gobernadores al advertir que los recortes presupuestarios afectan a todos los distritos: «Tanto en ese caso (Fondo Nacional de Incentivo Docente) como en el pedido de reintegro de la coparticipación, el Gobierno tiene que entender que hay provincias que tienen un rol muy importante», enfatizó.
No sólo a nivel de gestión, sino también en la interna del PRO, Jorge Macri muestra sus fichas. Como ex jefe del partido en la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno se muestra en sintonía con quien pretende encabezarlo próximamente, el diputado Cristian Ritondo.
Una movida de ambos desplazó de la jefatura partidaria bonaerense a Daniela Reich, legisladora y esposa de Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que en la interna se muestra más cerca de Bullrich.
El binomio J. Macri-Ritondo, junto a otros intendentes y dirigentes bonaerenses, estaría armando una movida para desplazar a la ministra de Seguridad de la asamblea partidaria. A Bullrich la situación no la deprime y ya tiene conversaciones con Sebastián Pareja, el armador de Milei en la provincia, para una eventual coalición entre una escisión del PRO y La Libertad Avanza. El conflicto está por desatarse.