El Palacio Ceci, ubicado en Villa Devoto, de propiedad del Estado porteño, durante ocho décadas fue sede de una escuela de sordomudos, que actualmente funciona en un nuevo edificio en el mismo predio. El Gobierno de la Ciudad licitó la puesta en valor del histórico palacio. La comunidad educativa está en alerta por la posibilidad de que se lo incluya en actividades del Distrito del Vino. Amparo judicial por el cambio de destino.
Por Mateo Lazcano
Luego de meses de relativa calma, recrudeció la tensión en torno al futuro del Palacio Ceci de Villa Devoto. Por un lado, el Gobierno de la Ciudad presentó a mediados de julio el proyecto de “puesta en valor” del lugar que contempla separar el edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 28, Bartolomé Ayrolo, ex Instituto Nacional de Sordomudos, del edificio histórico.
En paralelo, ante el cambio administrativo, al pasar el Palacio Ceci del Ministerio de Educación a la Dirección de Administración de Bienes del Estado, asociaciones de personas sorda, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron una acción de amparo ante la Justicia.
Por su parte, la comunidad de la escuela de sordomudos Bartolomé Ayrolo convocó a un festival de protesta para el sábado 24 de septiembre.
Puesta en valor del Palacio Ceci
El 19 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial porteño el llamado a licitación para la obra de “Puesta en valor y adecuación tecnológica del Palacio Ceci” con un presupuesto de 277 millones de pesos y un plazo de ejecución de diez meses. El 31 de agosto se realizó la apertura de los sobres de ofertas.
“El bien requiere una urgente intervención de rescate y puesta en valor debido a la obsolescencia de sus aislaciones y falta de mantenimiento de sus cerramientos; presenta peligro de desprendimientos en sus fachadas, en particular por el mal estado de conservación de su importante aparato ornamental” se detalla en el pliego de licitación. Cabe destacar que este edificio fue inaugurado en 1913.
En las representaciones gráficas de la obra se muestra cómo quedará el lugar con dos espacios diferenciados, que separan con una reja el edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 28, Bartolomé Ayrolo (ex Instituto Nacional de Sordomudos) y el Palacio Ceci.
Esta novedad impactó negativamente en la comunidad escolar. “La decisión de desligar a esta fracción del Palacio de su función histórica y de no considerarlo parte del patrimonio de la escuela, se vivió y se vive como una sensación de impotencia e indignación. Si bien los funcionarios tienen la autoridad para tomar estas medidas, también deberían considerar el sentido de pertenencia que desarrollan las personas que han pasado por esos edificios. Son generaciones de personas sordas de todo el país”, plantea Lila Sánchez, madre de Manuela, quien asistió durante 10 años a la institución.
Para Lila, este sentimiento de pertenencia no sucede con cualquier edificio. “Es un lugar en el que por primera vez los chicos pudieron unirse como comunidad y tuvieron una escuela pública que les permitió que en ese encuentro crearan su lengua de señas, que es su lengua natural, y que empezaran a crear sus asociaciones. Y por eso poseen como único espacio de memoria, y de la historia de su educación, ese palacio”, manifiesta.
La entrevistada reconoce que la escuela tiene un edificio nuevo, pero, se pregunta. “¿No hay acaso en la Ciudad de Buenos Aires otro edificio que pueda ser destinado para esto (en alusión al Distrito del Vino)? ¿Es justo que la comunidad sorda pierda este espacio histórico y sea sustituida en su patrimonio cultural, lingüístico e identitario?”. Lila en ese sentido hace foco en el ejemplo de otra institución escolar, el Normal N° 1: “hicieron un anexo al edificio histórico de más de un siglo, y conviven ambas, sin que se le haya quitado la parte antigua”.
Lila Sánchez, asimismo, cuestiona que en reiteradas oportunidades en que la comunidad pidió mejoras edilicias para la escuela se argumentaba que no había presupuesto, y para este proyecto “aparecieron 277 millones de pesos”.
“No es una cuestión política, de oposición al Gobierno, como nos dicen, sino moral y ética. Ellos no quieren escuchar, y por eso nos queda seguir reclamando. Esperemos que se prioricen los derechos a la igualdad y a la diversidad cultural”, afirma.
Para potenciar el rechazo, en el marco del Día Nacional de las Personas Sordas (19 de septiembre), la comunidad de la escuela convocó a un festival de protesta el próximo sábado 24 de septiembre frente al Palacio. Será entre las 14 y 19 horas.
Amparo para preservar el destino del Palacio Ceci
En paralelo, se presentó una acción de amparo para que el Palacio Ceci no sea utilizado para el Distrito del Vino u otra actividad del rubro gastronómico. El mismo tiene la firma del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y cuenta con el aval de la Asociación Argentina de Sordos, la Confederación Argentina de Sordomudos, la Asociación Argentina de Sordas y la Unión Argentina de Sordomudos.
El amparo recayó en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 17 y hace foco en el cambio administrativo que tuvo el Palacio Ceci a comienzos de 2022, cuando pasó de la órbita del Ministerio de Educación a la Dirección de Administración de Bienes del Estado. En ese marco, instan a que “se declare la nulidad de todo acto administrativo o de la administración orientado a cambiar el destino histórico y el uso educativo del Palacio Ceci y que el edificio esté destinado con exclusividad a la escuela Ayrolo”.
En diálogo con este periódico, el integrante del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, se refirió al tema. “La presentación judicial está basada principalmente en el cambio de destino del edificio, que pasa de tener un destino educativo a uno productivo-comercial, todavía no muy definido por el Gobierno. A partir de allí surgen las ilegalidades, porque cualquier cambio de destino de público a uso privado, requiere una audiencia pública obligatoria, que no existió”, introduce.
A eso agrega que en esta situación “estamos hablando de una escuela”. “Cuando se toman políticas en relación a la educación, tanto la ley nacional como la de la Ciudad establece que debe haber instancias participativas en la elaboración e implementación de esas políticas”, indica.
Añade también lo que establece la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que determina que los colectivos de personas con discapacidad “deben tener posibilidad de participar activamente en la adopción de decisiones sobre políticas que los afectan directamente, asique hay una gran cobertura para proteger el derecho a la democracia participativa”.
El otro argumento esgrimido por el Observatorio, señala Baldiviezo, es que “el cambio de destino requiere una ley de la Legislatura”. “La expropiación del Palacio Ceci en 1967 se hizo para que sea sede del Instituto Nacional de Sordomudos. Cuando la Nación transfiere el Palacio a la Ciudad, lo hace en el marco de una transferencia educativa, con un destino específico, que acá se incumpliría”.