La Legislatura porteña retomará su actividad tras el receso invernal con una agenda dominada por dos debates de alto impacto político e institucional. Mientras el oficialismo comenzará a preparar el tratamiento del Presupuesto 2027, que ingresará formalmente a fines de septiembre, el Parlamento también avanzará con una serie de designaciones para organismos clave del Estado porteño, procesos que requerirán acuerdos entre las principales fuerzas del recinto ante la ausencia de mayorías propias.
Por Valeria Azerrat
La agenda legislativa estará estructurada sobre dos grandes capítulos. Por un lado, comenzará el tratamiento del Presupuesto 2027, la ley más importante de cada ejercicio y que definirá el rumbo de la gestión porteña en un año atravesado por las elecciones, en las que Jorge Macri ya manifestó su intención de buscar la reelección.
El otro frente de discusión será institucional. En paralelo, el Parlamento deberá resolver una serie de designaciones de alto impacto, entre ellas la renovación de las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la conducción del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, el próximo fiscal general de la Ciudad y los primeros magistrados del nuevo Fuero del Trabajo
Ambos procesos, aunque formalmente independientes, terminarán desarrollándose de manera simultánea y obligarán al oficialismo a desplegar una intensa negociación con el resto de las fuerzas políticas. La conformación del recinto vuelve a convertir a los acuerdos parlamentarios en una condición indispensable para avanzar tanto con la sanción del presupuesto como con la aprobación de los distintos pliegos.
El primer gran desafío llegará hacia fines de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo remita el proyecto de Presupuesto 2027, cuyo ingreso formal está previsto para el 30 de ese mes. Como ocurre cada año, el texto establecerá cuánto y cómo invertirá la Ciudad durante el ejercicio siguiente, fijará prioridades de gasto, obras públicas, programas sociales y políticas de gobierno.
Pero esta vez el debate tendrá un condimento adicional. El presupuesto será la principal herramienta de gestión para un año electoral y servirá también como una señal política sobre cuáles serán las prioridades de la administración de Jorge Macri en caso de competir por un nuevo mandato al frente del Gobierno porteño.
La discusión comenzará con un escenario parlamentario complejo para el oficialismo. El PRO cuenta con apenas 12 de las 60 bancas de la Legislatura y necesitará construir una mayoría para aprobar la iniciativa.
En ese esquema, La Libertad Avanza, con 14 legisladores, aparece como el aliado potencial más importante para acompañar el proyecto, mientras que los bloques de la UCR-Evolución, con cinco representantes, y el espacio referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, con seis, podrían convertirse en interlocutores para negociaciones puntuales, aunque con mayores diferencias políticas.
Del otro lado del recinto se ubica Fuerza por Buenos Aires, que con 20 bancas constituye el bloque más numeroso de la oposición y tendrá un rol determinante en las discusiones parlamentarias.
El antecedente inmediato muestra que el presupuesto vigente demandó amplias conversaciones entre las distintas fuerzas. Para 2026 la Legislatura aprobó un gasto total de 17,3 billones de pesos, manteniendo el equilibrio fiscal y proyectando un superávit financiero, mientras que pocos meses después fue necesaria una ampliación presupuestaria superior a los 2,6 billones de pesos para adecuar las cuentas públicas a las nuevas variables macroeconómicas.
Aquella ley también contempló un fuerte componente de inversión pública. Entre las principales iniciativas figuraban el inicio de la Línea F de subterráneos, la renovación de material rodante de las líneas A, B y C, la modernización de la línea D, las obras sobre la Autopista Dellepiane y distintos pasos bajo nivel en la Ciudad.
Sin embargo, parte de esos proyectos avanzaron a un ritmo inferior al previsto. Mientras algunas intervenciones, como Dellepiane y determinados pasos bajo nivel, ya se encuentran en ejecución, otras iniciativas estratégicas como la Línea F y la renovación de vagones del subte continúan demoradas y seguramente volverán a ocupar un lugar central en la discusión del próximo presupuesto.
La negociación presupuestaria, además, no transcurrirá aislada del resto de la actividad legislativa. Durante las mismas semanas en las que el Ejecutivo buscará reunir los votos para aprobar la ley de gastos, la Legislatura también deberá resolver un conjunto de designaciones institucionales que exigirán acuerdos entre oficialismo y oposición.
La renovación de la Defensoría del Pueblo aparece como el expediente de mayor peso político. Se trata de uno de los organismos autónomos más importantes previstos por la Constitución porteña, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos u omisiones de la administración pública y de las empresas prestadoras de servicios.
El proceso ya superó la etapa de inscripción de postulantes, con veinte candidaturas oficializadas, entre ellas, la de María Rosa Muiños, quien está actualmente al frente de la Defensoría y va por un segundo mandato, y continuó con la audiencia pública prevista en los primeros días de agosto antes de llegar al recinto para su votación definitiva.
En paralelo también avanzará la renovación de la conducción del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, organismo encargado de controlar la calidad de los servicios públicos concesionados y canalizar los reclamos de usuarios y consumidores. El proceso contempla la publicación de antecedentes, un período para impugnaciones ciudadanas y una audiencia pública prevista para el 15 de septiembre, instancia previa a la votación de los pliegos. Entre las postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo se encuentra la de Paola Michielotto para ocupar la presidencia del organismo.
También se encuentra en trámite la designación del próximo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la máxima autoridad del organismo encargado de conducir la política de persecución penal en el distrito. El Ejecutivo postuló a Javier Martín López Zavaleta, quien actualmente ya ocupa ese lugar de jerarquía desde que asumió para completar la vacante que dejó Juan Bautista Mahiques para asumir como ministro de Justicia nacional.
El cargo local tiene bajo su responsabilidad la dirección y coordinación de los fiscales que intervienen en la investigación de los delitos de competencia local, la definición de los criterios generales de actuación del Ministerio Público y la administración del organismo. Tras la audiencia pública prevista de agosto, el pliego deberá obtener el acuerdo de la Legislatura para que el nuevo titular pueda asumir sus funciones por un nuevo período.
Otro de los expedientes de mayor relevancia será la puesta en marcha del nuevo Fuero del Trabajo de la Ciudad. Luego de que el Consejo de la Magistratura porteño remitiera a la Legislatura los antecedentes de los candidatos seleccionados mediante concurso, comenzó el procedimiento para designar a los primeros 21 magistrados y funcionarios que integrarán la estructura inicial del fuero.
Los expedientes comprenden la designación de seis jueces de Cámara, un fiscal de Cámara, diez jueces de primera instancia, dos fiscales de primera instancia, un asesor tutelar ante la Cámara y un asesor tutelar para los juzgados de primera instancia, quienes tendrán a su cargo la transferencia progresiva de las competencias laborales que actualmente permanecen bajo la órbita de la Justicia Nacional.
Como ocurre con el resto de las designaciones institucionales, los pliegos deberán atravesar las instancias de publicación de antecedentes, recepción de observaciones ciudadanas y audiencias públicas, convocadas para el 18 de septiembre, antes de que la Junta de Ética de la Legislatura emita el dictamen correspondiente y el recinto otorgue el acuerdo legislativo necesario para que los postulantes puedan asumir sus funciones.
