El Parque, de 60 hectáreas, está cerrado desde el aislamiento obligatorio decretado en marzo del año pasado. El colectivo vecinal “Agronomía Abierta” presiona por la reapertura, con argumentos de salud pública y jurídicos acerca del rol que deberían cumplir las autoridades locales. Una iniciativa legislativa solicita la intervención del Gobierno porteño.
Por Mateo Lazcano
A más de un año del cierre del parque, donde funcionan las Facultades de Agronomía y de Veterinaria, se abre una nueva posibilidad que podría revertir la situación actual. El lugar está cerrado por orden de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Un proyecto de declaración le solicita al Gobierno de la Ciudad que “arbitre las medidas necesarias para habilitar y dar apertura para uso público al predio conocido como Parque Agronomía, de zonificación Urbanización Parque, ubicado en la Comuna 15, debido a la importancia para la salud pública de los espacios verdes y parques en un contexto de pandemia”.
La iniciativa parlamentaria ingresó el 26 de abril con la firma de las legisladoras Laura Velasco, Lucía Cámpora, Claudia Neira y Cecilia Segura, y de Santiago Roberto, integrantes del bloque del Frente de Todos. Espera su tratamiento en la Comisión de “Protección y Uso del Espacio Público” bajo el expediente 1148-D-2021.
El proyecto toma gran parte de los argumentos que dio a conocer a lo largo de estos meses el movimiento vecinal “Agronomía abierta”, que reúne a residentes de Villa del Parque, Barrio Rawson, La Paternal, Parque Chas, Villa Ortuzar, Villa Pueyrredón y Villa Devoto. Para visivilizar el reclamo por la reapertura están realizando campañas en redes sociales y acciones públicas, con reuniones semanales en Avenida San Martín y Nogoyá, la entrada principal al parque.
“Urbanización Parque” y sus alcances
En los fundamentos de la iniciativa parlamentaria los autores destacan que el lugar está considerado como “Urbanización Parque” dentro del Código Urbanístico, es decir, zonas destinadas a ser espacios verdes o “parquizadas de espacio público”.
Jonatan Baldiviezo, titular de la organización no gubernamental “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, explica en detalle los alcances que implica una Urbanización Parque.
“La Constitución de la Ciudad estableció la competencia de la Legislatura para su planificación, dentro de una mirada democrática, y con participación ciudadana. Por eso, tiene competencia para decidir el uso y destino de cada parcela de la Ciudad, sin distinguir si es del Estado porteño, o privada o de entes públicos no estatales. Con independencia de quién es el dueño, la Ciudad tiene la competencia constitucional para ello”.
Este predio de Agronomía desde los años 60 es propiedad de la Universidad de Buenos Aires. “El hecho de que sea Urbanización Parque dentro de la planificación de la Ciudad, significa que tiene que ser un predio de acceso libre al público. No necesariamente ser de dominio de la Ciudad, pero sí de uso público”, enfatiza Baldiviezo.
Para el titular del Observatorio, la Ciudad tiene mandato para intervenir al respecto. Incluso, cuestiona que en estos años se incumplió la orden del Plan Urbano Ambiental, que establece que debe haber “planes de manejo” para los grandes parques como el de Agronomía, y en forma participativa se debe definir su protección y su uso. “Se tendría que haber organizado una instancia del Gobierno, la Comuna, la Universidad y la ciudadanía para esto”, asegura.
“Hay una interpretación estricta o una amplia” dice Baldiviezo. Y detalla: “La Universidad considera que en el lugar se debe aplicar el protocolo interno para sus edificios, que impide durante la pandemia el acceso público. Pero debe compatibilizarse el dominio que tiene del lugar con el mandato que conlleva una Urbanización Parque, que debe garantizar justamente ese acceso libre”.
El proyecto legislativo hace referencia al rol que cumple el parque para la “salud pública”, en tiempos de pandemia. “Los espacios abiertos son no sólo recomendados por autoridades sanitarias, sino también muchas veces utilizados como alternativa para actividades recreativas, deportivas o de reunión social, entre otras” y advierte sobre el déficit de espacios verdes que tiene la Ciudad.
En el distrito capitalino hay cerca de 6 metros cuadrados por habitante, casi una tercera parte de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, el predio de Agronomía por sus dimensiones es considerado el tercer “pulmón verde” de Buenos Aires.
Según las restricciones vigentes, solamente se admiten las reuniones de grupos de hasta 10 personas. Y los últimos fines de semana, con buen tiempo, mostraron gran cantidad de personas en los espacios verdes de la Ciudad. El cierre actual obliga a vecinos y vecinas de la zona a trasladarse a otros espacios verdes, como el parque “Isla de La Paternal”, a las plazas “Aristóbulo del Valle” en Villa del Parque, “Noble” en Parque Chas, o “Martín Rodríguez” en Villa Pueyrredón. De esta manera se produce una saturación en estos lugares.
Por otro lado, quienes están por la reapertura del parque, hacen foco en una cuestión jurídica, y destacan la jurisprudencia dispuesta por el juez Roberto Gallardo, quien sostiene que “con independencia de quién sea el propietario de la tierra, si el inmueble se encuentra dentro de la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar la planificación y la normativa”. Estamos en la disyuntiva de si una entidad pública no estatal, como la UBA, puede ir contra la planificación urbanística del Gobierno porteño.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta se niega a intervenir en este conflicto, asegurando que no tiene jurisdicción para hacerlo. Desde la UBA recalcan que el predio es federal y de su propiedad, según consta en escritura que obra en poder de la Escribanía General del Gobierno Nacional.
En abril pasado, las máximas autoridades de la Facultad de Agronomía habían explicitado en un comunicado las razones por las que sostienen el rechazo a la reapertura.
“Actualmente se desarrollan actividades administrativas, de investigación y académicas presenciales de manera muy restringida y controlada a causa de la pandemia. Por ello, se autorizan y registran individualmente cada uno de los estudiantes, docentes y no docentes de la comunidad investigadora que deben ingresar para realizar tareas esenciales, a quienes se les hace el control de temperatura y se garantiza el cumplimiento del protocolo”, precisaron Marcela Gally y Adriana Kantolic, decana y vicedecana, respectivamente.
Para las académicas, “controlar el ingreso y permanencia de los visitantes al parque resultaría imposible, y sería imposible cumplir con los protocolos aprobados”.