Las cooperativas de recuperadores urbanos advierten que el nuevo esquema impulsado por el Gobierno porteño abre la competencia a empresas privadas y podría poner en riesgo un sistema de reciclado con inclusión social construido durante más de dos décadas. “Somos miles de familias angustiadas”, afirmó Jaqueline Infante, presidenta de la Cooperativa El Álamo de Villa Pueyrredón.
Portada: Foto de archivo
Por Juan Manuel Castro
“Hoy vivimos una incertidumbre enorme”, dijo Jaqueline Infante, de la Cooperativa El Álamo de Villa Pueyrredón, ante la licitación del Gobierno porteño para el servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. El reciclado, desde sus inicios tras la crisis de 2001, estuvo en manos de recuperadores urbanos y cartoneros, pero ahora temen que sea adjudicado a una empresa privada, como ocurre con la basura húmeda —no reciclable, que termina enterrada—. “Le pedimos a la comunidad que no regalemos un sistema que costó tanto esfuerzo construir”, agregó.
Jaqueline y otras especialistas en el tema disertaron este miércoles 9 de septiembre en el encuentro virtual “El futuro del reciclado inclusivo en la Ciudad en disputa”, organizado por el Grupo de Ambiente del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires. También participaron Julieta Primavera, trabajadora social de la Dirección General de Reciclado; Lucía Jolias, magíster en Trabajo Social e integrante del Área de Ambiente del Ministerio Público de la Defensa; y Estela Grassi, especialista en política social.
En la exposición, Infante contó que la cooperativa tiene su planta sobre la avenida de los Constituyentes, próxima a la avenida General Paz, y realiza tareas de recuperación de materiales en Villa Pueyrredón y alrededores.
“La situación en los barrios está peor que nunca y sentimos una lógica del Gobierno porteño que busca dividirnos, casi como si levantaran una muralla china. Varios compañeros ya están dejando la actividad por su cuenta para buscar otros ingresos informales”, alertó.
“En el puerta a puerta con los vecinos, el barrio nos apoya firmemente, firman planillas y acompañan; este sistema se gestó entre recuperadores y ciudadanía, pero el Ejecutivo no lo ve. Nuestro verdadero saber es la organización del trabajo. Somos miles de familias angustiadas que, si en diciembre no nos renuevan, en enero quedamos en la calle”, expresó la trabajadora.
De la crisis de 2001 a un sistema formal
El actual sistema de reciclado inclusivo surgió como una respuesta de trabajadores desocupados ante las consecuencias de la década del 90 y la crisis de 2001. Miles de personas recuperaban por su cuenta materiales reciclables de la basura para obtener ingresos.
“Miles de trabajadores construyeron un pasaje a lo largo de 20 años desde los márgenes de la ciudad hasta formar parte activa de una política pública de higiene urbana”, reflexionó Jolias.
Esta incorporación al circuito formal se logró mediante trabajo territorial y legislación. “Los profesionales estatales acompañamos de cerca la promoción y formalización en cooperativas, bancarizando y fortaleciendo a personas relegadas del sistema. Se garantizó la cultura del trabajo de la mano de incentivos y centros verdes”, recordó Primavera.
En diciembre de 2002, la Legislatura porteña sancionó la Ley 992, que incorporó formalmente a los recuperadores urbanos al sistema de higiene de la Ciudad y reconoció la recolección diferenciada. Luego, la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero, estableció objetivos para reducir los residuos enviados a disposición final y consolidó la recuperación y el reciclaje como parte de la política ambiental porteña.
Entre las primeras organizaciones estuvieron El Ceibo y El Álamo y, con el tiempo, el sistema llegó a reunir 12 cooperativas, con más de 6500 trabajadores. El Gobierno porteño celebró convenios con las cooperativas para que recuperen materiales y desarrollen su tarea en centros de reciclaje.
El pliego de la controversia
En julio, la Secretaría de Higiene del Gobierno porteño, mediante la Resolución N° 53/SECH/26, abrió una “etapa previa” al llamado a licitación pública por el “Servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos”, con un período inicial de dos años.
El pliego pone a competir a cooperativas con empresas privadas. En el sector hay temor de que, pese a la normativa vigente que garantiza la presencia de cartoneros en el proceso, si gana una empresa privada concentre la organización del servicio, reduzca la participación de los recuperadores y esto se traduzca en cierres y desempleo.
“Se ha quitado del eje de la discusión la inclusión social y el cuidado ambiental peleados por 20 años”, alertó Primavera sobre la situación actual. “Ni estatales ni cooperativistas sabemos si mañana abren las cooperativas”, expuso.
Jolias marcó la diferencia entre ambos modelos: “La diferencia de fondo es ética y técnica: un concurso de proyectos o convenios prioriza la experiencia territorial y la inclusión humana”. Y sintetizó el principal reclamo de las organizaciones: “En una licitación comercial, el espíritu es netamente económico: ofrecer ‘el mejor servicio al menor precio’. No hay forma de mejorar la política pública de reciclado excluyendo a sus actores protagónicos y fundacionales”.
“En lugar de aprovechar la tecnología para alivianar el esfuerzo físico de quienes trabajan con los residuos, asistimos a una lógica que decide quién pertenece a la Ciudad y quién queda afuera”, analizó Grassi.
En los anexos oficiales, el GCBA explica que se prevé dividir la Ciudad en seis zonas. La Zona C comprende las comunas 12 —Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan— y 13 —Belgrano, Colegiales y Núñez—, con cinco vehículos y los Centros de Reciclado de Núñez y Constituyentes, este último en Villa Pueyrredón.
El servicio contempla la recolección puerta a puerta de residuos secos, la atención de grandes generadores, el retiro de materiales de los Puntos Verdes, la recepción de residuos provenientes de contenedores verdes, el procesamiento en centros de reciclado y tareas de promoción ambiental.
Asimismo, fija pautas para el acopio transitorio de bolsones en la vía pública —que no podrán permanecer más de tres horas ni superar los seis bolsones por punto— y obliga a destinar un equipo mínimo de cuatro promotores ambientales por zona, quienes deberán rendir una evaluación técnica anual obligatoria.
En materia tecnológica y de procesamiento, la normativa exige un control satelital automatizado y permanente de toda la flota mediante dispositivos GPS y telemetría en tiempo real. A su vez, impone un límite mensual del 20% para el material de descarte en los Centros de Reciclado —debiendo justificarse cualquier exceso mediante declaración jurada— en las tareas de pesaje, clasificación, compactación y enfardado. Mientras el Estado asumirá el mantenimiento de los edificios y de la maquinaria pesada móvil provista, los oferentes deberán aportar camiones complementarios de su propiedad y tendrán la opción de incorporar plantas privadas bajo su exclusiva responsabilidad.
Conflicto en la calle
Poner a competir a las cooperativas que consolidaron el sistema de reciclado constituye uno de los principales cambios impulsados por la actual gestión. “Hoy presenciamos un clima de hostigamiento, notificaciones arbitrarias, aprietes fiscales e intenciones de incautación que desgastan la cotidiana”, indicó Primavera durante la charla.
El año pasado, el GCBA quitó los colectivos a unos 3100 recicladores que a diario se trasladaban desde el conurbano hacia los barrios porteños. Del mismo modo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo en reuniones con vecinos que los centros de reciclado no deberían estar en suelo porteño.
Si bien estas declaraciones abrieron la posibilidad de desmantelar esos dispositivos, al mismo tiempo el GCBA realizó un llamado a licitación para reparar los Centros de Reciclado, los 70 Puntos Verdes y otras instalaciones. Además, la documentación para el futuro contrato de reciclables contempla la utilización de los espacios de reciclaje.
En medio de este escenario, los recuperadores están en alerta y movilización. A mediados de agosto, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) realizó una “gran marcha cartonera” frente al área de Higiene Urbana porteña, en Once.
“Salimos a las calles porque el Gobierno de Jorge Macri decidió poner en riesgo el sistema de reciclado con inclusión social que construimos durante décadas”, fue el lema de la protesta.
En el conversatorio de Trabajo Social volvió a ponerse de manifiesto el clima de angustia e incertidumbre entre los trabajadores. “Somos miles de familias angustiadas. Le pedimos a la comunidad que no regalemos un sistema que costó tanto esfuerzo construir”, cerró Jaqueline, trabajadora de Villa Pueyrredón.
