Es ley la gestión ambiental de pilas en desuso, que serán consideradas residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial. La recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final será responsabilidad de importadores y distribuidores, quienes deberán financiar el plan con control gubernamental.
Las pilas y baterías (recargables o no) en desuso estarán sujetas a un plan de gestión ambiental que deberá ser propuesto, gestionado y financiado por los importadores y distribuidores bajo la fiscalización gubernamental. Este plan contemplará la recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final.
Esta ley, sancionada por la legislatura porteña con 53 votos a favor y 2 abstenciones en la sesión del 12 de julio, tiene como objetivo garantizar la gestión ambiental de pilas en desuso, considerándolas como residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial.
Establece que estarán alcanzados por las disposiciones de esta norma los productores, importadores, distribuidores e intermediarios “por ser responsables de la puesta en el mercado de pilas de uso común dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los comerciantes que en sus locales vendan este producto, deberán poner a disposición espacios adecuados en sus locales a los efectos de funcionar como puntos de recepción de pilas en desuso en caso de ser incluidos en la etapa de disposición inicial y recolección.
Por otra lado especifica que estarán comprendidas todas las pilas de uso común como toda pila o acumulador portátil cuya geometría es asimilable a las definiciones ANSI (American National Standards Institute) cilíndricas AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V, y pilas botón, y agrega “sin perjuicio de toda otra clase de pilas que determine la Autoridad de Aplicación”.
El plan de gestión debe contemplar requisitos mínimos como: informaciones generales sobre el importador/productor; descripción de campañas de comunicación y difusión; ubicación y descripción de los lugares de disposición inicial; cantidad y características técnicas de los contenedores de recepción; condiciones de logística y transporte y tratamiento y/o disposición final del residuo.
Mercedes De las Casas (Vamos Juntos), presidenta de la Comisión de Ambiente, durante el debate señaló: “participaron todos los sectores, incluida la cámara de las pilas” y destacó que se logró una ley sustentable en lo económico, social y ambiental.
El diputado del Frente de izquierda y los trabajadores, Gabriel Solano, planteo la duda acerca de la valorización. Y solicitó agregar un artículo que taxativamente prohíba la termovalorización, cuestión que fue rechazada.
Solano, luego de la sesión, justificó su abstención: “propusimos en la sesión la incorporación de un artículo en la ley que prohibía taxativamente la termo-valorización, así como también la disposición final en rellenos sanitarios de seguridad y el confinamiento en elementos constructivos (como banco de plazas, estatus, vigas), tal como recomienda el INTI. Ante la negativa del bloque oficialista a aceptar este artículo nos abstuvimos”.
Por su parte el legislador Marcelo Depierro, expresó: “no sé hasta qué punto la Ciudad tiene facultad para legislar en algo que la excede. Esto perfectamente podría haber sido una ley nacional y después que cada una de las jurisdicciones la incorporara. Nosotros no tenemos un control total sobre las pilas que ingresan a la Ciudad” y agregó que no todos los importadores de pilas están radicados en la Ciudad.
Aunque votó a favor de la norma, Depierro criticó que la ley no tiene un plan de gestión ambiental propio al plantear que cada productor “tenga que hacer su propio plan, porque después vamos a tener 100 planes distintos planteados por distintas empresas y no vamos a poder hacer la trazabilidad del residuo porque no sabemos si la pila fue comprada en la Ciudad”.