El miércoles 17 de mayo, en el marco del día mundial del reciclado, las cooperativas de cartoneros y cartoneras de la ciudad realizaron una jornada de visibilización, con la consigna “No somos basura”, en repudio a la discriminación del Gobierno de la Ciudad en una licitación para el relevamiento de la higiene urbana en la vía pública por un monto de más de 1.500 millones de pesos. La justicia frenó, con una pre cautelar, el proceso licitatorio.
Por Ignacio Di Toma Mues
“Los cartoneros y cartoneras somos trabajadores indispensables en el funcionamiento de la economía circular. Nuestro trabajo es fundamental para la recuperación de material reciclable. Reduciendo la cantidad de basura que se genera en la Ciudad de Buenos Aires. Los cartoneros y cartoneras NO SOMOS BASURA”, manifestaron desde la Cooperativa “El Álamo” de Villa Pueyrredón.
“Para nosotros hoy el gobierno muestra como nos tienen en cuenta haciendo un escenario paralelo a lo que nosotros mostramos todos los días, ellos nos tratan realmente como una gran basura, y no entender que nosotros somos los cuidadores del medio ambiente” expresó Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
Y denunció la persecución a los recicladores, a los que trabajan en cooperativas, como así también a los excluidos del sistema, a los independientes. Lo hizo durante la jornada del 17 de mayo en el obelisco, junto a cartoneros y cartoneras, donde el Gobierno de la Ciudad hizo una intervención con botellas plásticas por el día mundial del reciclado.
En parques y plazas de distintos barrios porteños se realizó la jornada de visibilización, y en la Comuna 11 y 12 la llevó a cabo la Cooperativa El Álamo. Uno de los puntos fue en Av. De los Constituyentes y Larralde, a pocos metros de su planta de separación y clasificación. Otro epicentro fue en la Plaza Arenales, en Nueva York y Chivilcoy.
El conflicto se desató cuando el Gobierno de la Ciudad lanzó la licitación por el “Servicio de Relevamiento de Condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En los pliegos se establece que se deben relevar “todos aquellos hallazgos vinculados mediata e inmediatamente con la limpieza del espacio público y la percepción de higiene urbana”. Entre los hallazgos se considera la presencia de personas en situación de calle y de recuperadores realizando acopio de material en vía pública. El monto presupuestado es de 1.525.990.897,15 millones de pesos por un periodo de 18 meses.
La justicia frena la licitación
Ante esta situación, el 20 de abril último, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Asociación Civil “Asociación Proyecto 7 Gente en Situación de Calle” y la representante legal de Isauro Arancibia Asociación Civil por el Derecho de Niños Niñas y Jóvenes a Elegir su Propio Futuro, presentaron un amparo ante la justicia porteña.
La jueza Patricia López Vergara, dio lugar a la presentación, y ordenó el 27 de abril – como medida precautelar – la suspensión del procedimiento licitatorio e intimó al Gobierno de la Ciudad a que en acompañe todos los antecedentes administrativos que dieron origen al proceso licitatorio.
En los considerandos la magistrada advirtió que “las tareas de relevamiento comprenden tomar registro escrito y fotográfico de los hallazgos, en el que se expongan datos de ubicación geográfica, fecha y hora, su descripción y las observaciones que se estimen”.
López Vergara consideró qué “el relevamiento con ese alcance sobre las personas y/o grupo de personas diferenciados en la disposición, implicará el aporte de datos personales y/o identificatorios, descripciones de su modo de vida, de condiciones físicas, de su composición familiar, etc., que configurarían ante su concreción una violación a su derecho a la intimidad”.
Y concluyó: “Es que, conforme la doctrina jurisprudencial estadounidense los derechos de las minorías discretas e insulares, como lo referenció hace tiempo su Corte, exigen una mayor supervisión al estar en una posición más desventajosa. Ello implica un gran reto para quienes como jueces y juezas deben afrontar con el mayor celo una tutela eficaz en los términos que obligan tanto la Carta local como una conciencia social. Sin olvidar que quienes no acceden a los bienes primarios básicos –dado que habitan en la calle– tampoco tendrán acceso a los bienes jurídicos básicos que el derecho les ofrece”.