Comodoro Py se reperfila en busca de señales
Jueces aplican habitual método de supervivencia ante cambio de clima político. Múltiples gestos a la espera de decodificar qué es lo que pretende Alberto Fernández para la justicia federal con mayor exposición política y protagonista de embestida anti-K. Algunos aguardan y se adaptan “por las dudas”. Migración y corrimientos sigilosos.
Por Gabriel Morini
Transición en Tribunales Federales
El resultado de las PASO, confirmado luego en las elecciones generales, motivaron un reperfilamiento habitual para el ecosistema del Poder Judicial ante los fines de ciclo: la reconversión de los jueces federales de Comodoro Py, puestos en “modo supervivencia”.
Esa adaptación que atraviesa siempre a los tribunales de Retiro ante cada cambio de viento político asomó con varias particularidades que han hecho “despertar” expedientes aletargados sobre hechos de posible corrupción o irregularidades de la administración Cambiemos. Y, por otra parte, una revisión más seria de algunos de los procesos que fueron llevados adelante con más prisa que rigor respecto al universo kirchnerista durante los últimos cuatro años.
Operadores, jueces y fiscales coinciden en algunas apreciaciones que servirán de base para entablar su relación con el futuro presidente, Alberto Fernández. Es la primera vez que un primer mandatario es un conocedor puro de la maquinaria de poder de la justicia federal, con sus luces y sus muchas sombras. Nadie necesitará explicarle cómo funcionan los habitantes de Comodoro Py ni cuales han sido los aciertos y yerros de cada juez.
Algunos de los protagonistas de las causas judiciales de los últimos años contra funcionarios kirchneristas han roto pactos con “la política” jugando un pleno para la agenda judicial que se proponía el Gobierno y que le dio resultados hasta bien avanzado 2018.
Las señales que han emanado tanto desde el bunker de la calle México como de otros estamentos del Frente de Todos resultan confusas para muchos magistrados: si bien creen que Fernández no iniciará una cacería contra los jueces y los tiempos de confrontar con el Poder Judicial desde un atril están olvidados, también existe el temor de que no haya filtro a ciertos resortes institucionales que podrían activarse para analizar desempeños.
Es el Consejo de la Magistratura el epicentro real del miedo de algunos jueces respecto de su futuro y ante inminentes jubilaciones. Todavía ninguno descifró si Alberto F. realmente pondrá esfuerzos en lograr un bloque mayoritario que permita acercar el número al necesario para un juicio político. No es sencillo el trámite. No solo requiere tener los votos para romper el cerco de las 9 voluntades – imposibles sin consensos o mediante alguna jugarreta que permita demorar a un consejero -, luego se necesita mayoría en el jury para lograr una destitución.
Siempre en el medio se recurre a la táctica de la presión para lograr una jubilación forzosa. Fue la herramienta que aprovechó Cambiemos en la mayoría de los casos para implotar parte del viejo esquema de Comodoro Py.
Hay jueces que se autoperciben “ganadores” de esta etapa. Mauricio Macri tercerizó gran parte de su embestida para que no parezca que estaba en juego un brutal ejercicio de poder. Lo graficó el durísimo informe del relator de la ONU que detalló la existencia de un “plan sistemático y estructural” ejecutado desde el Poder Ejecutivo para amedrentar al Poder judicial, actos de intimidación y presión a jueces, fiscales y al Consejo de la Magistratura. Y donde se advierte que desde el Poder Ejecutivo se habría “obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial…disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
Firmado por el relator especial Diego García Sayan, el documento termina de descascarar la frágil pátina institucional de la que se había revestido el Gobierno para hacerlo uno de sus leit motivs como contracara del kirchnerismo. En términos reales, los jueces nunca habían percibido semejante nivel de presión a partir de la concatenación de la Casa Rosada, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. Varios no lo reconocen, pero sienten cierto alivio con el cambio de aire.
Entre los doce de mayor gravitación política hay muchos que se sienten fortalecidos por sobrevivir. La eterna María Servini sigue siendo poderosa desde el fuero electoral y eso lo hizo notar, además de tener entre manos una causa por asociación ilícita denunciada por el empresario dueño de C5N Fabián De Sousa contra medio gabinete de Macri por el supuesto plan para desapoderarlo de sus empresas. Esa causa recién comienza.
Sebastián Ramos voló debajo de todos los radares. Sebastián Casanello pudo capear temporales y trató de no bandearse pese a las presiones. Sergio Torres dejó una vacante apetitosa y consiguió un pasaje al paraíso con un nuevo cargo en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral tienen piel de amianto: no solo fueron multi denunciados – sobre todo por La Nación, diario con aspiraciones también en la arena jurídica – sino que recibieron emisarios que les sugerían una renuncia. El Gobierno no fue lo suficientemente fuerte como para encarar una embestida directa, o no supo hacerlo. Su “mesa judicial” fue en líneas generales un compendio de fracasos con más audacia que criterio. Para peor, Lijo y Canicoba conservan bajo su manto causas que pueden complicar y mucho a la administración saliente.
El que se guardó ases bajo la manga fue Luis Rodríguez, otro de los jueces que oscilaron posiciones para hacer equilibrio en plena turbulencia. De hecho fue el primero en llamar a indagatoria a funcionarios del actual gobierno tras las PASO.
Marcelo Martínez De Giorgi también escapó a la guadaña y algún día deberá resolver la causa por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, capítulo estrella del tramo local del escándalo regional de Odebrecht.
Daniel Rafecas había hecho planes ya fuera de Retiro. Concursó y obtuvo lugar preferencial para la Cámara de Casación “ordinaria”, un tribunal de mucha menor exposición. Fuera del reflector de Comodoro Py, su pase, pese a ser un ascenso, era leído como un corrimiento de la escena ante el seguro rechazo que generaba en macristas. El presidente, con el resultado puesto y en plena transición firmó el envío de su pliego al Senado, quizá para asegurarse de que abandone Retiro. La cercanía y buen concepto que de él tiene Fernández lo hizo sonar como eventual candidato a la Procuración o a un puesto Ejecutivo.
María Eugenia Capuchetti fue la única jueza de primera instancia nombrada por Cambiemos pero con terminales en múltiples sectores que la tienen bien conceptuada. Si el viejo adagio de que los jueces son leales al poder político que los nombra hasta el momento de su jura se cumple, estará más que adaptada para la nueva era.
En otro plano están dos de los jueces que apuntaron todos sus cañones contra Cristina Kirchner, vicepresidenta electa y “gran electora” de todo el espacio que será oficialismo y que mutó en el Frente de Todos. Claudio Bonadío no jugó a media máquina sino que dejó un tendal tras de sí, en expedientes de dudosa rigurosidad pero buena prensa. Ya está jubilado pero probablemente no sea tan sencillo el trámite si renuncia antes del diez de diciembre. Un sector del Consejo promete revisar los actos administrativos que puedan garantizarle una salida apresurada antes del cambio de gobierno. No parece que fuera ocurrir. A un mes de que haya nuevos ocupantes en la Casa Rosada, todavía queda mucha actividad procesal respecto de la causa “cuadernos”. Llegará muy sobre la hora a disponer las elevaciones a juicio y depende de otras instancias para no quedar todo atropellado en el embudo del calendario.
El otro “sin retorno” parece ser Julián Ercolini, compañero de cátedra en la Facultad de Derecho de Fernández y un juez que entró de la mano del ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Allí se mezcla un asunto personal, una traición intelectual y una relación quebrada. El juez fatigó los whatsapp de los colaboradores de Fernández a quienes conoce desde toda la vida. La respuesta fue siempre evasiva cuando no tajante. ¿Hará algo por empujarlo fuera de tribunales? Eso es materia de conversación en tribunales desde las PASO y aún sin despejar el interrogante sobre si habrá acciones concretas o lo dejará librado a las fuerzas que han quedado heridas y buscan revancha.
Bonadio procesó a media clase empresarial con la causa “cuadernos” y destruyó el valor reputacional de la mayor parte de las compañías de obra pública del rubro.
Ercolini dispuso la prisión de los dueños del Grupo Indalo (dueños de C5N) y apuntó contra la expresidenta. Sobre ellos dos están puestos los ojos en la transición. El temple de los jueces federales indica que todos quieren su jubilación, aunque no quieren que llegue el momento de tener que gozarla. Es el momento en el que pierden el poder.