La justicia porteña rechazó la medida cautelar impulsada por la Multisectorial de la Comuna 12 para suspender la construcción de un Boulevard sobre la avenida Roosevelt en Villa Urquiza.
La jueza Elena Liberatori rechazó la solicitud de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se debía ordenar al Gobierno porteño la suspensión de la obra “Boulevard Roosevelt y entorno calles Bauness y Bucarelli” en Villa Urquiza.
El boulevard de la Av. Franklin Roosevelt comenzó a construirse en los primeros días del mes de diciembre y su extención abarca desde la calle Pacheco hasta la avenida de los Constituyentes.
Incluye además el tratamiento de su entorno inmediato: la calle Bauness, entre las Av. Roosevelt y la calle Nahuel Huapi, y Bucarelli entre las avenidas Roosevelt y Congreso.
La magistrada porteña rechazó la medida cautelar de no innovar y a su vez habilitó el trámite de la acción de amparo presentada por la Multisectorial de la Comuna 12, representada en esta instancia judicial por Alberto Di Paolo y el juntista de la Comuna 12, Basilio Sioutis.
Aunque consideró que “no resulte razonable acceder a la medida cautelar solicitada”, la jueza Liberatori habilitó la acción de amparo “a fin de determinar si el Poder Ejecutivo dio estricto cumplimiento a los procedimientos previstos en el marco de las atribuciones constitucionales propias de la Junta Comunal, lo cual será determinado durante la sustanciación de la causa y de acuerdo a las probanzas que arrimen las partes”.
En la argumentación de la resolución, Liberatori explicó que los actos de la Administración Pública gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria y que: “la actora no demuestra, siquiera mínimamente, en aras de la suspensión cautelar que pide, ni la verosimilitud en el derecho de su pretensión, ni el peligro en la demora que el no dictado de la medida requerida acarrearía”.
También puntualizó que la documentación presentada por el Gobierno de la Ciudad demuestran “prima facie” que las supuestas arbitrariedades que estaría cometiendo la autoridad administrativa en el caso serían inexistentes.
Cabe recordar que la Multisectorial de la Comuna 12 en su presentación ante la justicia denunció que la obra no contaba con el estudio de impacto ambiental, que no se había realizado la audicencia pública tal como lo marca la Ley 123 y que la obra carece de un análisis respecto del espacio que perderían los vecinos para estacionar y los efectos viales que acarrearía.
Por su parte el Ejecutivo porteño, en su descargo ante la jueza, presentó la documentación que avalarían todo el proceso licitatorio y que probaría que el análisis del impacto ambiental se realizó. Además de afirmar que el dictado de la medida cautelar significaría “la afectación del interés público, negándosele a los habitantes y transeúntes de la zona de los beneficios fruto de la obra cuestionada”.
La obra cuestionada judicialmente fue adjudicada por el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad a la empresa Salvatori S.A. con un costo de 21 millones de pesos y un plazo de 135 días.