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Tribunales vecinales: “Facilitarían el acceso a la justicia de manera rápida y eficaz”

Logo El Barrio PueyrredónEntrevista a la legisladora del Frente de Todxs, María Rosa Muiños, sobre los Tribunales de la Vecindad, una obligación establecida en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero desconocida por lxs vecinxs y esquivada por la Legislatura porteña.

Por Agustina Cavalanti

Vecinxs, ¿saben qué son los Tribunales de la Vecindad? ¿Conocen en qué lxs (nos) beneficiaría? ¿Por qué nadie habla de esto? La Justicia Vecinal es una deuda arrastrada por la Ciudad de Buenos Aires hace 25 años. De aplicarse, resolvería conflictos vecinales de menor cuantía, que implicaría hasta un ahorro en los procesos ante la Justicia ordinaria. Sin embargo, poco se comprende sobre esta obligación constitucional que hasta hoy es evitada por la Legislatura porteña.

La legisladora por el Frente de Todxs, actual vicepresidenta del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, integra la Comisión de Justicia. Había presentado en el año 2016 un proyecto de ley para crear la justicia vecinal en el ámbito de las comunas, un asignatura pendiente que mantiene el Estado desde 1996.

El proyecto buscaba saldar esa deuda y mejorar la administración general de justicia local, a través de un procedimiento sencillo, para descongestionar las instancias jurisdiccionales y otorgar un rápido acceso a la justicia. Pero el proyecto se cajoneó.

En una entrevista para El Barrio Villa Pueyrredón, María Rosa Muiños cuenta de qué se trató el proyecto y por qué aún no se consensuó.

– Considerando que la Constitución porteña establece la creación de los “Tribunales de Vecindad” en cada Comuna de la Ciudad, ¿por qué la Legislatura arrastra esa deuda hace 25 años?

– En parte tiene que ver con que la autonomía de la Ciudad fue y es un proceso muy complejo que aún hoy se sigue trabajando, modificando y mejorando. Para dar un ejemplo, la primera elección de juntas comunales se llevó a cabo recién en 2011 y actualmente, diez años después, las comunas aún no cuentan con recursos propios ni pueden confeccionar su propio presupuesto, tal como dicta la Constitución local y la Ley de Comunas (Ley 1.777).

Pero también tiene que ver con la falta de voluntad política del PRO, Cambiemos y hoy devenido en la coalición Vamos Juntos, que gobierna la Ciudad desde 2007 y que jamás mostró interés por empoderar a las Juntas Comunales, que son electas por el voto popular, ni dar a conocer sus facultades o las herramientas de participación ciudadana con las que cuentan los porteños y las porteñas. Por el contrario, se encargaron permanentemente de desestimar todo aquello pertinente a la descentralización del poder central. Hasta nombraron gerentes en cada comuna pasando por encima a los comuneros y comuneras de su propio partido político, electos por sus propios votantes.

– ¿Los Tribunales de Vecindad entran en esa misma lógica?

– Sí. La Constitución de la Ciudad estableció en 1996 la obligación expresa para su creación con el objetivo de descentralizar la Justicia en órganos vecinales con el objetivo de resolver conflictos de menor cuantía, pero el oficialismo no manifestó nunca la intención de llevarlo adelante en el ámbito de las comunas.

– Tu proyecto fue uno de los últimos que se presentó. ¿En qué consistió?

-La Justicia de Vecindad es una herramienta esencial para alcanzar la resolución de los conflictos entre vecinxs, en forma sencilla y ágil. Por eso, presenté en 2016 un proyecto de Ley que propone su creación y se basa en la descentralización de la Justicia con el objetivo de darle celeridad a los trámites. El proyecto intenta mejorar la administración general de Justicia local y prevé un procedimiento simple, que sirve para descongestionar las instancias jurisdiccionales existentes. Pretende brindar una respuesta rápida y eficaz a la resolución de conflictos sobre medianería; locaciones de inmuebles, servicios, obras; contrato de garaje; propiedad horizontal; daños y perjuicios; informaciones sumarias para acreditar convivencia o personas a cargo; entre otras. Además, establece el predominio de las instancias de oralidad para dar mayor celeridad a los reclamos, al determinar la instancia mediante audiencia única.

– ¿Pero se trató en el recinto?

– El proyecto no llegó al recinto y perdió estado parlamentario porque el oficialismo no tuvo voluntad de tratarlo. El Ejecutivo porteño, ya desde que Mauricio Macri era Jefe de Gobierno, nunca se interesó por cumplir lo que establece la Constitución respecto de las cuestiones inherentes a la descentralización del poder central, así como de la Ley de Comunas.

– ¿Qué impide que el proyecto se consensue? ¿Es una cuestión presupuestaria?

– No. Si hay algo que la Ciudad no tiene es problema de recursos porque cuenta con el presupuesto más alto del país. Lo que impide que el proyecto se trate tiene que ver con lo que te decía antes: el Ejecutivo no tiene la voluntad política de dar esta discusión porque desconoce permanentemente a las Comunas y a las Juntas Comunales y todo proceso de descentralización. Es decir, que viola sistemáticamente la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas. Para el Ejecutivo porteño la democracia semidirecta y la participación real de los vecinos y vecinas no es ni fue nunca una prioridad.

– ¿Hay antecedentes de su aplicación en otros distritos, fuera de Ciudad?

– En cuanto a los antecedentes en Argentina, lo más parecido se da en ciertas funciones que albergan los juzgados de paz en algunas jurisdicciones, las cuales se les atribuyen ciertas funciones en la resolución de conflictos menores entre los vecinos y la comunidad. También se podrían encontrar, aunque con una función más de prevenir, gestionar y resolver conflictos de índole vecinal, a la mediación comunitaria que funciona en los centros de acceso a la Justicia, dependientes de Nación y aquellos de índole similar que dependen de las jurisdicciones, pero que, ante la falta de un acuerdo entre las partes, no tienen como función dictar resoluciones de índole imperativas.

– ¿En qué beneficiaría a lxs vecinxs de la Ciudad la creación de los “Tribunales de Vecindad”?

– Los Tribunales de Vecindad facilitarían a lxs vecinxs el acceso a la justicia de manera rápida y eficaz. Darían lugar a una celeridad de los tiempos para una mejor respuesta y solución de los conflictos que antes mencioné. La incorporación de instancias de oralidad también es importante, ya que establece procedimientos simples que facilitan el servicio de Justicia en cercanía de la comunidad en el ámbito de las comunas.

– Siendo tan importante para lxs vecinxs, ¿por qué creés que en general es una temática que se desconoce?

– Es todo parte de lo mismo. Muchxs vecinxs hasta desconocen la existencia de las comunas debido al permanente atropello de su potestad por parte del Gobierno central. Lo mismo ocurre con otras facultades de las comunas como, por ejemplo, el Presupuesto Participativo o los mecanismos de participación ciudadana como la Consulta Popular. La única Consulta Popular que se llevó adelante en la Ciudad, fue para ponerle el nombre a la Comuna 9, que hoy se llama Lisandro de la Torre. Otro caso, es el del Plan Urbano Ambiental (PUA). La Ley del PUA establece que este debe hacerse con planes urbanos ambientales comunales. Este año el Ejecutivo decidió actualizar el Plan, pero evita la participación plena tal como dicta la Ley. Por el contrario, está emitiendo planes generales que después se informan en las comunas, cuando en realidad estos deberían elaborarse desde las comunas. Estas cuestiones se desconocen porque el Ejecutivo porteño no informa a los ciudadanos y ciudadanas acerca de sus derechos. Entonces, en las reuniones de cada comuna, las cuales cuentan con cerca de 200 mil habitantes cada una, sólo participan alrededor de 60 personas.

Tribunales Vecinales, una deuda constitucional