Tironeos en el Fuero Federal
de Comodoro Py con Ariel Lijo |
El magistrado más influyente encontró la primera resistencia desde la política que comienza a atizar una causa en su contra. A la par, el juez mantiene vivo uno de los expedientes que más preocupa a la administración Cambiemos por la quita de la deuda que impacta en la familia presidencial. El caso Michetti y la detención de Boudou en la mira como un capítulo de la puja que anticipa mayores capítulos.
Por Gabriel Morini
Ariel Lijo fue y es uno de los magistrados más poderosos de los tribunales federales de Comodoro Py. Nombrado en 2004 por Néstor Kirchner, obtuvo acuerdo del Senado en una tanda que incluyó a otros magistrados notables como Daniel Rafecas y Julián Ercolini, llegados de la mano del exprocurador Esteban Righi.
Sobre Lijo el “padrinazgo” provino de otro sector. Fue el histórico secretario de la Sala I de la Cámara Federal de María Luisa Riva Aramayo, mujer fuerte de los años 90 en la justicia federal. De ella probablemente heredó su principal característica: la cintura política. Esa cualidad le permitió durante una década acumular poder y buenas relaciones en el fuero más político de toda la justicia.
Hizo buena letra en materia de derechos humanos instruyendo el expediente que derivó en condenas a los integrantes del Batallón 601, elevó a juicio oral a los presuntos responsables del encubrimiento del atentado a la AMIA (con el expresidente Carlos Menem incluido) y fue el primer juez en la historia en llamar a indagatoria a un vicepresidente en ejercicio, Amado Boudou. Todo sin tener que pasar a dar respuestas por el Consejo de la Magistratura, y aceitando su ascendencia sobre sus pares, lo que lo catapultó al rol de referente entre los federales.
En 2016, se convirtió en el factótum de la denominada Asociación de Jueces Federales (AJuFe), una agrupación que se postulaba como polo de poder en Comodoro Py y que se blindaba ante posibles ataques del gobierno de Cambiemos, personificados en la siempre díscola Elisa Carrió.
Sin embargo, este año la denuncia planteada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires – ligado a las grandes empresas y con creciente poder dentro del Gobierno – ofició como bisagra para hacerlo trastabillar, y sirvió también para que sus enemigos alumbren un costado siempre incómodo para el juez: el rol de su hermano Alfredo como presunto influyente en tribunales. Su fortuna y sus lazos con camaristas, magistrados y empresarios comenzaron a aflorar al tiempo que la Casa Rosada actuaba como distraída y fingía descontento con la filtración de las imágenes de la detención de Amado Boudou, ordenada por el magistrado dos días después de haber sido denunciado por retardo de causas por corrupción.
Los motivos que generaron ese espectáculo en un raid de prisiones a exfuncionarios dejaron perplejos a los habitantes de tribunales que encontraban difícil de justificar semejante decisión en una causa que no despertaba peligro, incluso en un contexto naturalizado sobre los denominados “lazos residuales de poder”, doctrina emanada de la Cámara Federal y de tangible peligrosidad.
El presidente Mauricio Macri simuló un mensaje de enojo por la difusión de las imágenes de la detención del exvice, criticadas a ambos lados de la grieta por violentar el proceso legal. Fue una excusa para que no se afloje el lazo sobre uno de los jueces más importantes del fuero federal.
Las fotos y los videos habían llegado a manos de los medios de comunicación antes de que Boudou fuese trasladado ese mismo día desde un destacamento de Prefectura Naval hacia los tribunales de Retiro. Es decir que se filtraron antes de que el exfuncionario pusiera un pie en tribunales.
Lijo – siempre central para el humor de tribunales – ya tenía en la era Cambiemos dos causas con relevancia política bajo sus manos. Una la cerró sin demasiado trámite. Otra la mantiene expectante y es la que preocupa al Gobierno que entiende que el magistrado maneja admirablemente los tiempos de la justicia pero sobre todo de la política.
La primera complicó durante unos meses a la actual vicepresidenta Gabriela Michetti por una insólita derivación de una denuncia que ella misma formuló por un robo en su domicilio el día en que la fórmula que integra fue ungida para la primera magistratura.
Se descubrió que el dinero faltante – cuyo entregador habría sido uno de sus propios custodios – provenía de una turbia fundación con aportantes en efectivo que almacenaba el dinero en bolsas de papel madera en su propio domicilio.
La totalidad de los aportantes – amigos y allegados políticos de Cambiemos – quedaron en la mira porque no obtuvieron recibos por los fondos donados y tuvieron múltiples vacíos en sus declaraciones que dejaron en una situación incómoda a Michetti. Más allá de eso, Lijo optó por tenderle un puente al mal trago: en lugar de procesar a todos los testigos que propuso por falso testimonio y ordenar investigar una serie de fundaciones del PRO cuyo rol de recaudación lo sumergiría en el particular mundo del financiamiento de la política, dispuso el cierre de la investigación. El 12 de abril de este año la sobreseyó por el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron.
En paralelo, los expedientes en manos de sus pares comenzaron lentamente a desinflarse. Un año después de haber asumido el poder, Cambiemos tenía medio centenar de funcionarios de primera, segunda y tercera línea imputados en causas penales. Un récord.
La Asociación de Jueces Federales – del que Lijo es secretario – emitió un decálogo de recomendaciones para mejores prácticas judiciales pero su pronunciamiento más fuerte no fue contra el juicio político al camarista Eduardo Freiler, sino en defensa de Guido Otranto, el magistrado que fue luego apartado por pérdida de imparcialidad en el caso de la muerte de Santiago Maldonado.
El juicio político a Freiler, con más inquina política que evidencia judicial, reveló la punta del ovillo que el Gobierno aprovechó para mostrarle los dientes a Lijo. Carla Lago, exesposa de Alfredo Lijo – su hermano – fue citada a declarar en el marco de una sociedad que tuvo con el excamarista. Allí amplió sus dichos y aseguró que tanto el juez como su hermano tenían negocios en común con Freiler.
También quedó a la luz la misteriosa Inversora Callao, una financiera que prestó fondos a magistrados (a Freiler para comprar la casa por la que fue denunciado), pero que también compartió escribanía con la que certificó el nacimiento como asociación de AJuFe.
El Consejo de la Magistratura – de la mano del macrista Pablo Tonelli – amenazó con una citación a “Freddy” Lijo en el marco del proceso disciplinario contra Freiler, aunque en un expediente paralelo. Lo pospuso justo a tiempo para la sentencia que destituyó al juez de la Sala I de la Cámara Federal, con lo que la citación y otras acusaciones cayeron oportunamente.
Lijo tiene en sus manos uno de los casos que más problemas políticos ha causado a la administración Cambiemos: la causa por la renegociación de la deuda de Correo Argentino SA con el Estado.
Ese acuerdo fue bloqueado por ruinoso para las arcas estatales por la fiscal general Gabriela Boquín. Pero ese dictamen derivó en una imputación penal contra Mauricio Macri, su exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y el funcionario de esa cartera facultado para firmar la quita de la deuda que fue objetada por ser perjudicial a los intereses del Estado y beneficiosa para la deudora, las empresas del grupo que lidera Franco Macri, padre del presidente.
El fiscal Juan Pedro Zoni – candidato a ser eyectado de Comodoro Py si prospera la reforma a la ley de Ministerio Público que impulsa el oficialismo por haber sido trasladado por Alejandra Gils Carbó – solicitó una serie de medidas. Lijo, con cintura para surfear la ola, mantuvo latente el expediente sin generar mayor ruido tras el cimbronazo político que generó que el propio mandatario tuviera que anunciar un “foja cero” de la negociación que también quedó freezada en el ámbito comercial.
La aparición de una cuenta en Suiza con beneficiarios ligados a Alfredo Lijo y que se haya ventilado su participación en un Haras de caballos de carrera forman parte del juego de pinzas que el Gobierno ha decidido aplicar contra uno de los magistrados que más conoce el vaivén y los tiempos de la política.
En su entorno, el juez afirma estar tranquilo con su situación y con sus decisiones, mientras que el Consejo de la Magistratura también empieza a delinear una investigación en su contra, en base a cuestiones patrimoniales. Los próximos meses serán decisivos para el futuro de la guerra en ciernes.