Luego de una sesión atravesada por la ampliación presupuestaria impulsada por el Ejecutivo y de varias semanas de audiencias públicas sobre proyectos de doble lectura, la Legislatura porteña se prepara para retomar el debate de una serie de iniciativas que podrían llegar al recinto después de mediados de junio. Entre ellas aparecen cambios en el régimen de Verificación Técnica Vehicular (VTV), la regulación de los vapeadores y nuevas discusiones vinculadas al sistema de transporte.
Por Valeria Azerrat
El último gran capítulo ocurrió el 14 de mayo, cuando el recinto celebró una sesión con un fuerte contenido económico. Allí, el oficialismo avanzó con la ampliación presupuestaria impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, una iniciativa destinada a readecuar partidas frente al contexto inflacionario y las nuevas necesidades de gestión.
La modificación presupuestaria, considerada una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo para este año, estuvo acompañada por una extensa discusión sobre el rumbo de las cuentas públicas y el financiamiento de distintas áreas de gobierno. En paralelo, la oposición aprovechó la sesión para impulsar una batería de más de sesenta pedidos de informes sobre programas sociales, situación habitacional, salud mental, infraestructura, transporte y asistencia alimentaria.
Los requerimientos abarcaron desde el funcionamiento de los Centros de Inclusión Social para personas en situación de calle hasta la ejecución de obras hidráulicas, el avance de la futura Línea F de subterráneos, la reurbanización de barrios populares y la situación de diversos programas de asistencia social. También aparecieron consultas vinculadas al Banco Ciudad, el empleo público, el arbolado urbano y los controles ambientales.
Mientras tanto, más allá del recinto, la Legislatura desarrolló durante mayo y los primeros días de junio una intensa agenda de audiencias públicas vinculadas a proyectos de doble lectura. Se trata de iniciativas que requieren una primera aprobación parlamentaria, una instancia de participación ciudadana y una segunda sanción definitiva antes de convertirse en ley.
Entre todas ellas sobresalió claramente la audiencia pública por el predio de All Boys en la Comuna 10. El debate se extendió durante cuatro jornadas consecutivas y reunió a más de mil inscriptos, convirtiéndose en uno de los procesos participativos más importantes de los últimos años.
La discusión giró en torno a la cesión por veinte años del predio ubicado entre Juan Agustín García, Segurola, Sanabria y Elpidio González. El proyecto aprobado inicialmente prevé que el Club Atlético All Boys desarrolle allí un polo deportivo, educativo y cultural.
La enorme mayoría de los participantes respaldó la iniciativa impulsada por la institución de Floresta. Sin embargo, el debate también dejó expuesta una postura alternativa promovida por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que actualmente administra el terreno.
Desde ese sector plantearon que All Boys utilice únicamente el 30% de la superficie para canchas e instalaciones deportivas, mientras que el 70% restante sea concesionado para emprendimientos gastronómicos y comerciales que permitan generar recursos destinados a financiar políticas públicas para chicos y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La audiencia dejó también una tercera posición que fue difundida por un grupo de vecinos y que promueve que esa manzana quede como espacio verde de acceso público y sumar un establecimiento educativo.
Con esa etapa ya concluida, la atención legislativa comienza a desplazarse hacia los temas que podrían integrar el temario de la próxima sesión ordinaria, prevista tentativamente para el jueves 18 de junio antes del inicio del receso de invierno y el paréntesis que habrá también por el Mundial de Fútbol que solo se interrumpirá el 2 de julio por la visita del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, para dar el informe de gestión.
Uno de los proyectos que aparece mejor posicionado es la reforma integral del sistema de la VTV en sintonía con lo que comenzó a regir a nivel nacional. La iniciativa, impulsada por la legisladora Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, ya obtuvo despacho de comisión y propone cambios sustanciales respecto del esquema vigente.
La principal modificación consiste en ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar controles técnicos, incorporando talleres y concesionarias que cumplan con los requisitos fijados por la normativa.
Además, el proyecto modifica los plazos de vigencia de las verificaciones. Los vehículos cero kilómetro deberían realizar su primera inspección recién a los cinco años del patentamiento; los automóviles de hasta diez años pasarían a verificar cada dos años; y sólo los vehículos de más de una década mantendrían la revisión anual.
La iniciativa cuenta con consenso general respecto de la necesidad de ampliar la oferta y reducir tiempos de espera, aunque persisten diferencias sobre los mecanismos de control y fiscalización de los futuros centros habilitados.
Otro expediente que comenzó a ganar protagonismo es el que busca regular los cigarrillos electrónicos, vapeadores y bolsas de nicotina. La propuesta declara a estos productos como nocivos para la salud, prohíbe su uso en espacios cerrados de acceso público y establece una prohibición absoluta para su venta y distribución a menores de 18 años.
También incorpora restricciones a la publicidad, campañas obligatorias de prevención en escuelas y sanciones para quienes comercialicen estos productos incumpliendo la normativa. El proyecto surge en medio de una creciente preocupación por el aumento del consumo entre adolescentes y podría convertirse en una de las discusiones sanitarias más importantes del año.
Un debate mucho más simbólico, pero que despertó una fuerte repercusión pública, es el vinculado a los nombres de las estaciones de subte.
La Libertad Avanza presentó una iniciativa para terminar con las denominaciones dobles que se incorporaron en distintas líneas durante las últimas décadas. El proyecto original proponía incluso eliminar algunos homenajes ya existentes, como Echeverría-Mártires Palotinos y Juan Manuel de Rosas-Villa Urquiza en la Comuna 12.
Las críticas surgidas desde distintos bloques llevaron a moderar la propuesta. Hoy la alternativa con mayores posibilidades de prosperar apunta a que las futuras estaciones tengan una única denominación oficial, sin modificar los nombres actuales.
Aunque no figura entre las prioridades legislativas inmediatas, la discusión abrió un debate más amplio sobre los homenajes en el espacio público, la identidad urbana y el papel que cumplen las estaciones como espacios de memoria colectiva.
