La aprobación de la creación de la Agencia de Bienes del Estado en la Legislatura Porteña abre el debate sobre la participación de los capitales privados en el rediseño de la fisonomía de la Ciudad. ¿Modernización o rapiña?
[ Los bienes del Estado y los planes de Rodríguez Larreta ]
Por Fernando Casasco
La puesta en marcha del Paseo del Bajo, la Villa Olímpica, el Centro de Exposiciones y Convenciones en Recoleta, el Parque de la Innovación en Núñez, el nuevo polo gastronómico en la plaza Houssay, el Ecoparque en el actual Zoológico.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, no se anda con chiquitas a la hora de proyectar una nueva fisonomía para la geografía porteña. Eso sí: las nuevas inversiones vendrán en casi todos los casos acompañados por capitales privados, con todo lo que ello implica.
En la sesión del pasado 9 de junio, la Legislatura aprobó por 42 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, la creación de la Agencia de Bienes de la Ciudad, la cual tendrá a su cargo la administración de unos 2.400 inmuebles estatales. La iniciativa contó con los votos favorables del PRO, Suma+, Confianza Pública, el Frente Renovador y una parte del Frente para la Victoria.
El kirchnerismo votó dividido: cuatro legisladores se mostraron a favor de la iniciativa, hubo dos abstenciones y el resto de los diputados se unió a la oposición a la iniciativa, junto a las bancadas de la Coalición Cívica, la izquierda, el Partido Socialista, el Socialismo Auténtico y Bien Común.
La bancada de Suma+ (integrada por miembros de la UCR y seguidores de Martín Lousteau) brindaron su apoyo cuando se excluyó del proyecto original la venta de parte del predio “El Dorrego”, en el barrio de Colegiales.
Además, el PRO debió hacer otras modificaciones, como la garantía de que cualquier transacción con inmuebles estatales deba pasar por la Legislatura y contar con los dos tercios del total de sus miembros para aprobarse.
El jefe de la bancada oficialista, Francisco Quintana, sostuvo que la sanción de la norma se hace “pensando la Buenos Aires del futuro, para generar un espacio público que puedan disfrutar todos”. Por su parte, el socialista Roy Cortina criticó que el “modelo de desarrollo urbano se confunde con el negocio inmobiliario”.
Asimismo, Maximiliano Ferraro de la CC, sostuvo que no se pueden “discutir políticas de desarrollo urbano sin poder discutir seriamente la plusvalía del suelo, que es un bien escaso en la Ciudad de Buenos Aires, que ya no tiene para dónde crecer”.
Junto con la norma se aprobó la expropiación de las tierras donde actualmente funciona el Tiro Federal, en el barrio de Núñez, y que fuera cedido hace décadas a la institución. Allí se construirá el denominado “Parque de la Innovación” (con espacios verdes, campus universitarios, laboratorios y empresas de tecnología), que se conectará mediante un puente con la zona de Ciudad Universitaria. Pero unos 15 mil metros cuadrados del total de 120 mil de los terrenos se reservarán para ser vendidos a particulares, en donde se construirán viviendas y locales comerciales.
Según la norma aprobada, el Tiro Federal conservará sólo tres hectáreas, las pertenecientes a su polígono, declarado monumento histórico nacional. Pero los 3.500 socios de la institución no están dispuestos a entregar parte de su patrimonio: presentarán amparos ante la justicia para evitar lo que consideran un verdadero negociado inmobiliario. Es que la zona es una de las de mayor cotización en la Ciudad, con el metro cuadrado a 4 mil dólares. Los vecinos también temen que la construcción de viviendas en terrenos ganados al Río de la Plata complique aún más los problemas de infraestructura de la zona.
Socio bobo
La desconfianza se expande frente a un gobierno que proyecta grandes obras que, en algunos casos totalmente y en otros de manera parcial, son usufructuadas por privados. En el mes de mayo la Legislatura había aprobado – a instancias del Ejecutivo – la creación de un polo gastronómico y comercial en el subsuelo de la Plaza Houssay, en la zona de las facultades de Medicina y de Ciencias Económicas de la UBA.
El proyecto establece en 30 años el plazo máximo de concesión y el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y de una playa de estacionamiento.
El Poder Legislativo porteño también dio vía libre a la concesión en manos privadas por 15 años del Centro de Exposiciones y Convenciones que se construye en el barrio de Recoleta, anexo a la Facultad de Derecho.
La construcción de 50 mil metros cuadrados, con un costo de casi $ 500 millones pagados con impuestos de los porteños, sólo podrá ser usado sin cargo por el Estado durante 45 días al año.
Algunos legisladores destacaron que, a partir de las negociaciones, el tiempo en que el espacio estará concesionado se redujo a la mitad, ya que originalmente el proyecto establecía un periodo de 30 años.
En cambio, otros mantuvieron su oposición: el diputado Adrián Camps, del Socialismo Auténtico, afirmó que “la Ciudad pone la plata y el privado hace el negocio, sin pagar un solo peso. Seguimos siendo el socio bobo de los intereses privados”.
Desde el Observatorio del Derecho de la Ciudad también cuestionaron el trato. “¿Qué puede justificar – se preguntan – que un privado reciba grandes ganancias de la explotación de una obra pública, costeada completamente por la Ciudad, sin inversión alguna por parte del concesionario, y cuya gestión no es de una complejidad técnica importante para que no pueda ser administrada por el GCBA?” Y remarcan: “La única respuesta que subyace a esta decisión es garantizar negocios de privados con la tierra y la inversión pública”.
El negocio hecho por privados en base a la concesión de espacios públicos también evoca hechos recientes de la Ciudad, que sin embargo se tapan rápidamente en los medios de difusión masivos.
Por caso, los concesionarios del predio de Costa Salguero – la empresa Telemetrix -, en el que ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, pagan al Estado porteño $ 3 millones de canon, mientras que sus ganancias ascienden a $ 30 millones, según un informe que el propio Ejecutivo envió a la Legislatura. Además, las autoridades habilitaron descuentos en el pago de dicho canon, a cambio de obras menores.
Varios de los titulares de la concesión del predio se repiten en el directorio de Costa Salguero S. A., la subconcesionaria del centro de convenciones, que suele ser bunker electoral del PRO y donde el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró su casamiento con Juliana Awada.
Además, algunos de esos directivos tienen relaciones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, tal es el caso de Fernando Polledo, esposo de Carmen Polledo, vicepresidenta primera de la Legislatura.
Los cambios y negocios encarados por la gestión de Rodríguez Larreta no se quedan allí: la Jefatura de Gobierno ya se despachó con la venta del Edificio Del Plata, sobre la céntrica Avenida 9 de Julio, en abril pasado. Quedó en manos de Eduardo Elsztain, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país y titular del Banco Hipotecario, en algo más de 68 millones de dólares.
Para los próximos años también se anunciaron otros mega-proyectos, con los que el Gobierno de la Ciudad promete la creación de 100 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos: la construcción del “Paseo del Bajo” o Autopista ribereña, que unirá la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Illia, a través de 6,7 km., con carriles subterráneos para el transporte de cargas y espacios verdes para los vecinos; el emplazamiento de la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud de 2018 en la zona sur, la cual se transformará en viviendas sociales luego de desarrollada la competencia; o el reciente anuncio de la construcción de un Ecoparque en el actual Zoológico porteño.
La duda es si en todos estos emprendimientos el Estado continuará siendo el “socio bobo”, mientras los privados acumulan pingües ganancias.