La tragedia dijo presente otra vez en la noche porteña. A once años del incendio de República Cromañón, en una fiesta electrónica cinco jóvenes fallecieron y otros cinco debieron ser internados en estado crítico. Las responsabilidades políticas y empresariales y los caminos a seguir.
Por Fernando Casasco
Nicolás Becerra, Francisco Ernesto Bertotti, Claudio Boni, Martín Bazzano y Andrés Valdez. Todos de entre 20 y 25 años. Los cinco jóvenes perdieron su vida en una noche que debía ser de diversión en la Time Warp, en Costa Salguero. Los síntomas fueron similares: anormal elevación de la temperatura corporal, deshidratación severa, convulsiones, aumento desmedido del ritmo cardíaco, mareos, náuseas, dificultades para respirar y peligrosas subas de presión arterial. Al edema pulmonar, sucedió el paro cardíaco.
Drogas sintéticas con una composición de dudosa “calidad”; hacinamiento excesivo; falta de acceso a agua potable para una correcta hidratación, fueron algunos de los puntos señalados como ingredientes de un cóctel fatal. Los medios de comunicación masiva pusieron su lupa sobre el consumo de drogas y sus efectos sobre la salud. Pero la política y la justicia fijaron su mirada sobre los organizadores de la fiesta y la falta de controles por parte del Estado.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo con el “estilo comunicacional” del PRO, sólo se expresó en las primeras horas a través de la red social Facebook.
Se solidarizó con las víctimas y sus familias, al señalar que “como padre” podía “imaginar el dolor que están sintiendo”. Al mismo tiempo, destacó el “compromiso” y “vocación” del equipo de hospitales y el SAME, pero obvió cualquier referencia a los controles previos.
Tras estos comentarios, Rodríguez Larreta eligió el silencio y no interrumpió su previsto viaje para entrevistarse con jóvenes emprendedores en la meca tecnológica mundial: el Silicon Valley californiano.
Quién sí salió en defensa de la comuna por los controles realizados fue el Vicejefe de Gobierno. “El lugar estaba habilitado y fue evaluado el mismo día de la fiesta: a las 3 de la mañana se hizo otro control”, aseguró Diego Santilli. Y deslindó responsabilidades hacia los organizadores por la venta de drogas y la falta de agua: “La organización es responsable de lo que pasa de las puertas hacia adentro”, enfatizó.
Mientras el juez Casanello y el fiscal Delgado avanzaban con la causa penal, las repercusiones políticas no tardaron en llegar. El titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Álvarez Dorrego, – un hombre del círculo más cercano al Jefe de Gobierno – debió concurrir a la Legislatura.
El funcionario remarcó que el organismo a su cargo “cumplió con todas los normativas vigentes”, al realizar las inspecciones correspondientes. Además, apuntó que “los inspectores comprobaron que había agua potable en los baños y dos dispensers”.
Pero según los diputados opositores, el titular de la AGC “dejó más dudas que certezas”. La propia Graciela Ocaña, aliada del oficialismo, sostuvo que “la percepción que todos tenemos es que el Estado no pudo controlar lo que pasó”.
El diputado Gustavo Vera propuso la formación de una comisión investigadora y el jefe de la bancada kirchnerista, Carlos Tomada, pidió que el Jefe de Gobierno concurra a la Legislatura a brindar explicaciones. Mientras tanto, la Legislatura aprobó sin votos en contra un pedido de informes al Ejecutivo.
El hecho de que la fiesta se realizara en Costa Salguero no pasó desapercibido: allí celebró su fiesta de casamiento el presidente Mauricio Macri con Juliana Awada y suele ser “búnker” del PRO en cada elección. Tal como remarcó la diputada Andrea Conde, “parte del problema es que hay personas que están de los dos lados del mostrador, porque controlantes y controlados, Gobierno y empresarios, son los mismos o tienen indudables vínculos.”
Las palabras de la legisladora tenían un claro destinatario: Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, accionista de la empresa que tiene a su cargo la concesión del predio de Costa Salguero.
Al dato se agrega que la compañía paga un canon cien veces menor al del valor de mercado de los terrenos ($ 1,5 por metro cuadrado) y subconcesiona la explotación a otras 23 empresas. Además, la empresa ha sido denunciada por no cumplir con el camino de sirga, a la vera del río, o por la falta de habilitación de los locales subconcesionados.
La propia Polledo explicó en la sesión del pasado 21 de abril que su esposo tiene el 10% de las acciones de Telemetrix, la compañía que logró la concesión de los terrenos durante el gobierno de Carlos Menem, en 1991.
Esa participación – según expresó la diputada – data de “hace más de diez años cuando yo ni soñaba con integrar el PRO”. Asimismo, enfatizó que “cuando venza la concesión en 2021 todo lo que está en el predio pasará a ser de la Ciudad”.
La tragedia de Costa Salguero no es el único tema por el cual se mencionó a Polledo en las últimas semanas: en el marco del escándalo internacional de los “Panamá Papers”, que salpica a varios dirigentes y funcionarios del PRO, se supo que la legisladora aparece como directora y secretaria de la firma Rank International Corporation radicada en Panamá, compañía también presidida por su esposo.
Otro de los miembros del PRO mencionados fue Alejandro “Conejo” Gómez, actual director del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. El funcionario es señalado por muchos como socio en 2Net Producciones de Martín Gontad, pionero de las fiestas electrónicas y uno de los organizadores de la Time Warp, junto a Adrián Conci.
Gómez estuvo procesado por “doble homicidio culposo” tras la muertes en 1999 de dos jóvenes en el recital Buenos Aires Vivo III, realizado en Puerto Madero. Su esposa Viviana Cantoni ocupa actualmente la Subsecretaría de Gestión Cultural (cargo que ocupó Gómez hasta diciembre de 2015), a las órdenes de Darío Lopérfido, justamente el funcionario que llevó al “Conejo Gómez” a la función pública en tiempos del delarruismo.
Tras varios días de silencio, el Jefe de Gobierno anunció finalmente la suspensión de las fiestas electrónicas masivas en la Capital Federal. Además, confirmó el envío a la Legislatura porteña de un proyecto de ley para regular este tipo de eventos, con distribución obligatoria de agua gratuita, ventilación y menor cantidad de gente concentrada por metro cuadrado.
Asimismo, la idea es avanzar en una “política de reducción de daños” para quienes consuman drogas sintéticas, como la que ya existe en otros países del mundo y, desde hace unos días, en la ciudad de Rosario.
El caso repercutió también en la órbita nacional, más aún cuando Macri arribó a la Presidencia con la promesa de “combatir el narcotráfico” entre sus slogans de campaña.
Al respecto, sonaron desafortunadas las declaraciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien se preguntó respecto al ingreso de drogas sintéticas a este tipo de fiestas: “Si la pastillita es tan chica que se guarda en un bolsillo, ¿cómo se controla eso?”.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debe hacer frente a la crisis por la supuesta pasividad en los controles de la Prefectura Naval.
La funcionaria pasó a retiro al Prefecto de la zona Río de la Plata y al jefe del Departamento Narcotráfico y suspendió en sus funciones a 46 miembros de la fuerza de seguridad a su cargo.
A esto se suma el escándalo por una bolsa con pastillas incautado por la Prefectura en la previa de la fiesta y que no fue notificado hasta varias horas después del operativo.
Por todo ello, el bloque de diputados del FPV pidió la concurrencia de Bullrich para brindar explicaciones.
En el proyecto de resolución, los legisladores denunciaron que la ministra “habría intentado interferir en el curso de la investigación acusando a personal del juzgado del Dr. Casanello de indicar a los prefectos que durante la fiesta ‘no se moleste a los chicos’”.