La justicia porteña ordenó dar a conocer la existencia, objeto y estado procesal del amparo presentado por la Asociación Civil Mujeres en Igualdad y el ex legislador porteño Facundo Di Filippo para que el Ejecutivo porteño haga cumplir la Ley de Talles (Ley N° 3.330). Podrán presentarse en el expediente todas las personas interesadas en el tema.
Por Mariana Vaccaro
“Este te va a ir”, “No, no me cierra, pasame un talle más, por favor”, “No, lo que pasa es que tenés que meter panza, contener la respiración y acostarte para que te cierre, pero ese es tu talle”… La escena de la/el contorsionista en el probador se repite en los diversos locales del shopping. Es que la aplicación de Ley de Talles vigente en la Ciudad no fue controlada desde su reglamentación.
“El año pasado mandamos un pedido de informe, a través de la ley de acceso a la información, preguntándole a la Agencia de Control Gubernamental (que es el órgano que tiene que controlar que los comercios cumplan la ley) cuántas inspecciones había hecho en el marco de la Ley 3.330 y respondieron que no habían hecho ninguna inspección”, explicó a El Barrio Villa Pueyrredón el ex legislador porteño Facundo Di Filippo, quien junto a la ONG Mujeres en Igualdad, luchan para que exista variedad de talles en los comercios de ropa.
Por este motivo quienes presentaron el proyecto que se hizo ley, iniciaron una demanda para que las marcas de ropa garanticen en la Capital Federal una oferta de talles no discriminatoria.
En este marco, la jueza Andrea Danas dispuso medidas a fin de dar a conocer ante la sociedad la existencia de la acción de amparo y así permitir que todas aquellas personas interesadas en el tema puedan presentarse en el expediente.
Es decir, que tanto organizaciones como individuos que se vieron afectados por la falta de talles puedan presentarse al juzgado y denunciar (una de las vías de contacto es el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad, organización en la que trabaja Di Filippo, cuyo mail es: ceapi@gmail.com).
Variedad de talles, un derecho
La ley “tiene como objetivo contemplar las diversas contexturas físicas de los individuos y evitar la discriminación, mediante la inexistencia de talles, de aquéllos que no encuentran el suyo dentro de los bienes ofertados en el mercado”, expresa la Ley 3.330 en los considerandos.
Debe haber al menos una oferta de ocho talles, tanto para mujeres como para varones, en cada comercio de venta de ropa. Y los tamaños deben estar confeccionados de acuerdo a las medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM 75300 y sus actualizaciones.
En el artículo 1º de la ley se aclara que la obligación corre tanto para los vendedores como para los fabricantes e importadores de indumentaria.
Lo que falta
Di Filippo y Mujeres en Igualdad no solo reclaman que la norma se aplique y que el Estado la garantice a través de los controles necesarios (que incluyen medidas de sanción), sino también la modificación de algunos artículos.
Cuando el Gobierno reglamentó la norma le realizó cambios que, según Di Filippo, “van en contra del espíritu de la ley”.
“En 2009 se aprueba ley que presentamos. En 2013 realizamos un amparo para que se reglamente. Antes de que la Justicia fallara, el Gobierno de la Ciudad la reglamentó, pero le cambió la esencia de la ley: modificó los plazos en los que tenían que empezar a producirse los ocho talles y también modificó otra cosa: consideran que la combinación de talles es un talle en sí mismo, o sea si una remera tiene talle S (small) y después tiene dos medidas de busto diferentes eso se consideran dos talles aunque ambos sean S”.
En la ley se considera que en cada comercio tiene que haber “ocho combinaciones de medidas corporales”.
Esto puede significar una variedad de tamaños (talles), pero también pueden ser variaciones mínimas. Por esta razón otro de los reclamos presentados por Mujeres en Igualdad y Facundo Di Filippo es que se declaren inconstitucionales algunos aspectos de la norma vigente.
Consultado sobre los motivos por los que no se cumple con la Ley de Talles, el ex legislador sostuvo: “La industria textil nada quiere saber con la Ley de Talles porque dice que pierde dinero. Esto es resultado casi exclusivamente el fuerte lobby de la industria textil que presiona sobre el Gobierno de la Ciudad, máxime que a las claras tiene vínculos con la industria textil. Sin ir más lejos, la mujer de nuestro Presidente tiene una marca muy importante de ropa”.
NORMA IRAM LEY N° 3330