Una resolución judicial ordena al Gobierno de la Ciudad que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER hasta que se resuelva el amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y otras organizaciones gremiales vinculadas a la actividad.
(EBVP) La justicia porteña ordenó al Ejecutivo de la Ciudad que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER*.
La resolución dictada por el juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, tendrá vigencia hasta tanto se resuelva el amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal; la Cámara Empresaria del Autotaxi; la Asociación Civil de Taxistas de Capital; la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis.
Además de la suspensión de la actividad de UBER, el magistrado solicitó a la Agencia Gubernamental de Control que informe si la empresa ha presentado algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros; a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para que indique si la empresa está registrada como contribuyente y a la Secretaría de Transporte para que informe si la empresa realizó alguna presentación para actuar en el rubro de transporte de pasajeros.
Los amparistas denunciaron al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad por “su omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte”.
Las asociaciones gremiales, representantes de peones y propietarios de licencias de taxímetros, argumentaron que el funcionamiento de UBER produce “grave lesión en el derecho a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas”, y resaltaron que “coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa UBER y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores”.
