Familiares de víctimas del incendio de Iron Mountain fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Seguridad nacional, los jefes de la Policía Federal y de la Superintendencia de Bomberos luego de conocerse el fallo de Casación. También participaron legisladores del Frente de Todos.
(EBVP) Familiares de víctimas del incendio del depósito de la empresa Iron Mountain fueron recibidos en la sede del Departamento Central de la Policía Federal por el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, y el jefe de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Javier Carella.
Esta reunión se da en el marco del reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Daniel Morin, Eugenio C. Sarrabayrouse y Horacio L. Días que restituyó la calidad de querellantes a los familiares de las víctimas.
En la trágica mañana del 5 de febrero de 2014 el derrumbe de una pared de 10 metros, en la esquina Jovellanos y Quinquela Martín en el barrio de Barracas, sepultó y mató a seis bomberos de la Federal; dos bomberos voluntarios del Cuartel Vuelta de Rocha y dos agentes de Defensa Civil*.
Los familiares habían sido apartados por la Cámara Nacional del Crimen, que todavía no resolvió sobre el procesamiento de los 17 imputados, que fuera dictado por el juez de instrucción en marzo de 2018. Todos responsables del delito de estrago doloso seguido de muerte, 12 de ellos ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad, 4 representantes de la empresa y el encargado de seguridad.
“Esta reunión que hicimos hoy con los familiares, el jefe de la Policía Federal, el superintendente de Bomberos y Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es para afirmar con certeza que el Ministerio de Seguridad y la PFA van a poner a disposición del Poder Judicial todos los elementos que sean necesarios en su búsqueda de verdad y justicia. Es hora de que quede claro cuáles fueron las responsabilidades y puedan redimirse”, aseguró el secretario Nacional Gabriel Fuks.
Fuks, en el mes de febrero de este año, en oportunidad de la audiencia ante la Cámara de Casación, había señalado: “hay que barajar y dar de nuevo, no se entiende cómo la Justicia no llamó a declarar al entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el director de la Agencia de Control Gubernamental, Juan José Gómez Centurión”.
Participaron también los legisladores porteños del bloque del Frente de Todos, Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.
Los funcionarios nacionales y porteños escucharon a Jorge Campos, Gerardo Conesa, Ariel Veliz y Ricardo Martinez, en representación de los diez trabajadores que perdieron la vida durante las tareas de rescate y combate del fuego en el depósito de la filial argentina de Iron Mountain.
“La reunión fue muy productiva y sabemos que contamos con el apoyo de la Policía Federal y sus bomberos. Para nosotros es fundamental que se sepa fue un incendio intencional. Queremos la verdad y el porqué. Queremos justicia y la verdad de porqué nuestros seres queridos no están más con nosotros”, detalló Jorge Campos, padre del bombero Sebastián Campos.
“Vinimos al Ministerio de Seguridad a acompañar a los familiares a esta celebración que es el acto de justicia que, gracias al fallo de Casación, los familiares puedan volver al expediente y sepan qué sucedió con sus seres queridos y qué grado de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al no haber entregado el expediente de habilitación en el cual se permitió el funcionamiento de la planta de Iron Mountain”, concluyó el legislador porteño, Juan Manuel Valdés.
Javier Moral, abogado de las víctimas, sostiene que todas las pruebas periciales demuestran que el incendio fue intencional. En este depósito se guardaban documentos de empresas (una de ellas Sideco Americana de la familia Macri) que estaban siendo investigadas por lavado de dinero por la Unidad de Investigación Financiera, la AFIP y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.