El Gobierno porteño y La Libertad Avanza impulsan una reforma de la Ley de Comunas que propone reducir costos políticos, redefinir competencias y modificar el funcionamiento de los Consejos Consultivos. Mientras sus impulsores hablan de eficiencia y eliminación de estructuras duplicadas, vecinos y comuneros advierten sobre una posible pérdida de autonomía y participación ciudadana.
Por Juan Manuel Castro
El Poder Ejecutivo porteño, en sintonía con el bloque de La Libertad Avanza (LLA), impulsa cambios en la Ley Orgánica de Comunas, a poco más de dos décadas de su sanción y a un año de las elecciones que definirán el recambio de autoridades locales. El proyecto libertario apunta a limitar los fondos destinados a las Comunas y eliminar tareas duplicadas con otros organismos, pero hay vecinos que temen que, en el fondo, se busque centralizar las políticas públicas.
La avanzada legislativa comenzó a articularse durante el presente período de sesiones ordinarias con la presentación de un proyecto por parte de LLA. La iniciativa cobró fuerza tras el rearmado de las comisiones en la Legislatura, donde la diputada libertaria Rebeca Fleitas asumió la presidencia de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, antes ocupada por el peronismo.
Poco después, el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, manifestó que acompaña la idea de realizar cambios estructurales y cuestionó la necesidad de abonar un salario a los siete integrantes de cada Junta Comunal: “Con uno que cobre alcanzaría”, afirmó.
Fruto de esta sintonía, el oficialismo y LLA ya aprobaron la adhesión de la Ciudad al RIGI nacional y la creación de un incentivo a las medianas inversiones locales. Al cierre de esta edición, avanzaban además con iniciativas para endurecer las penas contra los trapitos y una “Ley Hojarasca” porteña, destinada a eliminar normativa obsoleta o modificada.
Ajuste político y restricciones a la participación vecinal
El proyecto de ley fue firmado por la legisladora Pilar Ramírez junto a su bloque e introduce modificaciones sobre la Ley de Comunas (Ley N.º 1.777). El texto establece que únicamente el presidente de la Junta Comunal percibirá una remuneración —equivalente al 60 % del ingreso de un legislador—, mientras que los restantes seis miembros pasarán a desempeñar sus funciones de manera estrictamente ad honorem. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a excluir competencias concurrentes mediante la reglamentación e incorpora la obligatoriedad de un sistema electrónico de control de asistencia para el presidente comunal.
Lejos de limitarse a las Juntas Comunales, el proyecto incorpora un anexo regulatorio obligatorio para los Consejos Consultivos Comunales —las asambleas honorarias integradas por instituciones locales y vecinos—. La norma impone pautas estrictas de funcionamiento interno y crea un Registro Permanente gestionado por la propia Junta Comunal. Para poder inscribirse como consejeros y participar en las comisiones, los vecinos y organizaciones comunitarias deberán acreditar requisitos específicos de residencia en el territorio.
La mirada local: “Son oficinas de atención al público de cercanía”
La repercusión en la Comuna 12 —integrada por Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra— no se hizo esperar. Desde el Consejo Consultivo local expresaron ante este medio una profunda preocupación y señalaron que la reforma propuesta desdibuja el espíritu de descentralización y democracia participativa.
“La Ley N.º 1777 habla de entidades autónomas, pero la realidad es que, al no abrirse la jurisdicción presupuestaria, la Comuna depende siempre de la centralidad del Gobierno. No tienen ningún tipo de autonomía; son oficinas descentralizadas, una atención al público de cercanía”, analiza José Olivo, vecino con histórica participación en el Consejo Consultivo de la Comuna 12.
Respecto de las nuevas restricciones y del funcionamiento asambleario, Olivo advierte que el espacio ya se encuentra condicionado por las dinámicas oficiales: “El Consejo Consultivo hoy está totalmente desdibujado porque las reuniones las convocan ellos directamente y no a través del propio Consejo. Para que funcione bien, se debería ir a las escuelas a explicar qué es esta herramienta, para qué están las Juntas y cuáles son sus competencias. Es un trabajo de concientización que nunca se hizo. No alcanza con invitar a los vecinos cuando tienen un problema, porque vienen una vez por su reclamo y no vuelven más. Los Consejos Consultivos tienen otra finalidad”.
El debate por la autonomía presupuestaria
En el plano institucional de la Comuna 12, las posturas exponen la fractura ideológica en torno al futuro de la descentralización. Pablo Ortiz Maldonado, integrante de la Junta Comunal 12 por el peronismo, manifestó su rechazo a los términos del proyecto oficialista y reclamó el cumplimiento de la normativa vigente.
“En primer lugar, soy de la idea de respetar la Ley N.º 1777: dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada”, enfatizó el comunero.
En un sentido opuesto a la reforma que impulsan el PRO y los libertarios, Ortiz Maldonado argumentó que el camino debe ser el de otorgar mayores facultades a los barrios: “Hay que ampliar la descentralización comunal. Si llega a existir una modificación, debe ser para mejorar las Comunas y no para eliminarlas. En un futuro, las Comunas podrían funcionar de manera parecida a una intendencia, con presupuesto propio y coparticipando el impuesto inmobiliario y el ABL”.
El comunero también se refirió al rol que deberían asumir las autoridades comunales y los espacios vecinales en el mediano plazo: “Necesitamos presidentes de Comuna que actúen como intendentes y no como simples funcionarios del jefe de Gobierno. También deberíamos promover Consejos Consultivos que puedan presentar proyectos reales y realizables, y no los Consejos testimoniales de hoy. Pero, antes que todo, el jefe de Gobierno debería respetar la Constitución y la Ley, cosa que no hace”.
Un giro de paradigma histórico
La actual avanzada de austeridad fiscal y recentralización administrativa impulsada por el PRO y La Libertad Avanza contrasta notablemente con la trayectoria histórica del debate en la Ciudad.
Las bases del sistema se remontan a la Constitución de la Ciudad de 1996, que consagró la democracia participativa como un pilar institucional. Aunque la Ley N.º 1.777 fue sancionada en 2005, su implementación se demoró hasta 2011, cuando se realizó la primera elección de comuneros. Desde entonces, las Comunas operan bajo un régimen de “funciones compartidas” con distintos ministerios, como el de Espacio Público.
La preocupación vecinal excede los límites de la Comuna 12. En las actas de asamblea de otros Consejos Consultivos, como el de la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), ya quedó asentada la alarma ante un tratamiento parlamentario que, según expresaron, “cambia el sentido de la ley”.
Durante la última década, la Legislatura porteña acumuló una larga lista de proyectos de signo opuesto al actual, orientados a otorgar mayor poder y recursos a los barrios. Iniciativas presentadas en 2023 y 2025 buscaban institucionalizar el “Presupuesto Participativo Comunal” para que las asambleas vecinales votaran de forma vinculante las partidas destinadas a obras de infraestructura menor, mantenimiento de calles, bacheo y arbolado de cercanía, evitando que esas decisiones quedaran exclusivamente en manos de los ministerios.
Estas propuestas, que pretendían establecer una matriz presupuestaria propia y automática, nunca consiguieron tratamiento parlamentario, abriendo paso al actual escenario de reforma.
