El Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Inmobiliaria Argentina, en conjunto con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, presionan para que no prospere en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Civil vinculado a los alquileres aprobado por unanimidad por el Senado en noviembre del año pasado. La iniciativa es impulsada por el Frente Nacional de Inquilinos.
Por Ignacio Di Toma Mues
El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires aseguró – en un comunicado dirigido a sus matriculados – que lograron frenar en Diputados el proyecto de reforma del Código Civil vinculado a los alquileres aprobado en el Senado por unanimidad en noviembre de 2016.
El vehículo de esta operación es el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, quien presentó su propio proyecto que elimina las principales reivindicaciones del Frente Nacional de Inquilinos.
“La ausencia de reuniones de comisión y la presentación de un proyecto de Ley de Alquileres del diputado Lipovetzky no son más que mecanismos que buscan dilatar y tergiversar la discusión en Diputados, con el objetivo de no tratar ningún proyecto de ley” advirtió Gerardo Muñoz representante de los inquilinos.
Cabe destacar que el proyecto de la Senadora García Larraburu, del Frente para la Victoria, aprobado por unanimidad en noviembre de 2016, contempla entre otros puntos la ampliación de los contratos a 3 años y fija una monto máximo de las comisiones que cobran la inmobiliarias.
En cuanto a los ajustes de los alquileres, el proyecto establece que: “el precio de la locación será reajustado anualmente según el índice de actualización elaborado oficialmente por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC) en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios, promediados en partes iguales”.
Por su parte Lipovetzky propone que los contratos sigan teniendo un plazo de dos años y establece una desgravación impositiva para incentivar la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Finalmente, el 22 de junio, Lipovetzky convocó a una reunión informativa. Participaron diputados de distintos bloques políticos, representantes de los inquilinos, organizaciones sociales, la Cámara Inmobiliaria Argentina y el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Se consideraron distintos proyectos referidos a locaciones urbanas.
“Hoy hay 7 millones de personas que alquilan y sufren la desigualdad con los propietarios y las injusticias de parte de las cámaras inmobiliarias”, aseguró Facundo Di Filippo, ex legislador porteño y representante del Centro de Estudios y Acción por la Igualdad.
“Esta Ley (en referencia a la presentada por Lipovetzky ) tiene puntos positivos, como ser la desgravación impositiva, pero hay que pulirla más” indicó Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, mientras que Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, propuso que se considere “generar incentivos a la oferta para los propietarios y promover garantías a los inquilinos”.
La diputada nacional por la UCR, Karina Banfi, se pronunció en forma negativa sobre la media sanción en el Senado: “No consideramos que el proyecto que viene del Senado reúna las garantías que se necesitan para equilibrar las asimetrías que existen entre inquilinos y propietarios en cada operación” expresó.
En un comunicado de prensa, la Cámara Inmobiliaria Argentina informó que “nuestra entidad vino teniendo reuniones con la comisión antes mencionada, como así también con diputados de todos los bloques políticos, en donde se planteó la conformación de una mesa de diálogo con todos los actores esenciales junto al resto de los implicados para llegar a una ley que tenga el mayor consenso posible”.
Otra es la posición de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados: “En conjunto con el resto de las organizaciones de inquilinos del país, seguiremos impulsando el tratamiento de nuestro proyecto de ley que beneficia a los siete millones de inquilinos del país, no perjudica a los propietarios y solo afecta a un minúsculo pero poderoso grupo de corredores inmobiliarios que quieren seguir fijando las condiciones de vida de millones de personas”.