Las aguas quedaron divididas. La disputa por la reducción de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires dispuesta por el gobierno nacional abrió un escenario de confrontación que – al menos en la superficie – se había evitado en los meses anteriores. Por detrás y debajo de la decisión gubernamental y la oposición porteña subsisten razones económicas, políticas y sociales, que no siempre son fáciles de escindir.
Por Fernando Casasco
Revisemos los fríos números: la Ciudad de Buenos Aires recibe desde 2003 por coparticipación de impuestos de la Nación el 1,4% del monto total. En 2015 el guarismo equivalía a 7.865,2 millones de pesos. En 2016, a pocos días de asumir la Presidencia, Mauricio Macri decidió unilateralmente elevar el porcentaje de coparticipación del 1,4 al 3,75%, y el monto subió a 27.743 millones. La medida se justificó con el traspaso de los servicios de seguridad al distrito porteño, al tiempo que los fondos saldrían de una reducción de lo que percibía el Estado nacional y no del monto que va a las provincias.
Las nuevas cifras fueron avaladas a regañadientes por los gobernadores mediante el Pacto Fiscal suscripto en 2017. Pero al año siguiente, por sus propias necesidades fiscales, el Estado nacional pegó un zarpazo al Fondo Federal Solidario (o “fondo de la soja”), que recibían todas las provincias y la Ciudad Autónoma. Ante una nueva queja de los gobernadores se recortó (otra vez por decreto) la coparticipación de la Ciudad al 3,5%.
Apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández en diciembre del año pasado, adelantó que buscaría llegar a un acuerdo con la Ciudad para la reducción de los fondos coparticipables, debido a que consideraba que se había pagado mucho más de lo necesario para solventar el funcionamiento de la fuerza de seguridad porteña. Según un informe del Ministerio del Interior, la Capital Federal para el sostenimiento de la Policía de la Ciudad hubiese alcanzado con un coeficiente inferior a 1 punto de fondos coparticipables.
En función de estos datos, el presidente Alberto Fernández dispuso por el decreto 735 del 10 de septiembre reducir la coparticipación de la Ciudad del 3,5% al 2,32%: la suma del 1,4% histórico y el 0,92% en materia de seguridad. El diferencial que surge del decreto fue otorgado a la provincia de Buenos Aires – que en 1988 había cedido 8 puntos de coparticipación – para reforzar la seguridad, en momentos en que un conflicto salarial en la principal fuerza policial del país generó zozobra en todo el territorio bonaerense.
La decisión cayó como un balde de agua fría para el Gobierno de la Ciudad, que si bien sabía de la intención de la Nación, no la esperaba como inminente, en el marco del consenso establecido a partir de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Los funcionarios salieron rápidamente a decir que tenían otros números: el ministro Martín Mura remarcó que con el recorte la Ciudad deja de percibir una suma equivalente a mil salarios de policías por día.
Sin embargo, un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda mostró que, en base a los presupuestos del 2019, la Ciudad gasta mensualmente un 60% más que la Provincia de Buenos Aires en gastos de seguridad por efectivo: 173 mil pesos por policía por mes contra 107 mil de la provincia más grande del país.
Y un dato que no se suele tener en cuenta cuando se habla de mayor inversión en seguridad, que es el de la real necesidad de dicha erogación: la Ciudad cuenta con 813 policías cada 100 mil habitantes, muy por encima de los 300 cada 100 mil que recomienda la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Horacio Rodríguez Larreta criticó por inconsulta la medida y presentó pocos días después una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar “inconstitucional” el decreto del gobierno nacional. En su argumentación, el Estado porteño sostiene que para modificar los coeficientes de coparticipación “se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales”. Por este motivo, junto con la presentación se requirió un amparo a fin de que el tribunal supremo suspenda los efectos del decreto nacional y restablezca los fondos recortados a la Ciudad. El procurador interino Casal consideró pertinente la vía constitucional para que la Corte trate la demanda.
La presentación del gobierno porteño alega lo establecido en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional como argumento a su favor: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
Sin embargo, la transferencia de los servicios de seguridad a la Ciudad y la de los fondos supuestamente necesarios se realizaron mediante un decreto presidencial, un convenio firmado entre ambas jurisdicciones y una ley de la Legislatura porteña; en cambio, la ley nunca se trató en el Congreso nacional.
Por tal motivo el oficialismo nacional, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, busca sancionar una norma que retorna al cómputo del 1,4% de coparticipación de la Ciudad, a lo que se añade una partida específica para el pago de la policía. Esa suma se establece en 24.500 millones de pesos, que se actualizará en forma trimestral con un índice que combina en un 80% la variación salarial y un 20% la inflación medida por la Ciudad.
El senador radical Martín Lousteau sostuvo que el verdadero motivo del decreto presidencial fue “limitar la autonomía de un distrito que les es adverso políticamente” y opinó que “lo de la policía fue la oportunidad. Fue súbita, improvisada y burda”. Por su parte, el senador kirchnerista Mariano Recalde remarcó que lo recibido por la Ciudad durante el gobierno de Macri son “recursos mal habidos”, al tiempo que repasó los gastos superfluos realizados en los últimos meses por el gobierno de Rodríguez Larreta: hoteles y mascarillas con sobreprecios, un “festival de veredas”, equipamiento para la práctica deportiva de tiro, soportes técnicos y consultorías por sumas millonarias, etc. La norma obtuvo media sanción en el Senado tras un rápido tratamiento y el voto positivo del oficialismo.
Por lo pronto el Gobierno de la Ciudad ya decidió postergar la presentación ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2021, a la espera de la resolución de la Corte. Tras su primera reacción airada, el Jefe de Gobierno continuó con su postura de convivencia armónica con la Nación y la gestión coordinada en materia sanitaria.
Desde Nación se insiste en que no hay una discriminación hacia la Ciudad: en los últimos días ambas administraciones suscribieron convenios en materia de agua potable y turismo, por ejemplo.
El Presidente, en tanto, sigue con su prédica a favor de un federalismo más equilibrado, que revierta el centralismo histórico. Sin embargo, hay una apreciación que Fernández lanzó en la disputa política con la Ciudad y que dado el contexto luce desproporcionada: habló en varias ocasiones de la “opulencia” de la capital del país. Si bien se puede hablar de un gran presupuesto en comparación con otros distritos y de patrimonios altos en una parte de la población, también se deben resaltar las características desiguales de la distribución de esa riqueza.
Pese a los cuantiosos recursos propios que recauda la ciudad autónoma (único distrito que percibe impuestos provinciales y tasas municipales) más los que recibió de la Nación en los últimos años, más de un tercio (33,6%) de la población porteña es pobre, mientras que la indigencia alcanza al 15% de las personas.
La cantidad de porteños que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria se triplicó desde 2015, justo antes de que iniciaran sus respectivas gestiones Mauricio Macri en la Nación y Rodríguez Larreta en la Ciudad.
Mientras tanto, en medio de una pandemia, miles de niños, niñas y adolescentes siguen sin poder educarse porque no cuentan con el equipamiento y la conectividad que el Estado debía proveerles.
Mientras no se lleven adelante políticas para solucionar tamañas injusticias sociales, con habitantes por debajo de un mínimo nivel de dignidad, la relativa riqueza de la Ciudad será una entelequia.