Luego del intento del gobierno de
acelerarlo, oposición de jueces lo frenó
Al borde de firmar una serie de convenios entre la Nación y la Ciudad, la presión del sector más poderoso del Poder Judicial congeló la idea oficial de avanzar con la migración de tribunales de la justicia ordinaria a la Capital Federal. Las autoridades, ante una rebelión masiva, optaron por patear la discusión para el año que viene, aunque sea electoral y existan pocas perspectivas de éxito. Cuando avance, lo hará con Registro Inmueble y de sociedades primero. Concursos y una disputa millonaria por los fondos para sostenerla, son las claves del problema.
Por Gabriel Morini
En una vertiginosa semana, la idea del traspaso de toda la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires pasó de ser un hecho a quedar en suspenso indefinido, cuanto menos hasta el año que viene.
El distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta quedó – de momento – con las ganas de recibir casi medio centenar de tribunales cuya migración estaba proyectada en una serie de convenios “interjurisdiccionales” que iban a ser firmados con el presidente Mauricio Macri.
Hubo hasta un día D para la firma, el 30 de noviembre pasado. Pero un juego de pinzas realizado por jueces y fiscales que se embanderaron en la resistencia a ese cambio, generaron un torniquete imposible de salvar para el oficialismo.
Finalmente, una semana antes de la firma, el plan se desactivó y, en principio, quedó para 2017, algo que desde la política y el Poder Judicial ven complicado de discutir en un año electoral.
La justicia nacional – con asiento en la Ciudad de Buenos Aires – es un fuero híbrido que no encuentra una delimitación sencilla.
Posee tribunales en lo penal, laboral, comercial y civil, pero no depende de la estructura porteña que tiene su propia justicia local, que atiende delitos de hasta una determinada gravedad. Tampoco tiene competencias federales como los jueces de Comodoro Py.
Sin embargo, tramitan los casos clave referidos a todo lo que sucede en el ámbito metropolitano, sobre todo en las relaciones comerciales y entre personas, más allá de los crímenes habituales.
Desde la sanción de la constitución porteña en 1996, se destacó la necesidad de apuntalar la autonomía con la transferencia de competencias penales, de los tribunales y de su presupuesto. Desde entonces fue una prenda de cambio que nunca avanzó por diferencias políticas y por presiones de los jueces.
Al día siguiente a la asunción de Macri en la presidencia, la Corte dio una señal inequívoca a favor del traspaso en uno de sus fallos.
Esta decisión activó la ambición porteña de conseguir tribunales y fondos y la decisión política del Gobierno de llevar adelante el tan demorado cumplimiento de lo que señalaba la Constitución, mediante la activación del tercer paquete de competencias penales (delitos) trabado en la Legislatura.
A principios de junio, el PRO le puso el sello a la iniciativa mediante el envío al Senado de un proyecto integral para la migración, acompañado del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia (IGJ) en lo que refiere a las sociedades constituidas en territorio capitalino.
Pero a la vez, comenzó a delinear un plan B en caso de que el Congreso – como ocurrió – dejara la iniciativa guardada en un cajón. Se trata de esta serie de convenios que firmados entre partes, asegurarían que los tribunales vacantes de los fueros penal, laboral y del consumo (creado por el kirchnerismo pero nunca implementado) pasaran sin escalas a la ciudad con empleados y fondos para solventarlos. Allí no encontrarían la oposición de los jueces titulares que refunfuñan que no quieren perder el status de la justicia nacional a ser solo porteños.
Ese es uno de los problemas que evidencia el traspaso, que tiene además dificultades operativas, diferencias en escalas salariales (fáciles de solucionar) y diferentes métodos sancionatorios (más grave) que han sido todos los argumentos esgrimidos en el tiempo para resistir.
En pie de guerra, los jueces comenzaron el boicot a la iniciativa. Un día antes de las elecciones en la tradicional Asociación de Magistrados, los más influyentes jueces le arrancaron al Ministro de Justicia, Germán Garavano la promesa de que ningún convenio se firmaría durante 2016, y que la discusión por el traspaso los tendría a los jueces opinando como protagonistas recién el año próximo.
Los jueces se frotaron las manos con la cosecha: en un año electoral, una propuesta tan compleja y resistida tiene muy pocas chances de tener más éxito que este año. La reforma quedó en el limbo – momentáneamente -, aunque podría ser desempolvada según la ocasión.
Aunque no descartaron avances en el proceso, desde la cartera de Garavano se desentendieron ante jueces y fiscales de la intención plasmada en los borradores de transferir todos los juzgados vacantes. Eso generó un cortocircuito con las autoridades locales.
El Consejo de la Magistratura porteño se enteró del comunicado de los jueces pero declinó un pronunciamiento oficial hasta mantener una reunión con los funcionarios nacionales. Molestó que Garavano se comunicara antes con los magistrados para prometerles el freno que con los principales impulsores desde el Gobierno porteño.
Lo concreto es que avanzarán de forma subterránea puliendo los importantes baches que aún tiene el procedimiento. No habrá firma ni tratamiento de proyectos en lo que queda del año. Pero la idea no fue abandonada, ni por asomo.
El nuevo escenario plantea un comienzo con el registro inmueble, algo lógico de ser derivado a la administración local y con la IGJ, lo que le permitirá al Ejecutivo sortear una incómoda causa judicial que objeta la posibilidad de crear un registro autónomo de sociedades con sus propias regulaciones.
Las voces críticas sostienen que esto apuntaría a crear una suerte de paraíso fiscal en la ciudad, con menores monitoreos, favorables a prácticas financieras irregulares.
Desde el ámbito laboral también hubo una férrea negativa contra el traspaso. Abogados, jueces y académicos – además de empleados judiciales – replicaron que la migración era un intento por desarticular el fuero, y así avanzar sobre derechos laborales.
Cierto es que Macri le apuntó a esos magistrados al dar a entender que los pronunciamientos judiciales eran impedimento para un clima empresarial de inversiones. El malhumor con el Ejecutivo comenzó a dominar al fuero.
En el fuero del trabajo, solo en primera instancia hay 49 jueces pero 31 están vacantes y son ocupados por jueces sustitutos. De los 24 camaristas, estratégicas seis sillas tampoco tienen titular.
Aunque no estaban contempladas de arranque, las Cámaras también podrían haber sido completadas con concursos realizados desde el Consejo de la Magistratura local, por ahora, un organismo que no sufre tantos tironeos políticos y siempre le ha traído satisfacciones al macrismo.
Las autoridades habían inventariado todos los cargos, vacantes y recursos de todos los fueros que iban a ser transferidos. Incluso, con sus respectivos contratos.
La idea era desterrar los presagios de que podría haber cambios en las condiciones de trabajo que afectaran a jueces y a su gente.
Para tener una dimensión de lo que implica el traspaso, un total de 1.466 cargos están en juego sólo en este fuero que demanda poco más del 20% del presupuesto, calculado en 1.467 millones de pesos.
En el penal, son 2.147 empleados de planta, con 121 contratos. Pero entre los juzgados hay 31 vacantes de 49 jueces, un atractivo número para los futuros concursos.
Entre los problemas que encontró el Ejecutivo para vencer la resistencia judicial se incluye la equiparación salarial.
Hoy los jueces nacionales ganan más que los porteños, pero en escalafones de empleados los de menor jerarquía están en un nivel apenas superior en la Ciudad.
Todo tenderá a igualarse era la promesa oficial. Obras sociales y cajas jubilatorias deberían unificarse. Un interrogante será cómo transferir las fiscalías, hoy bajo el mando de Alejandra Gils Carbó, ya que puede interpretarse como una vulneración de la autonomía del Ministerio Público Fiscal, cuyo régimen a nivel local es distinto. Dependen del Ministro de Justicia local.
Uno de los grandes planteos recogidos como problema para el traspaso es el reclamo a un cambio en el régimen sancionatorio del Consejo de la Magistratura.
Los jueces nacionales temen que sea más fácil acusar o eventualmente remover a un magistrado con mayorías (por la composición) que no forman parte del estamento de los jueces. Todos estos puntos, algunos de los cuales son atendibles, podrán ser discutidos el año próximo. Quizá. Nadie puede hoy asegurarlo.