El tarifazo y sus consecuencias políticas y económicas |
Las tarifas duelen cada vez más. Los sondeos de opinión preocupan al macrismo. La oposición en el Congreso intenta ponerle freno a los incrementos sin límites, mientras el Gobierno nacional deslinda responsabilidades en las provincias y municipios. ¿Quiénes son los ganadores del juego de la energía?
Por Fernando Casasco
Un nubarrón oscuro ensombrece el cielo que hasta ayer parecía diáfano. El celeste que combinaba con el color de las camisas de los funcionarios se convirtió en un gris oscuro, tirando a negro. La economía del país y los cada vez más flacos bolsillos de los ciudadanos complican el aire optimista que se empeña en sostener la comunicación del gobierno de Mauricio Macri.
La situación derivada del aumento general de las tarifas de energía eléctrica, gas y agua golpea las finanzas familiares y genera una baja en la imagen positiva del Presidente de la Nación y de su gestión. Según datos de la consultora Aresco difundidos por el diario La Nación “siete de cada diez valoran mal o muy mal la situación económica”.
Además, un 48% de los consultados señaló a las tarifas de los servicios públicos como el rubro que más complicaciones trae a la hora de las subas en los precios y los gastos del hogar.
Si el aumento de tarifas afecta a todos los hogares argentinos, en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana ese peso es aún mayor: según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2015 y 2017 la electricidad aumentó el 562%, el agua 338% y el gas 223%. Muy por encima de lo que lo hicieron los salarios: en el mismo período los sueldos de los trabajadores registrados del sector privado crecieron sólo el 72%.
Según un informe de la Universidad de Avellaneda en 2015 hacía falta el 6% del salario mínimo para hacer frente a las tarifas de servicios, mientras que en el 2018 la cifra subió al 21%. En la región, la Argentina pasó de estar última en 2015 al tercer puesto en 2018 detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%).
El golpe no tiene en cuenta la escala de ingresos, por fuera de la tarifa social que pagan quienes cobran menos de dos salarios mínimos ($19.500). La clase media y media baja, junto con las pymes, son las más perjudicadas.
Y esto no termina aquí: en lo que resta de 2018 el gas aumentará cerca de un 36% más, mientras que la tarifa de agua subiría otro 40% y la electricidad podría aumentar casi 56%.
Además, los vecinos del área metropolitana deben enfrentar este año los aumentos en transporte público. El incremento gradual llevará el boleto mínimo de colectivo a $10 en junio, mientras que el pasaje para la primera sección de los trenes urbanos tendrá el mes próximo incrementos que van del 62 al 69% – según el ramal – respecto a su valor a principios de año. Ahora se suma el boleto de subte, que pasaría a $12,50 el mes próximo, aunque sobre el cierre de esta edición una jueza hizo lugar a un amparo de diputados del Frente de Izquierda para frenar los incrementos.
El resquemor público generado por los aumentos tarifarios devino en una reacción de parte de la oposición en el Congreso, la que zanjó parte de sus diferencias e intenta llevar adelante proyectos que reviertan o al menos atenúen el golpe a las finanzas familiares.
Las iniciativas van desde retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado hasta otras que proponen reducir el IVA en las boletas y avanzar con aumentos que no superen el incremento de los salarios.
Lejos de retractarse o mostrarse solidario con la población que está sufriendo los incrementos, el Gobierno nacional adelantó que vetaría una norma en ese sentido. Y apenas admitió ante sus aliados radicales la posibilidad de que las boletas que contengan los aumentos más fuertes puedan ser pagadas en cuotas. Eso sí, con los intereses correspondientes.
En el ojo de la tormenta se encuentra el Ministro de Energía Juan José Aranguren, quien continúa adelante con sus planes, diagramados en su ya famosa planilla de Excel y que gozan del absoluto respaldo presidencial. Pese a todo, el obstinado funcionario debió regular en parte su afición a beneficiar a las empresas del sector que comanda: tras la fuerte devaluación del peso de fin de abril y principios de mayo, pidió a las petroleras que suspendan por 60 días el aumento de precios en las naftas, el cual agravaría aún más el fuerte rebrote inflacionario.
En tanto, desde Vaca Muerta, el presidente Macri redobló la apuesta y aseguró que el “tarifazo” es el único camino posible para reducir el monto de los subsidios y el déficit fiscal. Esgrimió el argumento de la falta de energía y la necesidad de hacer un mayor ahorro: para ello comparó el consumo energético argentino con el de los vecinos Chile o Uruguay y lo reducida de la tarifa local. Dos países que, vale aclarar, deben importar la mayoría de los hidrocarburos que consumen.
El Jefe de Estado intentó deslindar responsabilidades en los aumentos de tarifas y descargó parte de ese peso sobre dos actores: el gobierno anterior, al que culpó por mantener artificialmente bajas las boletas de la energía; y los gobiernos provinciales y comunales, por los gravámenes que los distintos distritos cargan en las facturas.
Es allí que aparecen en escena dos de las figuras claves del macrismo: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ambos se mantuvieron firmes en el respeto al libreto diseñado en Casa Rosada, quedó claro que la mandataria provincial tenía más margen de acción que el titular del gobierno local.
Mientras que Vidal anunció la reducción de varios tributos a la energía (algunos de los cuales creó su propia gestión), Larreta apenas pudo admitir la posibilidad de “llevar a cero los Ingresos Brutos al gas y al agua”, única tasa que el Gobierno de la Ciudad carga sobre las boletas de los vecinos. La Legislatura ya dio dictamen favorable y se disponía a aprobar las modificaciones tributarias.
Tan módico anuncio (que sólo rondaría en un beneficio de entre el 3 y el 4% para las tarifas porteñas) debió ser acompañado por la promesa del Jefe de Gobierno de la distribución de 5 millones de bombitas LED en los hogares, lo que posibilitaría -siempre según los cálculos oficiales- un ahorro del 15% en la energía consumida.
He aquí un punto deficitario en el discurso oficial: mientras que se habla de concientizar a la población sobre la necesidad de consumir menos energía, no han existido en los últimos dos años políticas activas de parte del Estado para que los ciudadanos puedan equipar sus casas de modo más eficiente.
Como ejemplo, especialistas señalan que se podría haber dado créditos blandos para el recambio de equipos que utilicen gas o electricidad, así como líneas de financiación para obras de plomería, a fin de evitar pérdidas, o incluso la instalación de paneles solares o vidrios dobles en las ventanas.
Por el contrario, el interés de las autoridades que diseñan las políticas estuvo puesto en reducir los subsidios, invocando el problema del déficit (el cual sería atenuado si no se hubieran eliminado retenciones al agro o a la minería, por ejemplo) y en recomponer las arcas de las empresas del sector.
Según los datos presentados por las compañías en la Bolsa de Comercio, Metrogás ganó en 2017 $774,8 millones, Gas Natural BAN tuvo una utilidad neta de $542,9 millones, Edenor reconoció una ganancia de $691,2 millones, mientras que Edesur mostró (debido a multas impagas) una pérdida de $997,8 millones, aun cuando sus ingresos aumentaron en un 40,6%.
Dos amigos del Presidente se llevaron la frutilla de la torta: la empresa Central Puerto S.A., propiedad de Nicolás Caputo, ganó en 2017 $3.500 millones. En tanto, Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, informó ganancias por $5.576 millones.
Mientras a los argentinos les cuesta cada vez más llegar a fin de mes, los fríos números y no las floridas consignas oficiales muestran a las claras quienes son los ganadores del modelo.