La Legislatura porteña aprobó la rezonificación de Costa Salguero; el convenio con el grupo IRSA que construirá torres de hasta 145 metros en Costanera Sur. También se aprobaron convenios urbanísticos para permitir torres cuya altura el actual Código Urbanístico prohibe. Agrupaciones vecinales (entre ellas de Villa Pueyrredón y Agronomía) se manifestaron en las adyacencias del palacio legislativo, que estaba vallado y con fuerte custodia policial.
En medio de protestas callejeras, con una Legislatura vallada y custodiada por policías y pese al rechazo de ambientalistas y de la oposición, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta logró sancionar este jueves, antes del recambio parlamentario, la rezonificación de Costa Salguero para construir allí un conjunto de edificios y un acuerdo con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca con torres de hasta 145 metros de altura.
También se aprobaron nueve convenios urbanísticos, que son excepciones al actual Código Urbanístico, y un régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención al Código Urbanístico y al Código de Edificación.
Entre las organizaciones que participaron de la protesta estaban el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler, el colectivo de Arquitectas en defensa de las tierras públicas y grupos de vecinos de los barrios de Villa Pueyrredón y Agronomía (Salvemos al Barrio), Núñez, Parque Chacabuco, Colegiales, Villa Ortúzar, Bajo Belgrano y San Telmo.
“Hoy es un día muy triste para la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo de Larreta votó la pérdida de 100 hectáreas de espacios verdes y humedales sobre la costanera para seguir construyendo torres de lujo que luego quedan vacías por la especulación inmobiliaria” expresó durante la sesión en la Legislatura porteña el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña.
“Quieren un Estado que intervenga a favor de 10 personas, que son los grandes grupos concentrados; están afectando derechos, están generando privilegios para aquellos que pueden sentarse con ustedes a negociar. ¿Dónde está la seguridad jurídica?”, advirtió.
De igual manera, su par de bancada, Javier Andrade, lamentó que “el mercado esté definiendo la ciudad, multiplicando la capacidad constructiva” y acusó al Gobierno porteño de “armar una mesa para el negocio inmobiliario”.
Por su parte, el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas, defendió los proyectos al afirmar que en Costa Salguero se está “poniendo a la ciudad en la primera fila de cara al río” y aseguró que “de las 30 hectáreas que suman Costa Salguero y Punta Carrasco, 25 se convertirán en parque público”. Sobre el convenio con IRSA, remarcó: “Estamos recuperando 50 hectáreas, de 70 que hoy son privadas”.
El abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo afirmó a Télam que “este combo de emprendimientos inmobiliarios va en contra de lo que manifestó la ciudadanía en las audiencias públicas”.
“La venta de tierras públicas para construir viviendas de lujo influye directamente en la falta de acceso a la vivienda que tienen miles de habitantes de la Ciudad”, expresó Cecilia Alvis, referente del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.
El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos anunció que irá a la justicia a cuestionar estos proyectos. “Son un fraude a la democracia participativa ambiental y violan el Plan Urbano Ambiental y la Constitución de la Ciudad” afrimaron.
Las normas aprobadas
La rezonificación de Costa Salguero quedó sancionada con 36 votos a favor por parte del oficialismo y aliados, compuesto por Vamos Juntos (VJ), UCR-Evolución y el Partido Socialista; 22 en contra, del Frente de Todos, del Frente de Izquierda, Consenso Federal y el Gen.
En tanto, el convenio con IRSA también recibió 36 votos a favor, pero sólo 20 en contra, ya que se abstuvieron Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Sergio Abrevaya, del Gen.
Los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que también es afectado por la rezonificación, suman 32 hectáreas; mientras que la ex Ciudad Deportiva tiene 71 hectáreas.
En la sesión también se sancionó un proyecto de ley que incluía 9 convenios urbanísticos firmados por la administración de Larreta y varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida en parcelas de distintos barrios porteños.
En principio eran 11 convenios, pero el oficialismo retiró dos de ellos: los acuerdos que contemplaban los permisos para construir en los predios de la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano, donde estaba previsto una edificio de 53 metros; y el de la avenida Corrientes 3410, esquina Gallo, donde se iba a levantar un torre de 73 metros.
Ambos terrenos pertenecen a dos desarrolladoras inmobiliarias. En el caso del barrio de Belgrano, se trata de un petit hotel que data de 1925, que perteneció al empresario Matías Garfunkel, y tiene un nivel de protección urbana “especial cautelar”. El acuerdo con la constructora preveía la conservación de la casona, pero impulsaba la edificación de una torre por detrás del inmueble.
Los restantes convenios disponen que, por el cambio en la normativa urbana, los empresarios paguen al Estado porteño una compensación económica. Esas partidas irán a un Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable que financiará la reconversión de la zona de oficinas del microcentro porteño, afectada por la pandemia.
La ley que quedó aprobada con 32 votos de los bloques de PRO, Confianza Pública, UCR y Socialismo; y 26 en contra de la Colación Cívica, el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el GEN.
Según argumentó la legisladora Cecilia Ferrero, de la Colación Cívica, “hay una diferencia de criterio respecto de la naturaleza del instrumento de los convenios urbanísticos… su uso debe estar restringido a los casos en que resulte evidente que su objeto y las correspondientes contraprestaciones puedan considerarse de nítido interés público”, sostuvo.
Y señaló que la normativa actual en la que se encuadran esos acuerdos “carece de límites claros respecto de su utilización”, tras lo cual explicó que “por eso en julio del 2020 presente un proyecto para regular el procedimiento de la formalización y ejecución de los convenios”.
El cuarto proyecto, en tanto, crea un “régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención al Código Urbanístico y al Código de Edificación”.
El Frente de Izquierda, en tanto, votó en contra de las cuatro iniciativas de Rodríguez Larreta. “Siempre vamos a defender una ciudad para las y los trabajadores y no para los especuladores”, afirmó Amanda Martín, del Frente de Izquierda.
Alertó además que mientras “en la ciudad se van rematando las tierras públicas” persisten sin solución “dos problemas graves: las inundaciones, que afectan particularmente a las villas, y la crisis habitacional”.
Fuente: TELAM