Resultado de la causa por los cuatro apresados en octubre del año pasado durante la represión en el Congreso |
El turco, los venezolanos y el paraguayo fustigados por el Gobierno por haber presuntamente participado de los incidentes en la movilización por la votación del Presupuesto, resultaron sobreseídos. La fiscalía no encontró una sola prueba de que hubieran participado de los delitos por los que los acusaba la policía. Y llamó la atención sobre detenciones “al voleo”. La causa quedó archivada. El Ejecutivo y algunos dirigentes de la oposición optaron por profundizar discurso xenófobo y hasta avanzar con su expulsión del país, pese a lo que prevé la Ley de Migraciones.
Por Gabriel Morini
La votación del Presupuesto 2019, a fines del año pasado, motivó manifestaciones frente al Congreso, con incidentes que derivaron en un operativo policial de represión. El resultado fue que el 24 de octubre, 26 personas resultaron detenidas, acusadas del siempre lábil delito de atentado y resistencia a la autoridad.
Cuatro de ellos, eran extranjeros. Esto disparó uno de los últimos picos de discusión pública que exaltaron la xenofobia y posicionaron al gobierno (y algunos dirigentes del PJ) en un intento por instalar la problemática de la necesaria deportación de quienes delinquen y son extranjeros.
Esperamos deportarlos lo antes posible (Rogelio Frigerio)
Todavía están bajo la Justicia, pero ya hablamos con el director de Migraciones y lo más posible es que sean expulsados del país (Patricia Bullrich)
Espero que los cuatro extranjeros, los dos venezolanos, el paraguayo y el turco ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país (Miguel Ángel Pichetto)
El asunto consumió horas de televisión y centímetros de diarios en discusiones sobre cómo debía implementarse la expulsión de quienes cometieran delitos y no hubieran nacido en territorio nacional.
La novedad de las detenciones era que había un turco, dos venezolanos y un paraguayo entre los detenidos en aquella jornada. Se dijo que podrían ser espías, activistas violentos antiglobalización o experimentados delincuentes con antecedentes.
Pero la realidad fue que a fines de febrero, la justicia pidió que se archive la causa judicial contra todos los detenidos porque a lo largo de la investigación no se encontró prueba alguna sobre la participación de ellos en actos de violencia ni de ningún otro delito durante aquellos incidentes. En otras palabras, nunca debieron haber sido detenidos por la policía, mucho menos acusados por delitos que jamás cometieron.
La saga representó una postal del estado de las discusiones públicas: un determinado episodio dispara elementos negativos de la propia idiosincrasia, fomentada por los medios de comunicación que alientan prejuicios y explicaciones de los hechos incompletas y sesgadas, y culminan con una toma de posición del Gobierno que generalmente apuntala las posiciones más extremas apelando al núcleo duro de votantes y de quienes podrían atraer con leit motiv de mano dura. Código Penal, baja en la edad de imputabilidad, uso del sistema de salud por parte de extranjeros, todos temas que atravesaron el mismo recorrido.
Cuando la causa se archivó no volvió a mencionarse el tema de los incidentes en el Congreso y la infiltración extranjera. Otro tópico lo había reemplazado. Sobre el turco Anil Barán, los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas y el ciudadano paraguayo Luis Fretes cayeron las principales acusaciones por sobre el resto de los 22 detenidos.
Hasta el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio se apuró a sentenciar el destino de los apuntados por el Ministerio de Seguridad porteño. “Buscamos expulsar lo más rápidamente a los extranjeros que ejercieron la violencia”, dijo el ministro, acompañado por la solución que proponía el director de Migraciones, Horacio García, quien solicitaba un juicio abreviado “como solución para expulsarlos”. Quitarles la residencia y expulsarlos fue la postura oficial difundida hasta el cansancio por medios afines.
Sin embargo, a mediados de febrero el fiscal penal contravencional porteño Federico Tropea firmó una resolución taxativa que cerró el caso por ausencia total de pruebas. “No hay ni videos, ni fotos, ni otros elementos que permitan acreditar que estas personas cometieron algún delito. No tiran piedras ni agreden o resisten órdenes. El Centro de Investigaciones Judiciales analizó cientos de horas de filmaciones públicas y privadas en las que no aparece nada. Por eso se decide el archivo por falta de pruebas”, explicó al diario Página12 un funcionario allegado a la investigación.
Tropea presentó los elementos (o la ausencia de ellos) ante la jueza María Tula del Moral. Pero en un sistema acusatorio como el que rige en la Ciudad de Buenos Aires, si la fiscalía que tiene el impulso penal considera que un expediente debe archivarse, esa decisión se mantiene hasta que surjan elementos en contrario.
Citó antecedentes como los ocurridos con la reforma previsional de 2017, donde también hubo manifestaciones que derivaron en incidentes serios, y allí también se comprobó que la mayoría fueron sobreseídos dado que habían sido detenciones al voleo sin criterio sobre quienes estaban y quienes no cometiendo delitos.
El juez federal Sergio Torres había sobreseído a 58 de ellos, y sólo procesó a 11. En la misma resolución señalo que existió arbitrariedad policial en el operativo. Con esta metodología, las primeras pruebas que deben ser recolectadas por la policía porteña no alcanzan a superar el umbral necesario para que investigaciones avancen. Fuentes ligadas a las fuerzas de seguridad indican esto como un síntoma de ausencia de liderazgo y un vía libre que proviene de resoluciones bajadas desde el Poder Ejecutivo a la policía como parte de un discurso punitivista.
Para ello debieron fomentar en el imaginario que los venezolanos integrarían los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro; el turco sería un activista contra el G-20, y el paraguayo formaría parte de un grupo anarquista de Asunción. Nada parecido.
Barán vive en Córdoba con su novia. “Se vino desde La Plata, donde se estaba hospedando porque tenía que hacer un trámite en la embajada de su país. Ese día se levantó, tomó el tren al mediodía y a las dos de la tarde llegó a Constitución. Caminó por Lima y al llegar a San Juan vio las motos de los policías yendo hacía él a escopetazos limpios. Se asustó y dobló por Humberto Primo. Allí otro grupo de uniformados lo detuvo. Anil no entendió por qué.
“Él habla castellano, pero hasta ahí”, relató la abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú.
Algo similar ocurría con los venezolanos que, según medios de ese país, se identificaban incluso con la oposición a Maduro y habían participado de movilizaciones en ese sentido.
Pero todo este contexto era ignorado por la dirigencia política que hizo gala de apresuramientos varios a la hora de manifestarse públicamente. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró durante una entrevista con radio La Red que “el turco y los venezolanos no son ciudadanos argentinos. Justo estaban por vencer sus posibilidades de seguir en el país como turistas. Todavía están bajo la Justicia, pero ya hablamos con el director de Migraciones (Horacio García) y lo más posible es que sean expulsados del país”.
Pero no fue la única. El jefe del bloque peronista en el Senado y precandidato presidencial, Miguel Ángel Pichetto, se mostró a favor de que los extranjeros detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso “estén listos para salir del país”.
“Espero que los cuatro extranjeros, los dos venezolanos, el paraguayo y el turco ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así”, dijo y enseguida aclaró que no tiene “ninguna mirada xenofóbica”, algo que no acompañaba sus propias declaraciones.
Pero ni siquiera la referencia a la Ley de Migraciones pudo sosegar el ímpetu de sostener el discurso ante el extranjero: en esa norma, se prevé todo un procedimiento que funcionarios y Poder Judicial deberían respetar, con condena firme y ponderación de factores de arraigo familiar antes de proceder a una expulsión.
La conclusión es que el Estado perdió tiempo y dinero en tramitar algo sin ningún sentido.