El oficialismo porteño buscará mañana, en una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto de la Legislatura local, dar dictamen a 16 convenios urbanísticos que habilitan la construcción de nuevas torres. Una de ellas, de 72 metros de altura, se construirá al lado de una iglesia de la época colonial en una Área de Protección Histórica.
Fotografía: Añeli Pablo (Agencia telam)
Así, estas excepciones al Código Urbanístico, que habilitan 16 nuevas torres en la ciudad de Buenos Aires, podrían quedar listas para ser votadas en el recinto durante la próxima sesión. El Ejecutivo local envió estos proyectos a la Legislatura el lunes pasado, un día después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuyos resultados favorecieron a la fuerza política que gobierna en la Ciudad.
La administración de Rodríguez Larreta firmó estos convenios urbanísticos con varias empresas privadas, entre las que se encuentran PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales, Marby y Nehuente.
Mediante esos acuerdos, el gobierno porteño habilita a las empresas solicitantes a construir, en 16 parcelas de la ciudad, torres que exceden la altura permitida y que llegan hasta los 72 metros. Las parcelas se encuentran en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo y Barracas.
Entre ellas, se destaca una que está ubicada en el barrio de San Nicolás, delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín, ya que es lindera con la iglesia de Santa Catalina, una construcción que data de la época colonial y se encuentra en una zona de alto valor arqueológico.
Allí, la propuesta de la firma Nehuente SRL es construir una torre de 20 pisos y tres subsuelos, en una zona considerada como “un fabuloso yacimiento arqueológico”. Las tareas para concretar esta iniciativa inmobiliaria implican también una serie de trabajos de excavación que podrían afectar a las edificaciones coloniales que permanecen en pie y que fueron declaradas como Monumento Histórico nacional.
Los otros 15 convenios fueron presentados en un mismo proyecto de ley y, al respecto, funcionarios del gobierno porteño informaron ayer que con permitirán habilitar “casi 200.000 metros cuadrados construibles, crear cerca de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y generar contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares”.
El plenario de comisiones para tratar estas iniciativas está prevista para mañana a las 14.30, tendrá modalidad mixta -es decir presencial y virtual- y será transmitida en vivo por los canales de YouTube de la Legislatura porteña.
La legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira presentó hoy un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad sobre “los aspectos técnicos, jurídicos-legales y administrativos” del llamado oficial para la presentación de convenios urbanísticos, que posibilitó el otorgamiento de permisos para la construcción de torres en distintos barrios del distrito.
“La Ciudad tiene un Plan Urbano Ambiental y un Código Urbanístico que definen dónde puede construirse y qué tipo de viviendas. Si bien el Gobierno planteó en un momento que no iba a continuar con la práctica de las excepciones normativas que habilitan construir donde no está previsto, con los convenios urbanísticos se volvió a la misma lógica”, advirtió Neira.
“Los convenios fueron pensados como una herramienta de promoción urbana para propiciar soluciones normativas a cambio de contraprestaciones, que deben tener un nítido interés público. Pero Larreta pone a la Legislatura en un mero rol de gestor de permisos de construcción para grandes desarrollos inmobiliarios, y al Estado porteño en facilitador de esos intereses privados”, sostuvo Neira.
Agregó que “no puede ser que toda la Ciudad hoy se construya en base a excepciones”, sin “estudios de diagnóstico, ni análisis técnicos serios”, es decir sin “planificación”.
Subrayó que “al igual que el proyecto de Costa Urbana, en el ex predio de Boca en Costanera Sur, ninguno de estos convenios urbanísticos se enmarca en una planificación integral de la Ciudad que atienda los intereses colectivos de los vecinos de las diferentes comunas”.