Renunció la procuradora y el gobierno
ya busca reemplazos |
El alejamiento de la jefa de los fiscales, asediada por el Ejecutivo, causas judiciales y presión oficial enfrenta a la Casa Rosada con el dilema de generar un reemplazo que conforme al peronismo. De apuro, ingresó un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que pone en crisis criterios de autonomía para las investigaciones penales. El riesgo de un Caballo de Troya y la danza de nombres para un puesto clave que el macrismo jamás entregó a “extraños”.
Por Gabriel Morini
“Gils Carbó se tiene que ir porque es una militante de un partido político”. Con esa frase, el presidente de la Nación Mauricio Macri puso entre sus primeros objetivos de gobierno desprenderse de la Procuradora General de la Nación, cuando Cambiemos ya asomaba como una opción con chances electorales a mediados de 2015.
Cada vez que se refiriera de allí en adelante a la jefa de los fiscales del país, repetiría la misma muletilla, asegurando que debía dar un paso al costado porque no estaba en condiciones de ocupar ese cargo. Casi dos años después, la primera mujer en ser nombrada en ese puesto por la mayoría del Senado hace cinco años, escribiría su carta de renuncia, que será efectiva a partir del 31 de diciembre próximo.
Cambiemos había ganado las elecciones legislativas y había sido la fuerza más votada a nivel nacional en distritos clave, récord que desde fines del siglo XX solo tenía Raúl Alfonsín, tras el regreso de la democracia.
El Gobierno cosechó así un nuevo triunfo, macerado entre paciencia y una tenaz tarea de arrinconamiento, merced a operaciones de prensa y judiciales, además del habitual declaracionismo de funcionarios que fustigaban todo lo posible su permanencia.
En las segundas líneas de trabajo del Gobierno, la coordinación entre las distintas áreas del Ministerio Público Fiscal con otras dependencias oficiales contrastaba por su cordialidad y corrección. El trabajo estuvo siempre aceitado y nunca corrió riesgos.
Sin embargo, su alejamiento – sorpresivo para algunos – enfrentó a la Casa Rosada con un nuevo desafío: ¿Entregaría Cambiemos al sucesor de Gils Carbó a la oposición, es decir el peronismo? ¿O tendría una carta reservada a último momento para colocar en ese sitial de privilegio a alguien propio?
Los números en el Senado, más allá del triunfo en la estratégica provincia de Buenos Aires, están lejos de permitirle holgura a la hora de negociar con un lastimado PJ.
Necesariamente los senadores más representativos y quien es considerado el CEO de los gobernadores – el rionegrino Miguel Ángel Pichetto – son la única garantía de que un pliego puede pasar el tamiz de su aprobación. Sin embargo, el Gobierno aguarda un truco más del conejo que quedó en la galera.
De la danza de candidatos que comenzaron a sonar tras el anuncio de alejamiento, el Gobierno solo se preocupó de clarificar que una decena de nombres estaban en el escritorio de Macri para ser analizados. Una propuesta en un par de meses, llegaría con un Congreso en traje de baño y de vacaciones y con la feria judicial en ciernes. Habrá que pensar la asunción de un sucesor bien entrado 2018. Los nombres echaron a rodar no incumplen la premisa del saber popular de la política: “El que suena, suena”.
Entre el variopinto grupo que se postula (o auto postula) se cuentan el constitucionalista Alberto García Lema, hombre cercano al PJ que desempeñó funciones de procurador del Tesoro de Carlos Menem y es el favorito del tándem Pichetto y Pedro Guastavino; el procurador salteño Pablo López Viñals, jefe de los fiscales y hombre de los hermanos Urtubey (Juan Manuel, el gobernador, Rodolfo el senador y por qué no, José de la poderosa UIA. Esta entidad firmó dentro del denominado Foro de Convergencia una furiosa solicitada en la cual subrayaron la necesidad de un cambio radical en la justicia). Inés Weinberg de Roca, exjueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, a quien Macri cruzaba en el gimnasio Ocampo Wellness y terminó nominada al Tribunal Superior de Justicia Porteño (TSJ). Sin dudas es su candidata favorita, aunque se duda que pese a los méritos jurídicos, el PJ le preste aval. El TSJ se caracteriza por no haber emitido una sola sentencia que pueda preocupar al Gobierno de la Ciudad en los últimos años.
Atrás de ellos viene un pelotón de fiscales, encabezados por el representante ante Casación, Raúl Pleé. Hombre cercano a la “línea Boca Juniors”, su nombre fue acercado a la selecta mesa de asesores presidenciales por José Torello, poderoso consiglieri de Macri, en sintonía con Daniel “Tano” Angelici, cuyo vuelo bajo el radar permite seguir teniendo algún grado de influencia en la justicia federal (además de la porteña).
Más atrás aún, están los fiscales Ricardo Sáenz y José María Campagnoli. El primero siempre mencionado gracias a su alto perfil público. EL segundo por lo mismo y con la bendición de Elisa Carrió, cuya amiga y principal candidata en territorio bonaerense de la fórmula Cambiemos es la hermana del fiscal de Núñez Saavedra.
Fiscales federales y senadores de la oposición perjuran que son capaces de votar a cualquiera antes que a Campagnoli, hecho que de todas formas no lo deja fuera de carrera.
En la nómina y considerado un “tapado” no se debe dejar de mencionar al excamarista federal y (¿ex?) abogado del Grupo Clarín, Gabriel Cavallo. Sondeado hace meses por un sector del Gobierno es la opción que cuenta con más apoyos en la devaluada liga de jueces federales abroquelada en la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), leáse los jueces considerados por sí mismos como los más poderosos del país. Y, por supuesto, del holding mediático. La lista no está cerrada y puede sumar nuevos nombres en pugna. Todos disputando el trono de la jefatura de los fiscales, un ansiado sitial que quedará en manos del procurador ante la Corte (por ser el más antiguo), Eduardo Casal a partir del 1 de enero de 2018.
Pese a esgrimir el argumento de una supuesta militancia de Gils Carbó en el kirchenrismo, o al menos de comulgar con sus ideas políticas, el Gobierno no se ha caracterizado por entregar ese puesto a alguien externo en ninguna de las administraciones que controla.
En la Ciudad, el macrista Martín Ocampo – que fue legislador PRO – ocupó ese puesto y cuando saltó al ministerio de Justicia y Seguridad, tomó licencia del cargo por lo que no fue cubierto a la espera de su regreso. En la provincia de Buenos Aires, tras la salida de María del Carmen Falbo, la gobernadora María Eugenia Vidal nombró allí al abogado Julio Conte Grand, cuyo inmediato puesto anterior había sido el de Secretario de Legal y Técnica de la gobernación. Antes había sido procurador porteño. Como se ve, nadie fuera del riñón.
En el camino y a pesar de que Gils Carbó en su carta de renuncia había considerado apartarse para que no se modificara la ley del Ministerio Público y no se hiciera daño a la autonomía del organismo, el Gobierno puso quinta y avanzó en el Congreso con una norma que pone de cabeza el actual régimen organizativo.
Con apoyo de los principales senadores del PJ, la UCR y el PRO se firmó un proyecto que modifica el plazo de vigencia en el cargo a 5 años, facilita su nombramiento, por solo 37 votos en el Senado, y también su remoción. Todo por mayorías en ambas Cámaras y no ya la tortuosa vía de juicio político, imposible por el número de voluntades requerido.
También faculta la disolución de todas las Procuradurías creadas por Gils Carbó y la puesta “en comisión” de todos los empleados que hubieran ingresado en los últimos 5 años, algo también polémico.
La certeza de que el Ejecutivo contaba con los apoyos necesarios para aprobar la ley y que habría un fallo en la Cámara Contencioso Administrativo que empujaría a Gils Carbó a la resistencia activa, motivaron su decisión. A ello se sumó una catarata de amenazas que su hija recibió cuando el diario de mayor circulación puso como al descuido el número completo de celular de su hija en el marco de un artículo sobre la causa penal por la compra de un edificio de la Procuración, por la que está procesada. Todo colaboró para que se trazara un plan de salida, jubilándose y despejando el camino para que Macri cumpla con uno de sus máximos anhelos: desplazarla. Pero nadie descarta que la nueva ley sea un caballo de Troya: el Gobierno podría tranquilamente entregarle al PJ el nombre del siguiente procurador, llámese García Lema, cuya edad lo pone a dos años de la jubilación. Y así, conformar al peronismo.
Ya sea que cumpla 75 años y se retire o que Cambiemos cuente con mayorías, la decisión de nombrar a su sucesor ya quedara completamente en sus manos. Será un buen plan de retirada, o incluso, de cara a un segundo mandato, donde la suerte judicial comienza a jugar malas pasadas a los gobernantes.