Hace dos décadas que se realizan actividades comunitarias en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes (Av. Corrientes 6114) en la Comuna 15. Desde allí transmite Radio Asamblea FM 94.1. Un proyecto de ley busca, pese al rechazo de la comunidad, legitimar un traspaso hecho por el macrismo cuando estaba en retirada del Gobierno nacional. El diario La Nación, que integra el consorcio que construyó el Mega Estadio Movistar Arena, detrás de este negocio.
Por Juan Manuel Castro
La “inmobiliaria” estatal porteña sigue activa durante la pandemia. En medio del aislamiento social obligatorio, donde más del 10% de los contagios en el país de coronavirus se concentran en tan solo dos villas porteñas, la Legislatura local encuentra apropiado tratar un proyecto para rezonificar dos terrenos públicos a fin de venderlos y que allí se construyan torres. Uno de ellos es el Triángulo Salguero, en Salguero y la bajada de la Autopista Illia, y el otro es un inmueble ferroviario lindero a la estación Villa Crespo del tren San Martín.
En este último, en la avenida Corrientes 6114, desde hace 20 años está la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, donde se dictan talleres, un centro de jubilados, la cooperativa de consumo responsable La Yumba y donde se reúne Barrios por Memoria y Justicia de Villa Crespo – Chacarita.
También funciona la Radio Asamblea FM 94.1, que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). “Nos negamos a que nos borren del mapa de la ciudad para construir torres”, arengan desde ambas instituciones, en peligro de desalojo ante un proyecto de ley de inminente aprobación definitiva.
Este acuerdo inmobiliario surge el año pasado, tras las elecciones primarias donde quedó manifiesta la derrota del entonces Gobierno nacional a cargo de la alianza Cambiemos.
El entonces presidente Mauricio Macri, en el contexto de la transición entre las primarais de agosto y las elecciones generales de octubre, transfirió los terrenos al Gobierno porteño, quien elaboró en tiempo record un proyecto de ley para rezonificar estas tierras públicas (permitir la construcción de torres) y disponer su remate. El dinero obtenido de las operaciones inmobiliarias se destinaría a distintos programas de Gobierno, como educación, vivienda o algún otro rubro.
El proyecto es de doble lectura. La primera se aprobó el 21 de noviembre de 2019, una de las últimas sesiones ordinarias, con la mayoría absoluta del oficialista Vamos Juntos (34 votos, sobre un total de 60) y el 10 de marzo de este año, a 10 días del aislamiento social, se realizó la audiencia pública. Falta la segunda votación final.
Tras el aislamiento iniciado el 20 de marzo, la Legislatura porteña adoptó una modalidad mixta de sesiones y reuniones de Comisiones (legisladores presentes en el edificio parlamentario de Perú 160 y otros tantos en forma virtual). El 5 de mayo se desarrolló una reunión conjunta de las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, donde hablaron sobre estos terrenos de Villa Crespo.
Así lo reporta un resumen parlamentario: “En un caso, son fracciones de terreno donde estaba la estación Villa Crespo o Parador Chacarita del Ferrocarril San Martín, ahora liberadas porque el tren pasa elevado por un viaducto. A ambos lados de esa nueva estación ferroviaria en altura se permitiría levantar emprendimientos inmobiliarios y desarrollar espacios de uso público”.
En esta reunión se dio el visto bueno para que el proyecto de rezonificación llegue al recinto de sesiones. El oficialista Vamos Juntos al parecer cuenta con votos favorables de bloques aliados.
Ante esta situación, Mini Pérez, integrante de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y de Radio Asamblea, manifestó ante este medio: “Venimos a denunciar el posible desalojo de los locales que ocupan la Asamblea y la Radio, que los ocupan gracias a un comodato firmado primero con la ONABE y luego con la AABE (Agencia de
Administración de Bienes del Estado) en 2004 y 2018 respectivamente (fue un acuerdo donde se garantizó hacer el viaducto del tren San Martín sin desalojar a la Asamblea), con los organismos administradores de bienes del estado a nivel nacional”.
“Este peligro de desalojo es porque los terrenos donde está el local de Corrientes y el viaducto del tren San Martín fueron cedidos por la Nación a la Ciudad apresuradamente cuando el macrismo perdió las elecciones a nivel nacional (en la segunda mitad de 2019). El Gobierno de (el reelecto jefe de Gobierno Horacio Rodríguez) Larreta manifestó que no las precisa, y las rezonifica para hacer torres de 45 metros y venderlas” afirma la integrante de la Asamblea.
“La verdad es que resulta increíble e indignante que en medio de la pandemia están preocupados porque la Legislatura vote la rezonificación y la venta de estas tierras a manos privadas. Estamos en una situación crítica con más contagios de coronavirus, especialmente en villas y geriátricos. Falta agua en los asentamientos, hay que mejorar el sistema de salud”.
“En medio de esta pandemia repensamos la forma en que vivimos. En medio de este hacinamiento de grandes ciudades, el Gobierno porteño piensa construir más torres, más cemento en los barrios de Villa Crespo y la Comuna 15, donde la infraestructura realmente ya no soporta más. La decisión de rezonificar los terrenos y construir torres pareciera estar guiado, no por la salud o el buen vivir, sino por los intereses personales y económicos”, concluye.
La Asamblea y la Radio han recibido apoyos y adhesiones de distintas fuerzas vivas de toda la Ciudad. En ese contexto, las instituciones de Corrientes y el viaducto emitieron una solicitada.
“En parte de ese predio funciona Radio Asamblea FM 94.1, integrante de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias). De aprobarse esta ley estarían desalojando y apagando la emisora popular y el enorme entramado de organización barrial construido desde 2001 por la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. ¿Qué grupo empresario está detrás de este negocio? El diario La Nación, que también integra el consorcio que construyó el Mega Estadio Movistar Arena. Negociados con tierras públicas y exenciones impositivas del gobierno de la Ciudad”.
“De avanzar la Legislatura Porteña con esta ley estarían avalando además el desalojo de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, nacida en 2001. Organización popular que desde hace casi veinte años ininterrumpidamente atiende las necesidades de los sectores más vulnerables y lucha incansablemente por los derechos de les vecinxs”, concluyen.