Fortalecimiento de la Dicom, la dirección
que realiza escuchas telefónicas
Mediante convenios firmados sin aspavientos, la Dirección de Captación de Comunicaciones en manos de un juez con línea directa a Ricardo Lorenzetti aspira a canalizar pedidos judiciales con información sensible a la AFIP y a la agencia antilavado. Pero intentan que se agregue registro de las personas, registro inmueble, de sociedades y también movimientos financieros. Guerra de servicios por una SIDE paralela.
Por Gabriel Morini
Primero fue el panóptico, aquel diseño de arquitectura carcelaria que aseguraba visual de todos los reclusos desde un punto invisible para ellos. Tomado por la filosofía, sirvió para explicar el funcionamiento del poder omnipresente. Allí donde no lo vemos, hay alguien mirándonos y controlando nuestros movimientos. Esa ilusión y su respuesta desde los Estados fue maximizar la sensación de control a través de la creación de redes de espionaje transnacionales, sofisticadas y tecnológicas como Echelon o Enfopol.
Desde entonces, nadie se ha sentido seguro, ni tampoco ha fantaseado que su propio gobierno pueda estar monitoreando cada uno de sus pasos. En Argentina se le agrega un detalle no menor: lo servicios de inteligencia autóctonos – lejos de mantener el bajo perfil de su actividad – suelen irrumpir cíclicamente en la vida pública a través de maniobras poco claras o como instigadoras de episodios informativos que buscan tener un efecto político. En los últimos meses, gran parte de la actividad de los espías criollos estuvo dedicada a un fuego cruzado a la vista de los titulares políticos de las agencias. De seguridad nacional, nada.
Sin embargo, otros organismos sí se han movido en el sentido de concentrar las bases de datos cuyo entrecruzamiento brinda la más poderosa herramienta de control: el conocimiento. Durante la última década, los algoritmos y modelos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se tornaron en la más poderosa base de datos financiera que permitiría a las autoridades detectar cualquier incongruencia fiscal a partir de un cruce de ingresos versus detalle milimétrico de egresos. Esto no solo incluía el sistema de aduanas, sino todos los que, cruzados, registran y acumulan las operaciones de toda índole que realizan las personas en su vida cotidiana.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia hizo su propia jugada para centralizar toda la información financiera que sea requerida por la Justicia a organismos oficiales locales e internacionales, en causas penales que involucren hechos de corrupción, lavado de dinero o delitos económicos.
La decisión, de gran trascendencia – pese a que sólo fue comunicada de forma institucional con la firma de dos convenios (con la AFIP y con la UIF a mediados de marzo pasado) – despertó el recelo de algunos jueces federales. Serán quienes a partir de ahora deban pedir información sobre personas sospechadas para que sea el máximo Tribunal quien canalice cualquier pedido de levantamiento del secreto fiscal.
Además, se validó formalmente que la unidad antilavado no provea más a los jueces de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se limite a informes de inteligencia orientativos. La materia prima de la UIF eran esos reportes que alimentaban los expedientes de la justicia federal y de la justicia en lo penal económico. Algo había cambiado.
A la par de que la Corte fortaleció el poder en torno a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, a cuyo cargo quedó uno de los elementos más sensibles para el común denominador del espionaje que es la estructura de escuchas telefónicas legales.
Arreciaron versiones de que existió la compra adicional de software que pudiera intervenir contenidos de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram. Son los más populares utilizados a diario por millones de argentinos que no creen que cuando aprietan el botón y envían sus textos, alguien más que el destinatario podría estar leyéndolo.
Dos convenios de “colaboración”, firmados por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, encendieron las alarmas en tribunales y alentaron las lecturas sobre sus implicancias en las investigaciones penales. Por un lado, uno que rubricó Alberto Abad con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otro con al Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici.
Establecen el protocolo para pedidos de informes a esos organismos por parte de los jueces que tengan a su cargo investigaciones por crimen organizado, lavado de dinero, delitos económicos y (aunque no se detalla) casos de corrupción, ya que incluyen los requisitos para cualquier pedido que involucre el levantamiento del secreto fiscal, lo que abarca cualquier investigación patrimonial contenida en causas por delitos contra la administración pública.
Una primera lectura, fortalece aún más la estructura creada por Lorenzetti que tiene a bajo su mando las escuchas, a cargo de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Ambos son titulares de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, cuyo director ejecutivo es Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo.
Podrán ampliar la firma de subconvenios, cuyo eventual alcance llamó la atención de algunos jueces. “El requerimiento de información amparada por el secreto fiscal a la AFIP deberá ser canalizado por el juzgado requirente a través de la Dirección” al menos por los próximos dos años.
En el de la UIF, se subraya que “resulta de vital importancia establecer parámetros que permitan asegurar que los pedidos de colaboración cuenten con una entidad razonable”. Y agrega: “los tribunales competentes se abstendrán de requerir a la UIF la remisión de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. La UIF, no podrá remitir reportes de operaciones sospechosas a los tribunales competentes, sino que comunicará los resultados de su análisis mediante el envío de informes de inteligencia financiera”.
Ese fue el primer paso que luego se plasmaría en el marco de otra puja de poder que enciende un virtual enfrentamiento entre la “Casa de los Espías” y esta nueva estructura, atesorada y cultivada por los jueces, con las pinchaduras telefónicas como trasfondo.
Pero pese a lo sólida y meditada jugada política, un tecnicismo puede poner en vilo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extendió el mandato a Irurzun y Leal de Ibarra al frente de esa dirección, hoy estratégica. La Asociación Civil Abogados por la Justicia Social La Plata (AJUS) inició un amparo para anular el DNU 102/2017, dado que no tiene la firma de dos ministros del Gabinete (el de Justicia, Germán Garavano y el de Producción, Francisco Cabrera).
La demanda señaló que los DNU se dictan en “Acuerdo General de Ministros” lo que implica la firma de cada uno de los ministros, y que su ausencia constituye un “vicio grave que lo torna nulo”. La causa arribó el jueves al escritorio de la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra Giménez.
La causa que avanzó a paso de tortuga recién se encuentra en la etapa en la que se solicita un informe al Estado para saber cómo contesta el pedido de amparo. En rigor, si tres meses después de presentada solo avanzó ese casillero significa que los propios tribunales están haciendo un guiño para estirar la cuestión sin ánimo de hacer daño con una decisión veloz y taxativa.
En las últimas semanas, el proceso de crear una mega red de procesamiento de datos sensibles (muchos de ellos equiparables a tareas de inteligencia) en manos del Poder Judicial comenzó a acelerarse, de la mano de la creación de una “Superliga” de jueces.
Al primer objetivo de blindarse le sigue el de recopilar el acceso a los datos más importantes de los ciudadanos. La Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom), podrá convertirse así en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado y de organismos públicos. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad, el del Automotor.
La canalización de datos de la AFIP y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF), como se mencionó anteriormente, apunta a ser el corazón de esos datos sensibles a los que tendrá acceso la cúpula del Poder Judicial, que no descarta abrazar información de índole financiera a través de la firma de un convenio con el Banco Central de la República Argentina. Una mega agencia en manos de los jueces.