El tira y afloja continúa, Nación y Ciudad enfrentadas ante la Corte por la coparticipación

Coparticipación
El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires siguen discutiendo en el diferendo abierto por los fondos que la Nación destina al distrito porteño. Está en disputa cuál es el enfoque: ¿coparticipación o gastos de los servicios de seguridad? Mientras tanto, sigue siendo un enigma la actitud final de la Corte Suprema.

Por Fernando Casasco

En paralelo al tratamiento en el Congreso nacional del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, se llevó a cabo el pasado 10 de marzo una audiencia “de conciliación” entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, frente a la demanda porteña por los fondos coparticipables que recibe.

El reclamo original se dio por la detracción de dichos fondos del 3,5% que les otorgó por decreto el entonces presidente Mauricio Macri (3,75% originalmente), al 2,3% decidido por el actual mandatario Alberto Fernández en septiembre de 2020. Más tarde, se sumó otra cautelar por inconstitucionalidad presentada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra la sanción de la ley 27.606, promulgada en diciembre de 2020, la que retrotrae la coparticipación recibida por la Ciudad al 1,4% original, a lo que se agrega una suma fija por el traspaso de la policía.

Tras la audiencia frente a la Corte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado de Pedro, aseguró que la decisión de aumentar esos fondos fue tomada de “manera discrecional, arbitraria y unilateral” por el ex mandatario, sin existir una ley de asignación de recursos, tal como establece la Constitución Nacional. El funcionario remarcó varias veces que el objetivo de la medida del presidente Fernández es recuperar “los recursos que Macri quitó a las provincias de manera arbitraria”.

Por su parte, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta subrayó que el gobierno nacional “desconoció los derechos de la Ciudad” e insistió con la visión “federalista” de su reclamo. Yendo a los números fríos, según el cálculo de la administración porteña la Ciudad perderá 122 mil millones de pesos sólo este año, mientras que el cálculo del larretismo ubica el monto retroactivo a percibir en otros 100 mil millones.

En cambio, desde la Nación se observa que, si la transferencia de los fondos se había hecho sin pasar por el Congreso, no corresponde ningún envío de fondos retroactivo más que el establecido en la ley de 2020, la que fijaba un tiempo de negociación entre ambas partes en el que la Ciudad se negó a participar por elegir la vía judicial. Es más, replican que, si la Corte les da la razón, la Ciudad debería ser la que devuelva lo percibido en forma ilegítima entre 2016 y 2020.

Ahora la negociación fue impuesta por la Corte Suprema: les dio a ambas administraciones plazo hasta el 26 de abril para encontrar un punto de acuerdo. Las negociaciones se iniciaron, aunque distan mucho de llegar a un entendimiento. A lo sumo hubo puntos de acuerdo en las formas y periodos de liquidación de los fondos que envíe la Nación a Ciudad.

Es que, en última instancia, la mayoría de los cálculos se hacen en el aire. El Gobierno de la Ciudad explica sus necesidades de financiar los servicios de seguridad, pero en el medio mezcla argumentos ante la opinión pública, al señalar que lo “adeudado” por Nación equivale a la construcción de “x” cantidad de escuelas, o al salario de “y” cantidad de médicos, cuestiones que no ingresan en la discusión.

Por su parte, la Nación remarca que el grave error conceptual fue cometido por el gobierno de Macri al otorgar un guarismo porcentual sin tener en cuenta su aplicación: a valores de 2016, de los 8 mil millones de pesos que estiman de costo del traspaso de los policías y sus servicios a los 17 mil millones efectivamente entregados ese año, hay una amplia distancia que no encuentra justificación y que fue aumentando año a año.

Esos datos jamás se pusieron a disposición del Congreso ni de las provincias, que son las que en definitiva tienen que avalar modificaciones en la distribución de la coparticipación. Se aferran al artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que establece que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.

En ese sentido, el gobierno nacional jugó la que significa su mayor carta política en todo el asunto: el apoyo de la gran mayoría de los gobernadores. Exceptuando a los que integran Juntos por el Cambio y al cordobés Schiaretti, los mandatarios provinciales o sus delegados estuvieron presentes en una reunión en Casa de Gobierno, en la que expresaron su apoyo a la administración encabezada por Alberto Fernández y lo materializaron en declaraciones públicas y en una carta enviada a la Corte.

Asimismo, el ministro De Pedro expresó su voluntad de “federalizar” más la distribución de los fondos para asistir a las necesidades de las provincias: en declaraciones públicas expresó que parte de ese dinero será volcado por el gobierno nacional a la lucha contra el narcotráfico, en especial en tres provincias, Santa Fe, Salta y Misiones. Desde la administración de la Ciudad se afirmó que el gobierno nacional buscó con esto embarrar la cancha en plena negociación.

El apoyo de los gobernadores al gobierno nacional es algo que el jefe de gobierno porteño no deja de tener en cuenta. Rodríguez Larreta logró que sus pares de las provincias opositoras no concurrieran al encuentro, pero tampoco cuenta con su apoyo irrestricto. El jujeño Gerardo Morales es el más enfático en señalar cada vez que puede que “hay que discutir la cuestión federal” y remarca el “injusto” reparto de subsidios entre el Área Metropolitana y el resto del país, con precios en energía o transporte en el norte que cuadruplican o quintuplican lo que se paga en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Por ello, el líder de la UCR reclama una “solución negociada” entre ambas partes y no se pone abiertamente del lado del hombre del PRO.

El jefe de Gobierno entiende también que ese es el único camino, más allá de lo que dictamine la Corte. En plena carrera hacia 2023 y en momentos en que planea su despliegue nacional, a Rodríguez Larreta le implicaría un costo adicional ser etiquetado como el candidato proveniente de una Ciudad que sigue quitándole fondos al resto de las provincias. Pero de todos modos no abandona la disputa en los tribunales, donde cree tener algún paso de ventaja.

En el gobierno nacional desconfían de la actitud de la Corte, con la que tienen el diálogo cortado. Recuerdan el fallo anterior del supremo tribunal en el amparo porteño por la apertura de las escuelas durante la pandemia, que intentó ser ecuánime, pero en los hechos favoreció a la administración de Rodríguez Larreta. Aún más grave institucionalmente para el gobierno de Alberto Fernández significó el fallo que declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura y dio un plazo perentorio para que el organismo retome su composición anterior.

En este marco de tensión desde el Poder Ejecutivo se deslizaron ideas que erizan la piel de los supremos: la ampliación de la Corte con la incorporación de representantes de los poderes judiciales de cada una de las provincias; o la idea que lanzó De Pedro de elegir a los jueces del supremo tribunal por voto popular. De paños fríos, poco y nada.

Hay una posibilidad que complicaría aún más esta situación. Si en el caso del fallo por el Consejo de la Magistratura la Corte intentó retomar el supuesto “espíritu” de la reforma constituyente del 94, algo similar podría ocurrir en el caso de la discusión por la Coparticipación. En su disposición transitoria sexta la Constitución reformada establecía que un nuevo régimen de coparticipación debía quedar establecido “antes de la finalización de 1996”.

Teniendo en cuenta que dos de los cuatro magistrados del supremo tribunal (el presidente Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) fueron constituyentes en aquella ocasión, cabe la posibilidad que el fallo de la Corte incluya el reclamo por esa tan demorada ley. Si las diferencias actuales entre la dirigencia impiden llegar a acuerdos mínimos en la asignación de un punto más o menos para la Ciudad o la suba de dos puntos de retenciones a algunos derivados de la soja, discutir todo el andamiaje del reparto de fondos entre Nación y provincia aparece hoy como una quimera.