El Consejo Consultivo Comunal 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati), comuna elegida para la instalación de la planta incineradora, se pronunció en contra. Matías Tombolini, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, defendió la termovalorización aprobada por la Legislatura porteña.
Por Juan Manuel Castro
La Ciudad de Buenos Aires incinerará residuos con recupero energético. Es lo que se conoce como termovalorización. Así lo aprobó la Legislatura porteña el primer jueves de mayo en una polémica sesión donde modificó la Ley Basura Cero (2005). En aquella jornada cartoneros y ambientalistas rodearon el palacio legislativo contra la medida.
Cuando la incineración se debatía en la Comisión de Ambiente, presidida por la legisladora oficialista Mercedes de las Casas (Vamos Juntos), el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), Matías Tombolini, referente en la ciudad del Frente Renovador, expresó su apoyo a la termovalorización.
Una vez aprobada la modificación a Basura Cero, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, dijo que estudian abrir la planta de incineración en el Parque Ribera Sur, en las avenidas General Paz y Roca, en Villa Riachuelo.
“Tienen que contar con tres requisitos: vías de acceso rápido, conexiones aptas para tránsito pesado y cercanía con nodos de distribución de energía. En dos meses se definirán las ubicaciones”, dijo el funcionario a La Nación.
El 25 de abril el Consejo Consultivo Comunal 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati) aprobó una nota que elevarán a la Junta Comunal 8. Allí rechazan la modificación a la Ley Basura Cero y muestran su preocupación por posibles riesgos ambientales y sanitarios en el sur porteño.
“Consideramos que esta modificación (a Basura Cero) es consecuencia de la falta de cumplimiento de las metas propuestas en la mencionada ley y que sentimos que nuevamente los vecinos de nuestra Comuna van a pagar las consecuencias de la falta de decisión del Gobierno de alcanzar las metas fijadas, padeciendo los efectos contaminantes que suponemos provocará esta planta, una vez puesta en funcionamiento”, expresa la nota de los vecinos.
“Yo presido un organismo que me precedió y me va a suceder. A título personal hay veces que el organismo toma posturas que yo no comparto. En este caso, en la termovalorización, sí pienso como el CESBA”, dijo Tombolini en diálogo con nuestro medio.
Tombolini recordó que en 2014 bajo la presidencia del hoy legislador Sergio Abrevaya (GEN, quien votó a favor de modificar la Ley Basura Cero) y frente al ultimátum de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el CESBA convocó a las organizaciones involucradas en la problemática y terminó expidiéndose a favor de la termovalorización, basado en la experiencia de Berlín, París y Madrid.
“Desde el Ejecutivo bonaerense y la CEAMSE (donde se disponen los residuos porteños) dijeron “hagan algo, estamos con la soga al cuello”, evocó Tombolini.
Durante un año participaron organizaciones de la sociedad civil en el CESBA para poder elaborar las mejores recomendaciones a los poderes de la Ciudad acerca de la disposición final de residuos. Y elaboró catorce puntos.
“La política más importante debía ser la de reducir, recuperar y reciclar a través de la separación en origen, lo que aún no se ha completado”, expresó el CESABA en un comunicado oficial.
Tombolini sumó: “El CESBA es una gran incubadora de ideas de la sociedad civil y ofrece proyectos de ley y recordaciones de políticas públicas para el Poder Ejecutivo porteño. En los catorce puntos hay críticas que tienen que ver con la separación de origen, que está en el debe del Gobierno. También se habla de que hoy en el mundo los residuos son insumos de energía”.
“No hablamos de quema de residuos, hablamos de termovalorización. No lo decimos nosotros, lo dice el partido verde alemán. Por supuesto dice no quemar plásticos chinos. El CESBA sostuvo, y yo estoy de acuerdo, que no se puede discutir una política de mediano plazo de un estado subnacional en cuestiones de etiqueta”, analizó.
“Hoy la termovalorización la usan grandes ciudades de Estados Unidos y Europa donde el residuo se puede convertir en energía. Tiene que haber protección al trabajo de los recicladores urbanos y dar una alternativa que contemple la protección de su trabajo teniendo la posibilidad de termovalorizar. Es una opción viable. Por eso el CESBA sostuvo la posición que fue votada por los consejeros que representan a su vez a la sociedad civil”, concluyó Tombolini.
En el CESBA participan 26 organizaciones. Durante el debate de la modificación de la Ley Basura Cero, la directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional del Consejo, Laura González Velasco, había rechazado la termovalorización.
Ella firmó junto a Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, cooperativas de cartoneros y académicos un documento alusivo: “Rechazamos cualquier intento de habilitar la incineración y allanar su camino por otros medios, como cambiar la línea de base, las metas de reducción, u otras”.
“Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invertir recursos en políticas públicas sostenidas en el tiempo, coherentes con los objetivos de la ley, para reducir la generación de residuos evitables, mejorar la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada, fortalecer el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y fomentar la industria del reciclado, desarrollar la infraestructura y las políticas necesarias para recuperar los residuos orgánicos de la Ciudad y lograr así reducir genuinamente la disposición final de residuos”.
En la Legislatura porteña la modificación la aprobaron los 34 legisladores del oficialismo Vamos Juntos, Abrevaya (GEN) y Marcelo Depierro (Mejor Ciudad).
Las bancadas del FIT, Autodeterminación y Libertad, Partido Socialista, Unidad Ciudadana y SUMA+ votaron en contra.
En el recinto, Mercedes de las Casas criticó la protesta de cartoneros, quienes denuncian que tendrán menos trabajo por la quema de basura. “Este Gobierno siempre acompañó las políticas de reciclado y el servicio público que desarrollan los cartoneros”, dijo la legisladora porteña.