La Corte Suprema y un fallo estratégico, a medida de Rodríguez Larreta, que restituyó a la Ciudad de Buenos Aires parte de la coparticipación que reclamaba tras el recorte impuesto por la Nación en 2020. Las consecuencias imprevisibles que disparó la sentencia.
Por Fernando Casasco
“De San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades”, cantaba el catalán Joan Manuel Serrat a su muñeca de cartón piedra. En la ventanita que se abrió entre el festejo del campeonato mundial de fútbol y las fiestas de fin de año, llegó la novedad de que la Corte Suprema admitió la cautelar del Gobierno de la Ciudad, comandado por Horacio Rodríguez Larreta, para que se suspenda la aplicación de la ley 27.606 y decidió que se le entregue a la Ciudad Autónoma el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
El tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, interpretó por unanimidad que la norma, así como el decreto previo del presidente Alberto Fernández, reduciendo ese monto del 3,5% a 2,32%, no contaba con el acuerdo del distrito porteño y que “el Estado nacional no puede reducir unilateralmente el nivel de los recursos comprometidos”.
El fallo, aunque muchos habían anticipado que iría en ese sentido, significó una verdadera bomba política. Y como un prisma, mostró una cantidad de facetas de las cuales señalamos algunas a continuación:
Un fallo que no es un fallo. La Corte Suprema resolvió hacer lugar a una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, aunque intentó hacer un equilibrio entre lo que actualmente la Nación le coparticipa al distrito porteño y lo que la administración de Rodríguez Larreta reclamaba.
Entre el 2,32% del decreto de Alberto Fernández o el 1,4% más los fondos para el mantenimiento de la policía dispuesto por la ley 27.066 y el 3,5% que reclamaba la Ciudad que le sea devuelto, surge ese número mágico: 2,95%. Que no tiene un sustento desde la lógica económica, más que la decisión del tribunal de “distribuir” entre la Nación y la Ciudad “la carga de soportar los eventuales perjuicios vinculados con la duración del proceso”.
El amparo de la Ciudad data de diciembre de 2020, al momento de sancionarse la ley. Pese al pedido de celeridad expresado por el gobierno porteño, el máximo tribunal tardó dos años para expedirse al respecto. Pero además dejó para más adelante, con fecha aún a determinar el dictado del fallo sobre la cuestión de fondo. Algunas fuentes adelantaron que esa sentencia podría esperarse para febrero próximo, lo que hace más incomprensible la decisión de otorgar este amparo por solo dos meses.
Unitarios y Federales, recargado. Obviamente, el gobierno porteño y la oposición en general festejaron la resolución de la Corte, destacando que se trataba de “una victoria de la Constitución y el federalismo”, en palabras de Rodríguez Larreta.
El Gobierno nacional se abroqueló junto a catorce gobernadores para afirmar que el fallo es “de imposible cumplimiento” y recusar a los supremos. Finalmente, tras algún amague de rebeldía, admitió la posibilidad de pagar lo resuelto por la Corte mediante bonos, debido a la imposibilidad presupuestaria de recortar fondos de otras áreas para destinarlos a este fin.
Pero, ¿cómo se afecta el federalismo? La Corte Suprema resolvió que «la ley 27.606 genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma». Como consecuencia de ello, la norma «resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo».
La paradoja es que el decreto presidencial de Mauricio Macri en 2016 que aumentó la coparticipación de la Ciudad de 1,4% al 3,75% (luego ajustado en un pacto fiscal a 3,5%) requirió únicamente de un decreto del entonces jefe de Estado y el consentimiento de la ciudad autónoma – ambas gobernadas por el mismo color político -, con el pretexto de la transferencia del servicio de policía con los fondos que debían sostenerlo.
En cambio, si el gobierno nacional quisiera aumentarle (o reducirle) la coparticipación a cualquier otra provincia, ese monto sólo se podría ajustar mediante una nueva ley de coparticipación, que es una ley convenio: además de la aprobación del Congreso de la Nación, requiere ser refrendada por cada una de las legislaturas provinciales.
La Corte, en su jurisprudencia, ha venido poniendo en igualdad de condiciones a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias, algo que es discutido por algunos constitucionalistas. Sin embargo, este fallo no equipara los derechos de la Ciudad autónoma con los de las provincias, sino que incluso la pone por encima, al bastarle para conseguir nuevos fondos una decisión presidencial.
El máximo tribunal aseguró en su fallo que «la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias» porque «la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria» (N. de R.: lo mismo ocurre con Tierra del Fuego, ya que no figuran en la Ley de Coparticipación que data del año 1988).
Lo que el gobierno nacional advierte es que el total de lo que queda de coparticipación en manos nacionales (descontando el pago de deudas y los salarios del personal civil, policial o militar) se vuelca en obras y servicios en el conjunto de las provincias, por lo que la afectación a los otros 23 distritos se lleva a cabo en forma directa o indirecta. Para darle a uno, hay que sacarles a otros.
Para qué sirve la Coparticipación. Cada provincia y la ciudad autónoma cobran sus propios impuestos, a los que se suman la coparticipación de los impuestos que recauda la Nación. La Coparticipación originalmente se ideó con un criterio solidario, en el que provincias con menor actividad económica no fueran discriminadas respecto a las de mayor poder, de manera de equiparar las condiciones de vida y de infraestructura en todo el territorio nacional. La reforma constitucional de 1994 exigía una nueva ley de coparticipación que nunca se llegó a tratar, debido a su complejidad.
Según la presentación del Gobierno de la Ciudad ante la Corte Suprema el recorte unilateral dispuesto por el gobierno nacional derivó en la suspensión y ralentización de obras en subterráneos y obras hidráulicas, el traslado de la cárcel de Devoto, compra de cámaras de seguridad, patrulleros y motos, entre otros gastos. Pero esta enumeración va en contra de la lógica de por qué había sido otorgado el incremento en 2016: solventar el traspaso del servicio de policía desde la Policía Federal a la flamante Policía de la Ciudad.
Y es ese centro de la discusión el que nunca se terminó de aclarar: cuánto debía ser el monto que la Nación debía transferir a la Ciudad por la policía traspasada *. El gobierno porteño se negó a sentarse con el gobierno nacional a la mesa de negociación dispuesta por la misma ley para establecer dicho monto.
“Acá no discutimos cómo ampliamos los subtes, sino quién tiene agua”, graficó el presidente Alberto Fernández durante un discurso en Santiago del Estero al respecto del fallo de la Corte Suprema. Con todo, las transferencias desde el Estado nacional no se reservan únicamente a las provincias más desfavorecidas.
La extensión de la red de agua potable en el AMBA, por ejemplo, está a cargo de la Nación, a través de AYSA, al igual que los servicios concesionados de luz y gas o el transporte público (con excepción del Subte) y el pago de subsidios a las facturas domiciliarias o al boleto de los consumidores de esos servicios, lo cual representa una transferencia indirecta de recursos de la Nación tanto a la Ciudad como a la provincia de Buenos Aires.
Escándalo político-judicial. En medio de esta disputa surgieron nuevas revelaciones de los supuestos chats del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, tras el affaire en el que se vio envuelto por el grupo que viajó a Lago Escondido y que reseñamos en la edición pasada. Esta vez una de las comunicaciones filtradas era la que involucraba al funcionario porteño y a un estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que se plantea la posibilidad de que haya fallos del supremo tribunal que el ministro porteño del área conozca de antemano o en los que tenga participación.
Las sospechas de una connivencia escandalosa entre las máximas autoridades del Poder Judicial, el establishment empresarial y la oposición política (como ya había ocurrido con el fallo sobre la conformación del Consejo de la Magistratura) se volvieron a disparar.
El bloque del Frente de Todos en la Legislatura reclamó la remoción inmediata de D’Alessandro de su cargo y las explicaciones del caso del jefe de Gobierno. El ministro de Justicia y Seguridad volvió a denunciar una operación de espionaje y acusó al kirchnerismo; pero se pidió una licencia a su cargo, para que el escándalo no salpicara y enchastrara al precandidato presidencial Rodríguez Larreta.
Por su parte, el gobierno nacional juntó a once gobernadores en su pedido de juicio político a Rosatti y a los demás miembros de la Corte, proceso que se podría iniciar la segunda quincena de enero en la apertura de las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo nacional prevé un verano agitado con los supremos desfilando por el Congreso, pero admite que no cuenta con los dos tercios de los votos en el recinto para que la acusación prospere.
A su vez, será el Congreso el que deba determinar de dónde se sacarán los fondos para pagarle a la Ciudad lo que establece el fallo del máximo tribunal. Un intríngulis institucional que recalentará los termómetros del verano político y cuyas consecuencias se extenderán a todo el año electoral.