El jefe de gobierno Jorge Macri endurece sus posiciones y establece la prioridad de los habitantes de la ciudad en atención médica y trámites. Las consecuencias no explicitadas del enfrentamiento con la gestión de Axel Kicillof y los reclamos históricos de fondos a la Nación.
Por Fernando Casasco
“No levanten muros, construyan puentes”. Papa Francisco
La postal ya se hace añeja: miles de ciudadanos alemanes derribando a fuerza de mazazos el muro que separaba al medio a la ciudad de Berlín en noviembre de 1989. Rápidamente las imágenes se difundieron a nivel mundial y se convirtieron en el sinónimo del fin del comunismo, mientras comunicadores, analistas e historiadores vaticinaban una era de paz y acuerdo entre las naciones y los pueblos, ahora “libres” del totalitarismo soviético.
Pero la historia, que nunca se detiene, tenía otras intenciones. Desde el fin de la “Guerra Fría” se desataron otras guerras, muchas de ellas sanguinarias y crueles: los Balcanes, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, Irán… y siguen las firmas. Y los muros volvieron a levantarse, como el que el Estado de Israel construyó para estrangular aún más a la Franja de Gaza; o el que, de la mano de Donald Trump, Estados Unidos erigió en zonas de su frontera sur con México, para contener las migraciones.
Pero también hay otros muros invisibles, más sutiles, que se erigen todos los días. A un año exacto del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el primer Papa argentino y latinoamericano, su querida Buenos Aires parece desoír sus plegarias, para volver a instalar las diferencias internas en un país en crisis. El decreto de “Prioridad Porteña”, oficializado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una medida que no sólo redefine quién accede primero a los servicios públicos, sino que ha puesto sobre la mesa la interdependencia estructural de una región – el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) – donde viven 17 millones de personas.
El Decreto 142/26, firmado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, establece que los residentes de la Ciudad tendrán prioridad absoluta para acceder a turnos, vacantes y cualquier servicio en dependencias de la administración pública porteña. Si bien desde marzo de 2025 esta lógica ya se aplicaba de facto en los hospitales públicos, el nuevo decreto le otorga rango formal y la extiende a áreas tan sensibles como la educación y los trámites administrativos generales.
El argumento de las autoridades locales es fiscal y de orden: “La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, sentenció Macri en uno de sus altisonantes posteos en redes sociales. El funcionario subrayó que solo en 2025 la red de salud porteña realizó más de 30 millones de prestaciones, un crecimiento del 30%, mientras que atribuyó a los no residentes gran parte de ese aumento. La medida aclara que no se restringirá el acceso en casos de urgencias o emergencias sanitarias, pero Macri enfatizó que la Ciudad dejará de ser “la prepaga gratuita de ningún extranjero” o bonaerense. El parangón entre los habitantes de otras nacionalidades y los que nacieron o viven a escasas cuadras de la Avenida General Paz deja a las claras el sentido estigmatizante de la medida.
La respuesta del gobierno de Axel Kicillof fue inmediata. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tildó la medida de “fascista y demagoga”, al argumentar que ignora la contribución de los bonaerenses que trabajan y consumen en la Ciudad, sosteniendo gran parte de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos porteño. Se considera que la población porteña, de unos 3 millones de habitantes, a diario se duplica por el ingreso de trabajadores bonaerenses que generan valor en “la ciudad más linda del mundo”, como señala el slogan macrista. Kicillof mismo calificó el planteo como un “razonamiento estúpido”, recordando que durante la pandemia el 17% de los porteños se vacunó en territorio provincial sin que se les pidiera el domicilio.
Las autoridades bonaerenses pusieron el dedo en la llaga de la interdependencia entre ambos territorios: Bianco recordó que, desde 1977, la Ciudad no dispone sus residuos, sino que los envía a predios bonaerenses como el complejo Norte III del CEAMSE, en San Martín. Con una generación de 7.000 toneladas de basura por día (aproximadamente tres estadios Monumentales llenos al año), la Ciudad enfrenta un desafío logístico y ambiental crítico si la Provincia decide cobrar el “pasivo ambiental” o limitar el ingreso de camiones recolectores. “Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos”, desafió el ministro bonaerense.
El enfrentamiento con la provincia más grande del país no se detuvo sólo en dicho decreto. Jorge Macri le exigió formalmente a Kicillof el pago de una deuda superior a los 27.000 millones de pesos por la atención de 2.327 bonaerenses que se encuentran en los centros de inclusión social de la Ciudad. Según el gobierno porteño, el costo mensual por persona asciende a 1.163.135 de pesos, lo que genera un desbalance financiero que la Capital ya no está dispuesta a absorber.
Desde la Provincia acusaron al Jefe de Gobierno de “cinismo total”. Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense – y uno de los dirigentes que busca difundir el “axelismo” en suelo porteño-, señaló que el aumento de la indigencia es consecuencia de las políticas de Javier Milei y que la Ciudad a su vez está expulsando a los sectores más vulnerables debido a la falta de políticas de vivienda y transporte.
Un resquemor aún más histórico entre ambas jurisdicciones es el de la inseguridad. Macri habló de un “desgobierno” en la Provincia y resaltó que, de los últimos 14 efectivos de la Policía de la Ciudad fallecidos en cumplimiento del deber, 13 fueron asesinados en territorio bonaerense mientras se desplazaban hacia sus hogares. Para el gobierno porteño, la falta de control del otro lado de la General Paz expone a sus agentes y deteriora el estilo de vida de los residentes de la Capital. Desde el kirchnerismo provincial se responde que Macri intenta inventar un enemigo externo para tapar su propia desidia en la gestión de una Ciudad que ven “sucia y abandonada”.
Este conflicto se da en el marco de las disputas históricas por coparticipación de ambas jurisdicciones, hoy puestas aún más en la picota por el agresivo ajuste fiscal impuesto por la administración de Milei. Mientras la Ciudad mantiene el tira y afloje para que la Nación le pague en forma automática lo dispuesto por la Corte Suprema en materia de coparticipación – a lo que se agrega una deuda por 4.000 millones de dólares, que se pagaría en bonos -, la Provincia enfatiza que es la más castigada en la materia: aporta el 40% de los impuestos coparticipables, pero recibe apenas el 22% de la masa total de recursos para las provincias. A esto se suma el recorte de varios programas nacionales que implicaban fondos constantes para la siempre delicada situación social bonaerense.
Kicillof concurrió a la Corte Suprema a una audiencia de conciliación con el gobierno nacional en reclamo por 2,3 billones de pesos que la ANSES adeuda a la caja previsional provincial, suspendida por decreto en 2024. Con ocho juicios activos ante el máximo tribunal, que incluyen reclamos por el incentivo docente y subsidios al transporte, la Provincia denuncia un ahogo financiero deliberado por parte del Ejecutivo Nacional.
Obviamente que nada de esto ocurre por fuera de la disputa política electoral. El endurecimiento de Jorge Macri responde a una necesidad de supervivencia y diferenciación. Con la mirada puesta en la reelección en 2027, el Jefe de Gobierno busca mostrarse como un adalid anti-K frente al avance de La Libertad Avanza en el distrito, en busca de retener al electorado tradicional de centro derecha que hoy se siente atraído por el estilo libertario. En la Casa Rosada claramente tienen otros planes.
Para Kicillof, envuelto en la propia dinámica de la interna peronista, el conflicto es una plataforma para consolidarse como el principal referente de la oposición nacional. En encuestas recientes el gobernador bonaerense lidera la imagen positiva, mientras Milei ha caído al sexto lugar en medio de un clima social cada vez más tenso, generado por la acentuada crisis del poder adquisitivo de la mayoría de la población y los escándalos que acumula el elenco estable de la administración libertaria.
El sistema federal quebrado y la imposible autonomía porteña son el telón de fondo de una crisis que trasciende los gobiernos. Mientras CABA y PBA se pelean por quién paga la cuenta de los hospitales y dónde se entierra la basura, los habitantes del AMBA quedan atrapados en una frontera invisible que divide derechos y calidades de vida según el domicilio que figura en el DNI. Las políticas de estado de fondo para soluciones que engloben a toda la región metropolitana siguen siendo una quimera.
