El Gobierno porteño pondera más a trabajadores de planta (en roles “gerenciales”) que a militantes o vecinos con trayectoria. Desde hace años las Comunas porteñas pasaron de ser el ámbito de la democracia participativa a áreas centralizadas bajo el comando del Poder Ejecutivo porteño.
Juan Manuel Castro, de la Cooperativa de Editores barriales EBC
para el portal “elbarriopueyrredón”
De militantes y vecinos con trayectoria social a funcionarios de carrera y perfiles técnicos. Desde hace años las Comunas porteñas pasaron de ser el ámbito de la democracia participativa a áreas centralizadas, con mediciones y políticas públicas planificadas desde el Poder Ejecutivo porteño. En octubre, por tercera vez en la historia de la Capital Federal, se eligen comuneros en las urnas y desde el partido de Gobierno apuestan a consolidar este recambio.
Tras un proceso de lucha vecinal respaldado por los principios de democracia participativa de la Constitución porteña, se aprobó la Ley 1.777 en el año 2005, que establece el rol de las 15 Juntas Comunales, integradas cada una por siete comuneros. Fija un diálogo con el Poder Ejecutivo, pero también atribuciones propias.
Los primeros representantes comunales asumieron en diciembre de 2011. El oficialismo, que preside las Juntas y tiene más integrantes, fue el PRO-Vamos Juntos y desde la oposición hubo representantes del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana y Proyecto Sur y Evolución. Al ser un proceso inédito en la historia de Buenos Aires, las dos camadas que ejercieron funciones (repartidas en periodos de cuatro años) atravesaron distintos periodos.
En forma sostenida, los comuneros de oposición denunciaban que el Gobierno porteño les retenía tareas que por ley correspondían. También alegaban que faltaban recursos y voluntad política. “Nunca les gustó que haya comuneros de perfil político o militantes, ahora van hacia un rol gerencial para ratificarlo”, señalan comuneros de Unidad Ciudadana para esta nota.
En sus inicios, el Poder Ejecutivo publicó varios decretos para transferir a las Comunas responsabilidades sobre poder de policía (inspección de autos abandonados y uso indebido del espacio público), poda y cuidado de calles secundarias. Incluso, durante varios años las Comunas se encargaron de hacer licitaciones públicas para arreglos de espacios públicos.
Sin embargo, el Ejecutivo de la Ciudad eligió el centralismo en ciertas áreas al argumentar que era mejor para administrar recursos. Por ejemplo, el año pasado se aprobaron leyes para que el arreglo y seguimiento de veredas esté a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; las Comunas solo intervienen ante remociones de ejemplares arbóreos dañados.
Además, las licitaciones las hace la Jefatura de Gabinete de Ministros, área que define anualmente el presupuesto de cada Comuna. Hubo proyectos para que los vecinos planifiquen gastos mediante presupuestos participativos, pero nunca se votaron.
El Ejecutivo modificó la estructura de varios organismos de la Jefatura de Gabinete. Se discontinúo la secretaría de Descentralización y se creó la secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, a cargo de Facundo Carrillo, ex comunero en Recoleta. Se trata, en los hechos, del organismo de la Jefatura de Gobierno al cual reportan las Comunas. Los 15 presidentes de Junta Comunal dialogan de forma directa con Carrillo y sus equipos técnicos.
En 2017, en cada Comuna asumieron cuatro gerentes, a través de la Resolución Conjunta N° 1863/MHGC/17. Se eligieron personas que ya desempeñaban tareas en el organigrama de empleados públicos, con experiencia y con un claro perfil técnico y no territorial. En las comunicaciones oficiales de las Comunas se empezaron a incluir sus nombres junto al de los comuneros. Los vecinos que antes trataban con los juntistas empezaron a familiarizarse con estos nuevos cargos.
Dos años más tarde y ante una nueva elección, el Gobierno porteño puertas para adentro se muestra conforme con estos roles gerenciales. “Al vecino le importa que le resuelvan los problemas, no le importa el nombre o cargo”, sentencian de forma extraoficial desde el Poder Ejecutivo.
Otras fuentes consultadas agregan: “Los primeros comuneros del oficialismo venían de trabajo territorial, muchos punteros del PJ o la UCR, en menor medida referentes locales sin partido. Ahora, se piensa en gente formada dentro de la administración”.
“Los únicos comuneros que hicieron trayecto político fueron Alicia Besada (Comuna 6 de Caballito) que fue diputada nacional y Jorge Apreda que ahora es legislador y presidió la Comuna 4 (Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca, Barracas); los demás fueron reelectos o pasaron a organismos porteños o nacionales”, añaden.
Comuneros de Evolución (que tienen como referente a Martín Lousteau) consultados se mostraron conformes con el desempeño vigente: “Somos un nexo entre vecinos y el Gobierno, estamos en contacto con las áreas como Tránsito, Policía de la Ciudad. Son muchas las demandas, pero se cumple”.
La ley 1.777 fomenta la descentralización también con la existencia de asambleas vecinales mensuales llamadas Consejos Consultivos Comunales. En contraposición, desde 2017 existe una plataforma de votación digital llamada BA Elige. El Gobierno porteño financia las ideas más votadas. Vecinos y comuneros de la oposición afirman que esto atenta contra la democracia participativa de la ley de Comunas.
Esta situación despertó varios pedidos de informes en la Legislatura porteña e incluso varios amparos judiciales, cuyos fallos fueron favorables para el Ejecutivo porteño. Hay otras obras del Gobierno que podrían contar con la opinión de comuneros y vecinos. Por caso, se licitó por 11.000.000 de pesos la instalación de 15 murales de fotomosaico con imágenes de hitos barriales. La licitación habla de generar encuentros vecinales, pero no convoca al Consultivo.
“En BA Elige o en los nuevos roles gerenciales se muestra la idea que tiene el Gobierno porteño sobre las Comunas”, dice Pablo Ortiz Maldonado, ex comunero y actual director de la Comisión de Descentralización de la Legislatura. “Más allá de la composición de las futuras Juntas, hay una inclinación a pasar el trabajo de las Comunas por oficinas y no por las demandas de los vecinos en la calle”, concluye.