El próximo viernes 26 de agosto se realizará una manifestación de apoyo a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en Villa Pueyrredón. Será en la esquina de Artigas y Mosconi a partir de las 19 horas.
Por Ignacio Di Toma Mues
En la esquina de Artigas y Mosconi, epicentro comercial de Villa Pueyrredón, este viernes 26 de agosto a partir de las 19 horas se realizará un “semaforazo” en apoyo a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de tres años de juicio oral, el fiscal Diego Luciani pidió para la Vicepresidenta una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Cabe destacar que se llegó al inicio de este juicio en 2019 sin contar con los peritajes de las 51 obras viales cuestionadas, que se habían adjudicado en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. Finalmente el Tribunal decidió que sólo se peritaran 5 de ellas. Los peritos contadores que actuaron llegaron a la conlusión que no hubo sobreprecios. Sin embargo los peritos ingenieros, de la Corte Suprema y de la Fiscalía, dijeron lo contrario.
La periodista Sofía Caram, que siguió todas las audiencias, escribió que el perito ingeniero por la fiscalía reconoció que “los cómputos de los diferentes ítems no los hizo él, sino que se los encargó a un grupo de arquitectos. Además, que no usó los planos de las obras para los cálculos, por lo que no tuvo en cuenta las diferentes alturas de los terraplenes (por las variaciones en el terreno que hay en la Patagonia) y sacó un precio final estimativo”.
Caram explicó que “una de las obras en la que los peritos determinaron sobreprecios fue la construcción de la Ruta 3. Sin embargo, en la audiencia quedó en evidencia que -al no trabajar con los planos- calcularon los valores en base a la construcción de una mano de la ruta desde cero y la otra de mantenimiento. Sin embargo, las defensas exhibieron los planos y los pliegos de licitación, donde se evidencia que se construyeron ambas trazas en su totalidad, lo que arrojó costos mayores a los que consideraron los ingenieros”.
Tampoco tomaron en cuenta los mantenimientos en invierno con temperaturas bajo cero, formación de hielo y fuertes nevadas.
Informe de Javier Iguazel
El informe, que ordenó Javier Iguazel al asumir en 2016 como interventor de Vialidad Nacional durante la Presidencia de Mauricio Macri, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad y con fecha del 15 de marzo de 2016, fue el puntal de la denuncia contra los funcionarios kirchneristas y la actual vicepresidenta de la Nación.
En las conclusiones se detalla que “del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo algunos casos puntuales que fueron detallados en cada obra” y que “los desajustes de certificación de obras observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”
El informe da cuenta de la concentración de obras en las empresas de Lázaro Báez, 51 de las 83 obras. Los distintos testimonios brindados en el juicio por empresarios de la construcción expresaron que esto ocurre en todas las provincias en favor de las empresas locales por cuestiones logísticas.
“Por supuesto, tienen mucha ventaja competitiva… tienen logística en el lugar de la obra, y menores costos de transporte de maquinarias y personal” declaró el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
También se informó que del total de obras en el país por un monto vigente a 2016 de 183.852 millones de pesos, la ejecución era del 63,9%. En la provincia de Santa Cruz este monto ascendía a 21.269 millones con una ejecución del 62%. Desagregado por las empresas del grupo de Lázaro Báez, sobre un monto total de 16.386 millones, se había ejecutado el 55,3%.
Respecto a los tiempos de pago, el informe reconocce las preferencias con Baez, que tenían una demora de 34 días contra un promedio de 231 días en el resto.
En el informe se señaló que el 90% de las obras fueron licitadas, adjudicadas y controladas por Vialidad de la Provincia de Santa Cruz con fondos nacionales aprobados por el Congreso de la Nación.
Marcelo Guillermo Bianchi, Auditor Interno de Vialidad Nacional, uno de los autores del informe, señaló en el juicio que “Nunca, en todos los años que llevo trabajando en Dirección Nacional de Vialidad me pidieron un informe en 15 días y un informe limitado a un solo distrito, el 23, Santa Cruz”. Y explicó que “vimos un control razonable, aceptable. Yo cuando leo lo que entregamos pienso que debimos tener más tiempo, porque lo que falta en ese informe es una comparación con otros distritos. Pero lo querían en 15 días”.
El ingeniero Justo Romero, quién también firmó el informe, a cargo del área operativa de Vialidad Nacional, declaró: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”.
Y aseguró que Iguazel paralizó las obras. “Esto lleva indefectiblemente a que lo hecho debe ser destruido y hay que hacer todo de nuevo. Es un perjuicio multimillonario para el Estado. Infinitamente más perjuicio que el 0,006 por ciento de los desajustes. Todo lo que se hizo público fue falso: eso de que había rutas que terminaban en la nada, es absolutamente falso”.
Sin embargo el fiscal Luciani en su alegato aseguró que “el estudio de las comunicaciones (chats en el telefono de José López) confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”. Pero no existen chats en los que se encuentre la participación de la actual Vicepresidenta.
Cabe destacar, que la Constitución nacional, reformada en 1994, establece en su artículo 99 que el Presidente “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” y que “supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales”.
En cuanto a la figura del Jefe de Gabinete de Ministros y los ministros, el artículo 100 expresa que “el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación”.
Y especifica que “al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde ejercer la administración general del país”.
En su alegato, el fiscal Luciani desvinculó a los ex jefes de gabinete. Tampoco involucró al Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta, que ejerció el cargo entre los años 2007 y 2015, y que estuvo enfrentado al kirchnerismo.
En los tres años que duró el debate oral ninguno de los testigos mencionó a Cristina Fernández de Kirchner, ni se mostraron documentos firmados por ella, ni chats telefónicos o correos electrónicos que la involucraran con alguna irregularidad. Sin pruebas concretas, se recurrió a la figura penal de la “asociación ilícita”.
¿Se entiende?
Deporte y familia
El fiscal Diego Luciani integra un equipo de fútbol junto al Presidente del Tribunal Oral, Rodrigo Giménez Uriburu, y el integrante de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sala que deberá decidir sobre las apelaciónes de este juicio.
Hornos era un asiduo visitante del entonces presidente Macri con el cual, admitió ante los presidentes de las salas de Casación, mantiene una “relación social”. Josefina Hornos, es la sobrina del juez de Casación, esposa de Giménez Uriburu y secretaria del Juzgado Federal N.º 8 a cargo del Juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El trío de Comodoro Py participaba de un torneo organizado por Mauricio Macri (que integra el equipo Los Cardenales) en su quinta privada “Los Abrojos”. El ex presidente relató en su libro Primer Tiempo de Editorial Planeta: “Esa quinta fue muy importante para mí durante los cuatro años de la Presidencia. Fue mi cable a tierra. Olivos era el trabajo. Los Abrojos en cambio fue la posibilidad de no perder el contacto conmigo mismo, con mis afectos de siempre”.
Y la periodista del Canal LN+, Laura Di Marco, escribió en su libro (la biografía de Mauricio Macri) publicado en 2017: “Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche – en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky - no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a ‘San Miguel’, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro”.
Además la Sala IV de Casación la integra Mariano Borinsky, quién reconoció que iba a la Quinta de Olivos a jugar al tenis y al paddle con Macri.