En tres sesiones, la Legislatura porteña aprobó proyectos con impacto directo en la ciudadanía, además de definir nuevos nombres para cargos clave mediante acuerdos políticos.
Por Valeria Azerrat
Desde la transferencia de la Justicia laboral al ámbito porteño y los cambios en beneficios para jubilados y excombatientes hasta la educación desde los 3 años, la seguridad en espacios deportivos, la regularización de clubes de barrio y el destino de los vehículos abandonados, las últimas sesiones de la Legislatura porteña dejaron una amplia agenda de proyectos vinculados con distintos aspectos de la vida cotidiana en la Ciudad.
En una sesión especial, la Legislatura aprobó las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo, que continuará bajo la conducción de María Rosa Muiños, y designó a Martín López Zavaleta como nuevo Fiscal General. Los nombramientos fueron el resultado de intensas negociaciones políticas que se extendieron hasta último momento y que también dejaron expuestas disidencias dentro de Fuerza por Buenos Aires, el principal bloque opositor porteño.
Los principales proyectos fueron abordados en las sesiones del jueves 27 de agosto y del 3 de septiembre y permitieron poner al día el trabajo legislativo. El ritmo parlamentario, en tanto, se concentrará hacia adelante, entre otros asuntos, en la definición de las nuevas autoridades del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos y en el debate del Presupuesto porteño.
Uno de los cambios de mayor alcance aprobados en la sesión del 27 fue el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La medida supone que las nuevas demandas laborales pasarán a tramitarse en el futuro Fuero del Trabajo porteño, mientras que las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo.
En esa misma jornada se modificó la Carta Orgánica del Banco Ciudad para establecer que el remanente de sus utilidades, una vez cubiertas las reservas y el capital, deberá destinarse a bonificar tasas de interés o reducir gastos administrativos en créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad.
También se amplió de manera permanente el subsidio especial destinado a excombatientes de la Guerra de Malvinas. Hasta ahora, el beneficio estaba limitado a quienes permanecían en actividad. Con la nueva norma, continuará durante la jubilación y alcanzará también a quienes ya se encuentran retirados, siempre que acrediten oficialmente su condición de veteranos.
Otro de los cambios aprobados en aquella jornada apunta a simplificar el acceso al pase gratuito de subte para jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Se eliminaron trámites digitales y requisitos adicionales: la gestión podrá hacerse de manera presencial y se requerirán el DNI y el último recibo de haberes para acreditar domicilio e ingresos, dentro de los límites previstos.
Por último, fue aprobada una normativa local de la denominada “Ley Joaquín”, que establece herramientas para prevenir accidentes en clubes, escuelas, plazas, parques, canchas y otros espacios recreativos, tanto públicos como privados.
La norma toma el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años de Ramos Mejía que falleció el 5 de enero de 2026, luego de sufrir graves lesiones cuando un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo cayó sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, Neuquén
La iniciativa busca prevenir accidentes mediante equipamientos deportivos correctamente fijados y en buenas condiciones, información accesible sobre su uso y pautas de cuidado para docentes y entrenadores. También establece controles periódicos y revisiones preventivas como parte de las responsabilidades de las instituciones.
Una semana después, la sesión ordinaria del 3 de septiembre tuvo como uno de los temas más relevantes la sanción de una ley que fijó la obligatoriedad de la educación desde la sala de 3 años. La medida comenzará a regir en 2027.
La propuesta también contempla la expansión de las Escuelas Infantiles, destinadas a niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años. El objetivo es ampliar la oferta en distintos puntos de la Ciudad y reducir las desigualdades territoriales y sociales que existen en el acceso a la educación inicial.
Otro de los problemas urbanos abordados fue el de los vehículos abandonados o deteriorados que permanecen en la vía pública y pueden representar un riesgo para la seguridad, la salud o el ambiente. La Legislatura modificó el régimen que regula esos casos y amplió las posibilidades para definir el destino de los automotores una vez vencidos los plazos para reclamarlos.
A partir de la reforma, además de la descontaminación, el desguace y la compactación, podrá evaluarse si un vehículo todavía puede ser utilizado por organismos públicos. Las unidades que estén en condiciones podrían incorporarse a flotas oficiales o colaborar con tareas vinculadas con el Sistema Integral de Seguridad Pública.
En la misma sesión avanzó otro proyecto con una dimensión especialmente barrial: el régimen de Adecuación y Regularización para clubes de barrio y asociaciones civiles. La iniciativa busca facilitar la puesta en regla de instituciones que, muchas veces, arrastran problemas administrativos, edilicios o documentales que dificultan su funcionamiento.
El régimen contempla la posibilidad de condonar multas, recargos e intereses vinculados con determinados incumplimientos formales o con obras realizadas sin habilitación, siempre que no estén comprometidas cuestiones de seguridad o salubridad. El beneficio está dirigido a instituciones con al menos diez años de actividad, sin explotación comercial o profesional y que no sean grandes contribuyentes.
Mientras estos proyectos avanzaban dentro del recinto, fuera de la Legislatura otro espacio público de la Comuna 12 volvía a instalar una discusión de fondo: el Parque Sarmiento. Entre las dos sesiones ordinarias, legisladores, representantes comunales y organizaciones vecinales realizaron un relevamiento del predio para observar su estado ambiental y analizar el impacto de los eventos masivos y de las áreas concesionadas.
La recorrida puso en primer plano una dimensión que suele quedar detrás de los usos recreativos del parque: su función ambiental. El Parque Sarmiento cumple un papel dentro de la cuenca del Arroyo Medrano y sus superficies y reservorios contribuyen a la absorción y retención del agua de lluvia. Por eso, entre las preocupaciones relevadas estuvieron el estado de esas áreas, la conservación de la flora y fauna y el mantenimiento de los espacios verdes.
También se puso bajo la lupa el impacto de los recitales y otros eventos de gran escala. Los participantes señalaron posibles efectos sobre el suelo absorbente, la generación de residuos, las vibraciones y la contaminación acústica, además de las consecuencias sobre la vida cotidiana de los vecinos de los barrios cercanos.
La discusión alcanzó también a las áreas concesionadas y a la necesidad de controlar el cumplimiento de horarios y condiciones de funcionamiento. El planteo de las organizaciones vecinales apunta a que los distintos usos del parque puedan convivir con su preservación como espacio verde y público.
