El Gobierno de la Ciudad ocupa en forma ilegal dos predios linderos al parque de la estación ferroviaria de Villa Pueyrredón. Estos terrenos son del dominio del Estado Nacional bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La situación data de 2018, cuando el Presidente de la Nación era Mauricio Macri.
Por Ignacio Di Toma Mues
El predio delimitado por los fondos de las casas que dan a la calle Franco, y las calles Bolivia, Obispo San Alberto y Condarco, está siendo actualmente utilizado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
Mientras que la parcela que delimita con las calles Franco, Condarco y los fondos de los inmuebles del Pasaje Alemania, está ocupada por la Policía de la Ciudad como playa de guarda de vehículos secuestrados con orden judicial. En este lugar estuvo secuestrado judicialmente el vehiculo de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en febrero de 2019.
En ambos predios se produce contaminación del suelo, el hundimiento del terreno por el tránsito vehicular y un posible foco del mosquito transmisor del virus del dengue.
Nicolás Schweigmann, investigador del Conicet y director del Grupo de Estudios de Mosquitos de Ciencias Naturales de la UBA, sostiene que son potenciales focos de criaderos del mosquito Aedes aegypti (que transmite dengue, zika y chikungunya) los lugares – en predios abiertos o en la vía pública – donde se dejan en estado de abandono vehículos o chatarra.
En el caso del predio de Bolivia y San Alberto, el Código Urbanístico no permite el uso para actividades vinculadas a Higiene Urbana, mientras que para el de Condarco y Franco, el uso como “depósito de vehículos sin compactación”, necesita la autorización del Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Ante todas estas irregularidades la autoridad comunal, en cabeza del Presidente de la Junta Comunal 12, no ha tomado medida alguna teniendo el poder de policía que le otorga la Ley de Comunas. Hasta junio de 2019 la Junta la presidió Jorge Roca, por licencia médica lo reemplazó Marcelo Constantino hasta didiembre de ese año y luego lo sucedió Gabriel Borges. Todos ellos de Vamos Juntos.
A esta situación ambiental se suma que los lugares en cuestión son del Estado Nacional. Ante un pedido de información pública que realizó este medio, el 23 de octubre de 2018 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) contestó: “Al respecto llevo a su conocimiento que el predio (Obispo San Alberto, Franco y Estado Plurinacional de Bolivia) corresponde a parte del inmueble identificado en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado como CIE 02-0001203-8 y que no consta en el Registro convenio alguno con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En cuanto al predio utilizado por la Policía de la Ciudad la AABE contestó el 1° de julio de este año: “la Dirección de Asuntos Comunitarios, mediante Nota NO-2020-41126446-APN-DAC#AABE, de fecha 26 de junio de 2020, nos informa que no obran antecedentes en esta Dirección de Asuntos Comunitarios que estén vinculados con acuerdos, convenios o instrumentos similares que hubieren sido suscriptos entre esta Agencia y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del inmueble objeto de la consulta. En el mismo sentido, se pronunció la Dirección de Ejecución de Operaciones mediante NO-2020-41729170- PN-DEO#AABE, de fecha 30 de junio de 2020. Conforme ello, se informa que no obran, en el ámbito de esta Dirección Nacional, Acuerdos, Convenios u otros instrumentos vinculados con el inmueble mencionado ut supra suscriptos con el GCBA”.
Playa de acarreo
Otro punto conflictivo tiene que ver con el futuro emplazamiento de una playa de acarreo de vehículos en infracción con el estacionamiento regulado extendido a los barrios. Aunque Villa Pueyrredón no está por ahora incluida como zona de estacionamiento medido, sí lo está Villa Urquiza, y se necesita tener un lugar de guarda de los vehículos que levantarán las grúas.
El predio que se incluyó en la ley como “playa de remisión” es el de Bolivia y Obispo San Alberto. Unidad Barrial Villa Pueyrredón, integrada por organizaciones culturales, políticas y sociales, junto a vecinos que viven en parcelas linderas al predio, manifestaron su oposición a esta decisión ante los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y del Presidente de la Junta Comunal Jorge Roca, y también en la audiencia pública celebrada en la Legislatura.
Sebastián Perdomo, en ese entonces – año 2018 – coordinador del proyecto de estacionamiento ordenado, reconoció – en una reunión en el Club 17 de Agosto – que el lugar elegido no era el ideal, pero era el único que tenían.
El Código Urbanístico fija que el uso de “playa de remisión” debe recibir la autorización del Consejo del Plan Urbano Ambiental, conformado por funcionarios del Ejecutivo porteño y técnicos profesionales elegidos por el ejecutivo y la legislatura. Cabe destacar que este año el oficialismo no tuvo en cuenta los técnicos propuestos por la segunda minoría legislativa (el bloque del Frente para Todos).
La ley que enuncia los lugares de las once playas de acarreo (o de remisión) de la ciudad, en dos de sus artículos explícitamente cita que serán en predios de dominio y propiedad del Gobierno porteño. Sin embargo, en el caso de Villa Pueyrredón, el inmueble elegido es del Estado Nacional.
Ante la derrota electoral de octubre de 2019, el Gobierno de la Ciudad se apresuró a solucionar esta ocupación ilegal presentando un pedido de concesión a las autoridades que estaban de salida.
Ante un nuevo pedido de información, en enero de este año, las nuevas autoridades del AABE señalaron: “Se informa que bajo el número de Expediente EX-2019-85048243 tramita la solicitud de concesión de uso por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un inmueble del Estado Nacional ubicado sobre la calle Obispo San Alberto, para destinarlo a Playa de Acarreos. En relación al referido expediente se informa que si bien a través del mismo se iniciaron los estudios pertinentes, no se ha avanzado con el trámite correspondiente a dicha solicitud”.
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, debe poner “orden” en este “desorden” implementado durante la gestión macrista. Y la Comuna aplicar su poder de policía.